Martes, 6 de diciembre de 2016

| 2016/06/25 00:00

Tributaria versus plebiscito

Los tiempos se podrían complicar para la reforma tributaria que hay que aprobar este año. ¿Cómo resolverá el gobierno el dilema de cuándo presentarla: antes o después del plebiscito?

Aunque no se puede hablar de tiempos ideales en el Congreso para una reforma tributaria, pues se trata de un tema polémico, en esta ocasión el ambiente podría caldearse más que nunca. Foto: Carlos Julio Martínez

Ala presión generada por la urgente necesidad de aprobar la reforma tributaria en el presente año, dada la situación fiscal del país, se agrega una tensión más. Será inevitable que el proyecto sobre impuestos se cruce en el camino con el plebiscito por la paz. Y aunque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, unir los dos temas le agregará a la reforma una complejidad política imposible de desconocer.

La preocupación va en ambos sentidos. También causa inquietud que la reforma tributaria, en la que se discutirá aumento de impuestos, tenga un efecto colateral negativo sobre la actitud de los ciudadanos ante el plebiscito.

El cruce no deseable de estos dos temas fue lo que motivó, principalmente, al gobierno, a comienzos de este año, a posponer la reforma tributaria para la segunda mitad de 2016. El entendido, entonces, era que el plebiscito tendría lugar en el primer semestre, lo que finalmente no sucedió.

Pues bien, lo que la Casa de Nariño quería evitar hace seis meses, pasará ahora. Según las cuentas del gobierno, el plebiscito que refrendará las negociaciones de La Habana se realizará a finales de septiembre, lo que, en estricto sentido, deja dos momentos para presentar la reforma tributaria al Congreso sin entrar en la colisión: al inicio de la legislatura, es decir, a partir del 20 de julio; o en el mes de octubre, lo que significa que llegará como regalo de Navidad.

El tema no es menor. El momento escogido determinará qué clase de reforma se aprobará: si una realmente estructural como prometió el gobierno y pide el sector privado, o una para salir de la urgencia fiscal y evitar que las agencias internacionales le pasen cuenta de cobro al país al revisar a la baja de la calificación de la deuda, lo que posteriormente podría llevar a que Colombia pierda el grado de inversión.

Consultados por esta revista sobre cuál debería ser el momento oportuno para debatir en el Congreso la reforma tributaria, analistas y economistas mostraron opiniones divididas. Para algunos, lo ideal sería presentarla tan pronto arranque el periodo legislativo, lo cual permitiría una discusión amplia y profunda sobre una propuesta integral que equilibre las cargas entre los contribuyentes y a la vez aumente el recaudo, un balance difícil de lograr. Estos sostienen que, al dejarla para el final del año, lo que se lograría sería una aprobación a ‘pupitrazo’, con las consecuencias que esto implica.

Otros, por el contrario, consideran lo más acertado y pragmático dejarla para octubre, en el entendido de que, cuando se trata de impuestos, es mejor no abrir por mucho tiempo el debate, pues se sabe lo que entra pero no lo que sale. Afirman que mientras más se discutan temas tan complejos como los tributarios, que pisan tantos callos, más riesgos se corren y aumenta la probabilidad de no conseguir una buena reforma. Además, sostienen que hacia octubre ya habría pasado el plebiscito –de paso no lo distraería–, y ello motivaría a los congresistas a aprobar una reforma que permita conseguir los recursos necesarios para financiar el actual gasto y el que viene para el posconflicto.

En el gobierno se sabe que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, vería con buenos ojos la opción de presentarla en el arranque de la legislatura. De hecho, ha expresado que octubre le parece muy tarde. Esto tiene sentido pues, si por alguna circunstancia se atrasara el plebiscito, se podría complicar la tributaria y el ministro entiende que no tiene margen de maniobra. Como jefe de la economía conoce los riesgos que corre el país de no pasar la reforma este año. Pero la real dificultad para radicar el proyecto hacia el 20 de julio, es que todavía no hay un borrador definitivo. La Dian viene trabajando en un articulado, pero todavía está muy crudo porque, para empezar, el gobierno no ha definido si acogerá muchos temas de los propuestos por la Comisión Tributaria.

