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| 4/5/1993 12:00:00 AM

Revolcón en la salud

El primer Conpes Social aprobó un sistema de "medicina prepagada" para la población más pobre del país.

Revolcón en la salud Revolcón en la salud
CON 20.000 PESOS ANUALES SE PODRIAN CUbrir la mayor parte de los requerimientos de salud de cada una de las personas más pobres del país. El problema es que la mayoría de esas personas no tienen los 20.000 pesos. Y que la red pública de hospitales y centros de salud, con pocas excepciones, es muy ineficiente y su cobertura deja mucho que desear. Por eso, y a pesar de los esfuerzos que se han hecho en los últimos años para mejorar la oferta de servicios, hay todavia 10 millones de colombianos que no reciben atención oportuna y adecuada a sus requerimientos en materia de salud.
Con ese problema entre manos llegó el ministro de Salud, Juan Luis Londoño, a la primera reunión del llamado Conpes Social, organismo creado a finales de 1992 como parte del proceso de modernización del Estado emprendido por el actual Gobierno.
Y después de varias horas de discusión logró que le aprobaran una propuesta que cambia radicalmente los esquemas de financiación oficial de la salud, y que tiene mucho en común con los sistemas de medicina prepagada que están haciendo carrera en el país entre los sectores de ingresos medios y altos. Con la diferencia de que estos últimos los pagan los particulares y el otro lo pagará el Estado.
El programa, según el Ministro, busca garantizar el acceso de la población más pobre a un paquete básico de servicios de salud, mediante la creación de un conjunto de Empresas Solidarias a las cuales estarían afiliados los usuarios que se encargarán de administrar directamente los recursos del Estado y de contratar los servicios asistenciales con personas o entidades especializadas en la prestación de los mismos. Al igual que se ha hecho con la vivienda y con la educación y siguiendo los principios de lo que se podría llamar un neoliberalismo con rostro social, lo que se quiere es introducir una modalidad de subsidio directo a la demanda que además de garantizar un mínimo de recursos para cada uno de los afiliados, introduzca una sana competencia entre los oferentes de los distintos servicios .
En lugar de construir y dotar un centro de salud en un barrio pobre o en Sección rural, el Gobierno buscará que sus habitantes, con ayuda de un promotor especializado, constituyan a partir de sus propias formas de organización juntas de padres de familia, juntas comunales, juntas de usuarios o cooperativas una empresa que reciba el subsidio del Estado. Y que con ese dinero contrate los servicios asistenciales con la clínica, el centro de salud o el médico que le ofrezca la mejor opción, desde el punto de vista financiero. Con ello, según Londoño no sólo se garantizará una mayor cobertura sino que se promoverá la creación, por parte de los particulares, de entidades cada vez más eficientes en la prestación de los servicios y se romperá el actual problema de falta de incentivos aI personal de salud para localizarse en las zonas más pobres del pais.
Las empresas comunitarias que surjan del proceso tendrán que tener personeria juridica para poder contratar con el Estado, y podrán optar por la modalidad que más se ajuste con su esquema previo de organización: asociaciones sin ánimo de lucro, entidades del sector solidario (precooperativas y cooperativas o asociaciones mutuales) o sociedades anónimas. Cualquiera que sea su naturaleza juridica, sin embargo, deberán cumplir con una larga lista de requisitos legales, administrativos y técnicos establecidos por el Ministerio de Salud para estar en capacidad de recibir los recursos del Estado. Y para ello tendrán que asesorarse, al menos en su etapa inicial, de un profesional que haga las veces de gestor, o de una organización no gubernamental con experiencia en organización comunitaria que les sirva de "partera".
En cuanto a su tamaño, el Gobierno piensa que cada empresa podría afiliar entre 200 y 1.000 familias en el área rural y entre 2.000 y 5.000 familias en el área urbana. Aunque sabe que al final el tamaño de cada una de ellas dependerá del tamaño de la respectiva comunidad. En ningún caso, sin embargo, el Ministerio aceptará la constitución de empresas que no ofrezcan una escala mínima que permita garantizar la inversión y cubrir los costos de operación y administración en una forma sostenible. Porque si bien las empresas manejarán recursos del Estado, sólo una mínima parte de éstos podrá destinarse a gastos administrativos. El resto tendrá que provenir de los aportes que haga la misma comunidad, ya sea con una cuota de afiliación o con la compra de una acción o participación en la empresa.

