¿REGRESO AL NIDO?

Para ser uno de los tantos decretos que el gobierno expide diariamente, este atrajo más atención de la normal. Y no es para menos. Cuando el presidente Barco firmó el pasado 6 de octubre el decreto 3125 del Ejecutivo, según el cual la nacionalización de las entidades financieras "no modifica la denominación, tipo, régimen legal y naturaleza jurídica de las personas en cuyo capital participan las entidades mencionadas", se alborotó el avispero entre los interesados por la suerte de las compañías nacionalizadas. Aparte de las dificultades mismas del proceso de nacionalización, la entrada del Estado estaba originando serias complicaciones legales. En términos concretos, la expedición del decreto estaba orientada a definir la naturaleza jurídica de la mayoría de las entidades que conformaban el Grupo Grancolombiano. Con la nacionalización en enero de este año del Banco de Colombia, Granfinanciera y otras dos empresas que constituían la base del Grupo la gente empezo a preguntarse si ello implicaba que las compañías en las cuales las nacionalizadas eran socios mayoritarios pasaban a ser del Estado o bien sociedades de economía mixta, en los casos en los cuales la propiedad estaba compartida con particulares. Semejante inquietud creó una especie de limbo jurídico durante los últimos meses, pues compañías como Cine Colombia, Inversiones Bogotá, Granvivienda o Diners Club quedaron un poco a la deriva mientras se aclaraba su situación.
Según el gobierno, ese fue el propósito que orientó la promulgación del decreto 3125 con el cual deben quedar superadas las controversias legales que existían hasta ese momento. El problema, sin embargo, fue la interpretación que algunos observadores le dieron a la medida. Para el columnista de El Espectador, Fabio Castillo, "con esta norma se abren las puertas para el regreso del poder de Jaime Michelsen Uribe, porque implicitamente permite la recuperación del control de buena parte de las 103 sociedades que conforman el Grupo Grancolombiano". En opinión de Castillo, "Michelsen Uribe puede recuperar el control sobre 82 de las 103 sociedades en las cuales las entidades nacionalizadas poseen entre el 50% y el 100% de las acciones".
A pesar de semejante denuncia, la mayoría de las interpretaciones fueron diferentes. Pablo Michelsen Niño, hijo del banquero, señaló que "de todas maneras la discusión no es si quedaron nacionalizadas o no las compañías en las cuales las entidades financieras tenían grandes inversiones, porque todas las empresas industriales y comerciales (del Grupo) están controladas por las que fueron intervenidas". Una opinión similar fue dada por un estudioso del tema, quien pidió permanecer anónimo.
Por lo tanto, al descontar la hipótesis de "el regreso del Aguila", como tituló Fabio Castillo su columna, queda por ver cuáles fueron realmente las motivaciones del decreto. Según varios especialistas consultados por SEMANA, todo tiene que ver con que al conservar la naturaleza jurídica de las entidades en las cuales las compañías nacionalizadas tienen acciones, se está evitando una serie de problemas legales y laborales que son típicos en las empresas en las cuales el Estado tiene intereses. De la misma manera, se explicó que al dejar claro el status legal de esa serie de entidades se facilitan los procesos de venta de las mismas. Como es sabido, Diners Club, Palmeras de la Costa y Palmas Oleaginosas Bucarelia, son sólo algunas de las empresas que están en la lista de ventas que ha circulado el gobierno, ya sea como accionista o como administrador del fideicomiso de las acciones del Grupo. Aunque ya se ha sabido de propuestas de compra, se comenta que el vacío jurídico que existía antes del decreto 3125 impidió que se cerrara cualquier negociación. Ahora, los más optimistas opinan que superado ese escollo, el gobierno conseguirá rápidamente su propósito de vender las empresas estrella del que fuera algún día uno de los grupos privados más importantes del país.