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| 12/24/2011 12:00:00 AM

A repartir la mermelada

Tras un difícil debate en el Congreso, la Ley de Regalías será una realidad a partir de enero de 2012. Hubo cambios de última hora. El gobierno no tiene todavía el camino despejado.

Después de una maratónica jornada de más de 12 horas, el viernes pasado el Congreso le dio vía libre al proyecto de ley que fija una nueva distribución de los millonarios recursos de las regalías petroleras y mineras, la iniciativa económica más importante de este gobierno.

El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, quien siempre defendió el proyecto con la expresión gráfica de que esta es la mejor manera de distribuir la mermelada sobre toda la tostada, pudo por fin respirar tranquilo. "Este ha sido el día más largo de toda mi vida -dijo el funcionario, quien de forma vehemente le pidió al Congreso aprobar la iniciativa-. Esta no es cualquier ley, de esta se van a acordar en los próximos 20 años. Apruébenla, vótenla, pero no me la dejen sacar por decreto".

Estaba visto que no sería fácil pasar este proyecto en el Congreso, incluso estuvo a punto de hundirse ocho veces en un solo día. Para salvarla hubo que hacer acuerdos de última hora, entre ellos, uno firmado con un grupo de alcaldes que se tomaron la Plaza de Bolívar para bloquear su aprobación.

El acuerdo que calmó los ánimos de los mandatarios locales señala que del total de los recursos del Fondo de Compensación Regional, uno de los cinco que se crea con la nueva ley, se destinará el 30 por ciento para proyectos de impacto local en los municipios más pobres del país. Se estima que 700 poblaciones se beneficiarán con cerca de 600.000 millones de pesos. No se les girará directamente las partidas sino que tendrán que presentar proyectos que serán aprobados por un órgano colegiado conformado por un representante del gobierno nacional, del gobernador y el alcalde de la localidad.

Aunque el proyecto alcanzó a ser aprobado en las plenarias de Cámara y Senado, quedó pendiente para el próximo año su conciliación, un hecho inusual en el trámite de un proyecto de ley. El gobierno y el Congreso encontraron una fórmula salvadora para que entre a regir de manera inmediata. Se creó una subcomisión que redactó un borrador sobre lo aprobado y este texto será sometido a aprobación en marzo de 2012, cuando comience el nuevo periodo de sesiones ordinarias. Entre tanto, durante tres meses, regirá un decreto con fuerza de ley que permite poner en marcha el nuevo esquema.

En este texto de última hora hubo varios ajustes. Con el fin de darles una mayor participación a las regiones, uno de los puntos más controvertidos del proyecto, se decidió ampliar la representatividad de los alcaldes y gobernadores en los comités que aprobarán los proyectos regionales. Para el senador del Partido de la U Roy Barreras, con este cambio ganaron los municipios productores.

Al mismo tiempo, se eliminó un 'mico' que destinaba 100.000 millones de pesos anuales para un fondo de electrificación social que solo beneficiaría a la región caribe. Igualmente, se dejó una partida de 50.000 millones de pesos anuales para la recuperación del río Magdalena a través de Cormagdalena.

La controvertida propuesta de que las regalías también se puedan pagar en especie pasó finalmente, pero solo se podrá hacer con petróleo o carbón, en caso de que el municipio así lo requiera.

¿Adiós a la descentralización?

A partir del primero de enero de 2012 se hará realidad la frase que popularizó Echeverry de repartir la mermelada sobre toda la tostada, con la cual quería decir que los millonarios recursos de las regalías comenzarán a distribuirse más equitativamente en todo el país. Se trata de una 'mermelada' de 8,7 billones de pesos que irán creciendo año tras año por la bonanza petrolera y minera.

Desde el primero de enero todo cambiará. Desaparece el Fondo de Regalías, se crea la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, que será presidida por Planeación Nacional, y nacen varios fondos: para proyectos de ciencia y tecnología, pago de pensiones territoriales, financiar proyectos regionales, y se abre una cuenta en el Banco de la República para ahorrar para los periodos de vacas flacas.

Pero el tortuoso camino de esta reforma no terminó el 16 de diciembre. Todavía falta la aprobación de la conciliación en el Congreso y la otra gran prueba de fuego: que la ratifique la Corte Constitucional. Algunos congresistas señalan que la iniciativa no pasará este filtro por vicios de trámite. Varias regiones productoras que no quedaron satisfechas también le harán mal ambiente.

A pesar del acuerdo firmado, sigue el malestar de los municipios productores, que sienten que les están quitando una gran tajada de los recursos que les pertenecen y que les cambiaron las reglas de juego fijadas en la Constitución de 1991 sobre una mayor descentralización y autonomía.

Esa es la manzana de la discordia. Hasta hoy los recursos provenientes de la explotación minera y petrolera se giraban directamente a los municipios productores y para las demás regiones estaba el Fondo Nacional de Regalías.

Ahora la prioridad son los proyectos financieramente sostenibles y que beneficien a más de una región. Según los críticos, el gobierno quiere echarles mano a estas partidas para hacer grandes obras de infraestructura sin poner plata del presupuesto. Así lo señala el senador del Polo Democrático Jorge Robledo, uno de los principales opositores de la iniciativa y quien insiste en que se está concentrando más el poder en el gobierno y se está dando un golpe a la descentralización.

Gilberto Toro, presidente de la Federación Colombiana de Municipios, asegura que se atenta contra la autonomía de los productores que antes decidían en qué invertir y que ahora tendrán que esperar que les den el visto bueno desde el gobierno central. Toro se pregunta: ¿qué viabilidad financiera pueden tener una escuela o el plan maestro de alcantarillado, que son proyectos vitales para un municipio pero no para el gobierno?

Maritza Martínez, senadora del Meta, el segundo departamento receptor de regalías, cuestionó que el gobierno se haya excedido en el manejo de los recursos. Citó como ejemplo que mientras a los municipios les corresponderá el 9 por ciento de la torta, el gobierno se quedará con el 5 por ciento -alrededor de 500.000 millones de pesos- para el funcionamiento del nuevo sistema, su fiscalización, monitoreo y control.

El gobierno, si bien puede respirar tranquilo pues logró sacar adelante su proyecto económico estrella, no la tendrá tan fácil el próximo año, cuando se estrenará el sistema. Tendrá que demostrar que con este todos los colombianos se beneficiarán, pero esto solo se sabrá cuando se vean las grandes obras y se compruebe que la mermelada sí alcanza para todos y no para unos pocos.
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