LA OPERACION DEL SISTEMA
Una de las características más importantes del nuevo sistema según el ministro Londoño, es que permite hacer efectiva la descentralización en la prestación de los servicios de salud. Porque si en un principio el Gobierno Central y en particular el propio Ministerio cargarán con casi todo el peso de la financiación de las Empresas Solidarias de Salud, a mediano plazo la responsabilidad recaerá en los departamentos, distritos y municipios escogidos para impulsar el programa. De acuerdo con el documento aprobado por el Conpes Social, "los entes territoriales asumirán gradualmente la financiación de este subsidio, con cargo a las mayores transferencias de inversión social, de forma que al final de cuatro o cinco años sufinanciación sea casi completamente local". Al principio, sólo cofinanciarán el 20 por ciento de los costos.
Desde un comienzo, sin embargo, los distritos y los municipios serán los encargados de la ejecución de los proyectos en sus respectivas localidades. Ellos serán los encargados de identificar a las comunidades beneficiarias siguiendo un conjunto de criterios relacionados con los índices de necesidades básicas insatisfechas de cada región, de promover y fortalecer las organizaciones comunitarias y de impulsar la formulación de los correspondientes proyectos. Las seccionales de salud actuarán como intermediarias entre la nación y los municipios, y serán las encargadas de enviar las propuestas para su estudio y evaluación por parte del Ministerio de Salud.
Una vez aprobadas estas últimas, la nación girará sus recursos de cofinanciación, a través de una fiducia, para que sean los propios entes territoriales los que transfieran los recursos a las Empresas Solidarias de Salud.
El programa contará con una serie de instrumentos de seguimientos de control que permitirán monitorear los avances en su ejecución y el impacto sobre el nivel de salud y la organización institucional de las comunidades beneficiarias. Y también en ese campo la responsabilidad recaera fundamentalmente sobre los entes territoriales. El programa, según el Ministro, ha sido diseñado para que su control pueda ser ejercido, en realidad, por las propias comunidades. Pero los municipios, como responsables de la ejecución de los proyectos, deberán apoyar y reforzar dichos controles.
Y las correspondientes seccionales de salud tendran que responder por el seguimiento, supervisión y evaluación de las Empresas aprobadas por el Ministerio.
Sin que ello implique, de ninguna manera, que éste último se desentienda del control. Su idea, por el contrario, es realizar con frecuencia encuestas aleatorias para evaluar la ejecución de algunos proyectos.
Con respecto a las metas, el Gobierno es consciente de que la organización completa del sistema de Empresas y el surgimiento de los operadores encargados de prestar los servicios de salud sólo podrá lograrse en el mediano plazo. Para 1993, sin embargo, tiene diseñado un esquema que le permitirá desarrollar entre 60 y 80 proyectos y llegar con ellos, por lo menos, a un millón de personas. Para lograrlo, cuenta con una apropiación presupuestal de 20.000 millones de pesos. A partir de 1994,"el éxito del programa dependerá, fundamentalmente según el documento Conpes del componente de salud del proyecto sobre Seguridad Social presentado por el Gobierno al Congreso en el segundo semestre del año anterior.
El Ministro solicitó financiación anual de 150.000 millones de pesos, con lo cual se alcanzaría a cubrir con el programa entre siete y ocho millones de colombianos pobres y con pobre acceso a los servicios de salud ".
De lograrse tales objetivos, el programa de las Empresas Solidarias de Salud podría convertirse en uno de los proyectos de mostrar de la actual administración. Falta ver si la pobreza institucional que caracteriza al país y la falta de una cultura organizativa y solidaria no dan al traste con la intención del Ministro de llevar "el revolcón" a un sector que se había caracterizado por la falta de propuestas imaginativas para la solución de uno de los problemas que más apremia a los colombianos: la salud.

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