REPRIVATIZACION A LA VISTA

Después de cinco años de estar en manos del Estado, la semana pasada, en el marco de la reunión de la Asociación Bancaria de Colombia, se empezaron a dar pasos firmes para lograr la reprivatización de la banca y las entidades financieras. La nacionalización de la banca en 1982, a un costo de 150 mil millones de pesos, pero sin las repercusiones políticas que ha tenido en casos como el peruano, obedeció a la necesidad que tuvo el gobierno de rescatarla de los malos manejos que venía padeciendo y que ponían en peligro la confianza y estabilidad del sector financiero.
La discusión sobre el espinoso tema se abrió acudiendo al modelo seguido en Francia, pero teniendo en claro que la coyuntura colombiana es bien diferente y que de él sólo se espera sacar algunas ideas utiles para el caso actual.
Las primeras aproximaciones al problema dejaron varias cosas en claro: primero, la necesidad de contar con una evaluación real de los aspectos financieros y administrativos de las empresas a nacionalizar; segundo, la necesidad de tomar una decisión que favorezca la distribución de una parte de las acciones entre los trabajadores de la empresa, lo que implica una democratización de las acciones. Por otra parte se estudió la necesidad de que dichas acciones tengan un precio de venga razonable y atractivo, pues de ello depende el ritmo de venta y el que los llamados inversionistas institucionales se comprometan en el proceso.
Con las anteriores medidas se busca, en parte, que los criterios que primen en esas instituciones sean los relacionados con las utilidades y no los burocráticos y políticos. Se considera que si la supervisión está en manos de los múltiples accionistas, dará mejores resultados que si está en manos del gobierno y que la disciplina del mercado financiero conduce a una mayor eficiencia que la introducida por las regulaciones permanentes del Estado. "La propiedad no es la determinante en la eficiencia sino el manejo", afirmó Carlos Caballero, presidente ejecutivo de la Asociación.
El siguiente punto que se trató fue el de los mecanismos que permitan el paso de la propiedad de esas entidades a manos privadas. Para lograrlo se cuenta, por una parte, con la ley 117 de 1985, que señala que la participación del Fondo de Garantías es temporal. Los requisitos para el traspaso serían dos: que la entidad esté saneada y que haya compradores.
Sobre lo primero, Julio Manuel Ayerbe, presidente de la junta directiva de la Asociación manifestó que "no es necesario esperar la recuperación plena de las entidades a las cuales se les han aplicado fórmulas de saneamiento". La venta se haría en "el momento en que se invierta su tendencia negativa". Con relación a los compradores, se tienen dos caminos: por un lado, la apertura a la inversion extranjera directa en el sector financiero, lo que está en camino mediante el proyecto de ley actualmente en trámite en el Congreso, y por otro lado la movilización del ahorro nacional. "Si hay más compradores hay más posibilidades de recuperar los fondos del Estado", terminó resumiendo Leonor Montoya, gerente del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras.
El tema de la democratización del accionariado fue inmediatamente profundizado por Roberto Junguito, ex ministro de Hacienda. El "accionariado popular" debe conducir a tener "una mayor mentalidad de economía de mercado... y que la Bolsa de Valores realmente adquiera una dimensión de mercado de valores", afirmó Junguito. La privatización debe tener sentido político, recalcó, y ello se logra cuando los beneficios económicos inmediatos son para un gran número de personas. Debe encontrarse una respuesta amplia de la sociedad en este sentido. El proceso debe ser gradual y de amplia movilización del ahorro doméstico, con fórmulas imaginativas, pragmáticas y que hagan atractiva la compra de las acciones al mayor número de personas: que sea negocio la compra de acciones.