RIESGO NEGRO

EL LUNES PASADO, LA CORte Suprema de Justicia recibió algo parecido a una papa caliente. Varios funcionarios de la Occidental de Colombia llegaron a la Sala Penal para apelar la decisión del tribunal de Bogotá que falló una tutela en su contra en relación con la licencia ambiental para iniciar los trabajos de sísmica en el contrato petrolero de Samoré en el departamento de Arauca, donde habita la población indígena U'wa. Era sin duda un proceso complejo el que llegaba a sus estrados, por cuanto no sólo ha generado discusiones entre la multinacional y la Defensoría del Pueblo -entidad que interpuso la tutela-, sino también ha suscitado discusiones en el seno del mismo gobierno.
Ese fue un capítulo más del proceso que comenzó hace cerca de seis meses, cuando el senador indígena Lorenzo Muelas le solicitó al defensor del pueblo que estudiara el tema de la licencia, por considerar que la comunidad indígena había sido engañada. Se refería a un requisito que exige la ley en el sentido de que si un proyecto involucra a alguna comunidad indígena ésta debe ser consultada. En concepto del congresista, aunque la Oxy sí hizo una reunión formal con los indígenas ésta fue insuficiente. La Defensoría procedió a diseñar un plan de acción en contra de la licencia ambiental, que había sido expedida el 3 de febrero. El plan comprendía, entre otras cosas, la solicitud de revocatoria de la licencia ante el Consejo de Estado -el cual consideró que no había "violación manifiesta" de los derechos de los indígenas- y una acción de tutela, que fue fallada en contra de la Oxy y el Ministerio del Medio Ambiente.
El defensor del pueblo, Jaime Córdoba Triviño, le dijo a SEMANA que había recibido "una solicitud de la propia comunidad para defender los derechos que consideraba amenazados. El Tribunal de Bogotá demostró que aunque sí se hizo una consulta, ésta fue insuficiente, lo que equivale a decir que no se hizo". La Oxy, sin embargo, tiene una versión distinta de los hechos. Funcionarios de la multinacional consultados por SEMANA dicen que desde abril de 1993 han realizado 33 reuniones con los indígenas U'wa, la última de las cuales -que es la que exige la ley para expedir la licencia- contó con la presencia de funcionarios del Ministerio de Minas, Ecopetrol, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Gobierno, los indígenas y la Oxy. "Incluso, los indígenas hicieron una asamblea previa y escogieron 45 voceros para que hubiera representatividad. Además, después de la reunión se discutió con los asistentes si con esto llenaban los requisitos de consulta que exigía la ley, y todos dijeron que sí", afirmó un funcionario de la Oxy. La petrolera pidió entonces la licencia y luego inició los trabajos de sísmica en zonas distintas a la del resguardo indígena -ver mapa- pues a éste lugar aspiraban a llegar en noviembre.
Según el defensor del pueblo, lo que ocurre es que en la reunión se planteó la posibilidad de hacer modificaciones, para lo cual se convocaba a una segunda sesión en febrero, pero ésta no se hizo pues ya había sido expedida la licencia.
Pero más allá de la polémica que se ha desatado alrededor del tema, lo cierto es que situaciones como esta generan un mal clima en el país. Como afirmó el ministro de Minas y Energía, Rodrigo Villamizar, en una carta enviada a su colega de Gobierno, Horacio Serpa, el 15 de septiembre, "constituyen un mal precedente para la política petrolera del país, toda vez que aleja la inversión extranjera indispensable para su desarrollo". Y es que pensar en la posibilidad de que, una vez expedida la licencia ambiental, una acción de tutela pueda de repente tumbarla cuando ya se han iniciado los trabajos pone en jaque la decisión de los inversionistas de meterse en proyectos de infraestructura. De ahí que la decisión sea una papa caliente, pues además de la obligación de proteger a los indígenas, no se puede descuidar la inversión extranjera.-