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| 11/12/2001 12:00:00 AM

Remezón de tarifas

Las autoridades buscan impedir que la ineficiencia de los prestadores de servicios públicos se traslade a los usuarios. El acueducto de Bogotá está en la mira.

Que bajen las tarifas de servicios públicos es una noticia que los usuarios, tan acostumbrados a los constantes aumentos, reciben con algo de incredulidad. Pero es lo que podría ocurrir la próxima semana con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab), cuando el gobierno ponga fin a un contrapunteo que lleva varios meses entre la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA), que se propone bajar las tarifas, y la empresa, que se ha opuesto enérgicamente.

La historia comenzó a fines del año pasado cuando la comisión hizo una comparación financiera de las principales empresas de acueducto del país. La de Bogotá sobresalió por ineficiente. El estudio estableció, por ejemplo, que su costo laboral es de 77 millones de pesos por empleado, una cifra que supera en 388 por ciento el promedio del país. Una planta de personal inflexible y una convención colectiva onerosa explican buena parte de la ineficiencia.

Todo esto ha terminado por reflejarse en las tarifas. En la actualidad éstas están, en promedio, 16 por ciento por encima de lo que se cobra en otras ciudades. Pero lo más preocupante era que la empresa estaba proyectando muchos más aumentos para los próximos cuatro años. En los estratos cinco y seis, por ejemplo, la tarifa iba a superar en más de 130 por ciento las de otras ciudades.

Ante esta situación las autoridades decidieron tomar cartas en el asunto. El pasado 11 de junio la CRA expidió una resolución que le pone un techo a las tarifas. Así, en el estrato cuatro —que es la referencia— el cargo fijo deberá bajar en un 45 por ciento. El cobro por metro cúbico no bajará pero en el futuro crecerá mucho menos de lo que estaba estipulado anteriormente.

El argumento de fondo de la comsión es que, además de calcular mal la tarifa, lo que ha hecho el Acueducto de Bogotá es gastarse en funcionamiento buena parte de la plata que debió destinarse a las inversiones. Los directivos de la empresa se defienden. “La compañía sí ha invertido. Para la muestra están las obras por 847.000 millones de pesos que se hicieron durante la administración Peñalosa”, afirma Jairo Rodríguez, gerente encargado. Esto, sin embargo, no es suficiente para la Comisión pues sus estudios indican que con la plata que ha cobrado la empresa ha debido invertir mucho más.

El alcalde Antanas Mockus, naturalmente, se opone a las medidas de la CRA. Más allá de los argumentos técnicos afirma que, en la práctica, la gran sacrificada en adelante sería la inversión en los sectores marginados pues el Distrito no tiene otra forma de financiar las obras. Respecto del tema laboral, afirma que la convención colectiva se vence justo al terminar su mandato, por lo cual es difícil reducir la planta o las prebendas.

La decisión de la CRA todavía no está en firme pues la empresa interpuso un recurso de reposición para tratar de reversarla. El ministro de Desarrollo, Eduardo Pizano, era quien debía resolverlo pero se declaró impedido por haber dado antes declaraciones públicas al respecto. El asunto pasó entonces a manos de Francisco Lloreda, a quien el Presidente designó como ministro ad hoc. Su decisión se conocerá la próxima semana.

Si se llega a ratificar la decisión el mensaje para la Eaab, y de paso para las demás empresas de servicios públicos, sería claro y contundente. No importa cuáles sean las condiciones laborales pactadas con anterioridad o las circunstancias legales y políticas que hacen difícil bajar estos costos, el hecho es que las ineficiencias de las empresas no se podrán seguir trasladando a los usuarios.
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