Ahora bien, en todo caso esta no parece ser la posición oficial. También se sabe que el presidente de la República prefiere, primero, metérsela toda al plebiscito y, una vez votado este, llevar la reforma tributaria al Congreso. Santos es consciente de la necesidad de aprobarla este año, pero se la jugaría a que, como otras veces ha ocurrido, se tramite en dos meses, con mensaje de urgencia. De ese modo saldría en plena Navidad, cuando los congresistas se alistan para irse a sus vacaciones y los colombianos están pensando en las festividades de fin de año.

Las claves de la reforma

Además de la complejidad en el manejo de los tiempos políticos, los círculos económicos están preocupados por el contenido de la reforma. El hecho de que el Ministerio de Hacienda no haya fijado una posición oficial frente a las recomendaciones de la comisión de expertos agrega incertidumbre, pues nadie sabe a ciencia cierta qué está dispuesto a defender el gobierno en el Congreso.

Para algunos, el ministro Cárdenas se ha salido por la más fácil al argumentar que este es un insumo más de muchos otros, como los sugeridos por la Ocde y el BID. Sin embargo, se sabe que la Comisión Tributaria incorporó la visión de estos dos organismos que, por lo demás, recomiendan un marco teórico general. El grupo de expertos que convocó el gobierno estudió con juicio, durante un año, los detalles aplicables a Colombia.

El ministro tiene razones para no querer comprometerse. Ha dicho que no va a entrar, con anticipación, en discusiones públicas sobre propuestas puntuales, lo que indica que la posición oficial solo se conocerá cuando esta llegue al Congreso.

Esto no le gusta a muchos que consideran importante saber qué piensa el gobierno sobre temas claves pero polémicos, como aumentar el IVA, gravar dividendos y elevar la tributación para las personas naturales, que son algunas de las ideas contempladas en el informe de la misión.

Y la incertidumbre crece en la medida en que, desde distintos niveles, se escuchan reacciones contra varias propuestas. Por ejemplo, los partidos Liberal, Conservador y el Polo han dicho que no apoyarán un aumento del IVA. Dentro del mismo sector empresarial, que pide a gritos una reforma estructural, también hay división. El comercio y los agricultores no quieren que se incremente el IVA y a otros empresarios les preocupa que pongan los dividendos a tributar.

En todo caso, el país debe ser consciente de que la reforma tributaria es inaplazable. Por un lado, porque el actual gravamen excesivo a las empresas, que invierten y dan empleo, está desviando inversiones hacia otras economías. Se requiere balancear las cargas entre los contribuyentes, pero sin bajar el actual recaudo e incluso pensando en que a futuro este tiene que aumentar.

Esta es una verdad tozuda, porque con la caída de la renta petrolera, el país necesita recomponer los ingresos fiscales para sostener el actual gasto, pero también el posconflicto y los compromisos adquiridos en La Habana.

El exministro Juan Camilo Restrepo llama la atención de la caída en la inversión el próximo año. Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, la inversión contemplada para 2017 bajará a 10 billones de pesos, desde los 16,5 billones que alcanza en 2016. Esto significa un recorte del 39 por ciento. En otras palabras, pasará de representar 1,9 por ciento del PIB en 2016 a 1,1 por ciento en 2017. Cabe anotar que en 2014 alcanzó a ser el 3 por ciento del PIB.

Lo más preocupante es que el Ministerio de Hacienda ha dicho que habrá que recomponer el gasto. Es decir, quitarles a unos para darles a otros, como destapar los pies para tapar la cabeza. “Y ahora arranca el taxímetro de la paz. ¿Con qué van a atender los compromisos?”, se pregunta Restrepo. El director de Fedesarrollo, Leonardo Villar, agrega que los partidos y el Congreso tendrán que escoger si apoyan una reforma que incluya aumento del IVA y otros temas impopulares, o se dan la pela política de que se acaben los programas sociales.

Otro punto que le agrega presión a la urgencia de la reforma es que se vence la transición del Sistema General de Participaciones (SGP), es decir, las transferencias que en buena parte financian la salud y la educación. El país entra en una fase, según la cual, estas crecerán al ritmo de los ingresos corrientes de la Nación. Es decir, si no crecen los impuestos, las transferencias tampoco.

En síntesis, como dice Sergio Clavijo, de la Anif, si el país no hace una reforma tributaria responsable, en la que todos entiendan que tienen que aportar, Colombia no solo perdería su grado de inversión hacia 2018, sino que se estaría entorpeciendo el proceso de paz por cuenta de la inestabilidad macroeconómica.

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