Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 1994/10/03 00:00

RIO REVUELTO

Las discrepancias en torno de las primeras decisiones del gobierno han generado confusión e inquietud entre los partidarios de la apertura, sobre el rumbo de la economía.

RIO REVUELTO

LA ESCENA EN LA COMISION TERCERA DEL Senado parecía sacada de una de esas películas de Hollywood. En el estrado y en el banquillo caras adustas, ceños fruncidos, gestos de preocupación. Detrás de la cerca de madera, decenas de periodistas, cámaras, grabadoras y curiosos, muchos curiosos. De esos que van sólo detrás de la multitud y el alboroto. Parecía, en fin, que Perry Mason se hubiera tomado la sala.

Casi. Pero no se trataba del legendario abogado, sino de Perry... Guillermo, hablando sobre el tema de la economía colombiana.

En efecto, el nuevo Minhacienda había sido citado por el senador Juan Camilo Restrepo para que respondiera a un formulario, en compañía de los demás miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. Se trataba de hacer un ejercicio que permitiera dar más luces sobre lo que piensa el nuevo gobierno en materia económica.

Y la inquietud era justificada. Al cabo de sus tres primeras semanas, la administración Samper estaba generando más preguntas que respuestas en este campo. Como lo afirmó el diario El Tiempo, en su editorial del martes 30 de agosto: "la verdad es que entre los agentes económicos ha surgido cierta incertidumbre sobre el rumbo de la política económica".

La causa de esa situación han sido las medidas y decisiones tomadas tanto en el seno del Conpes, como en la Junta Directiva del Banco de la República. Estas constituyen apenas el primer paso de una estrategia global que debe conocerse cuando se presente el Plan de Desarrollo ante el Congreso en noviembre, de acuerdo con el mandato constitucional. Y por ser, precisamente, los primeros pasos, son pocos los que han podido descifrar el rumbo.

De tal manera que la confusión está a la orden del día y los rumores abundan.

Lo curioso es que todo esto ocurre al tiempo en que los indicadores son, en su mayoría, positivos. El crecimiento de la producción debe superar fácilmente el 5 por ciento al cierre del año, la tasa más alta de la década. La inflación sigue descendiendo, y su acumulado del 16.8 por ciento al finalizar agosto es inferior en 0.24 puntos al de 1993. Los precios internacionales del café y del petróleo siguen firmes, y en el caso del primero han permitido hacer reajustes importantes en el precio interno. En esas circunstancias, que envidiarían muchos países, cabe preguntarse ¿entonces, qué está pasando?

La respuesta es simple: por ahora, no mucho. Sin embargo, ha comenzado a hacer carrera una interpretación de los hechos que afirma que a la economía colombiana le está sobrando vigor. Tanto, que corre el peligro de recalentarse. Y ese recalentamiento podría conducir a un escenario poco deseable: más inflación, más revaluación y un estancamiento serio de la actividad económica. Dicho diagnóstico es compartido en general por el gobierno, por la Junta del Banco de la República y por los principales analistas. Según éste, el problema de Colombia es que la demanda de toda la economía -gobierno, empresas y hogares- ha venido creciendo demasiado rápido. En 1992 y 1993 lo hizo a tasas cercanas al 10 por ciento anual, lo cual explica que al tiempo que la producción nacional repuntó, también se pudiera absorber el aumento en las importaciones, cercano al 50 por ciento anual durante esos años.

Y aunque un ritmo de crecimiento como el observado no es necesariamente malo, las preocupaciones se intensificaron cuando se registró cómo, durante la primera mitad de este año, esa tendencia continuó. Por el lado del sector público, el ministro Perry ha observado que la administración saliente incrementó los giros de tesorería en un 72 por ciento entre enero y julio. Por el lado privado, el aumento de la cartera de crédito del sistema financiero se mantuvo en niveles cercanos al 50 por ciento, con un énfasis particular en el crédito de consumo. Así mismo, el diferencial de tasas de interés internas y externas ha precipitado una subida sustancial del endeudamiento externo privado, el cual se estima en más de 4.000 millones de dólares.

Ambas circunstancias reunidas son las que, según los especialistas, explican por qué la inflación no ha disminuido más rápido y, lo que es más angustioso, por qué la tasa de cambio se mantiene prácticamente estable. En efecto, el precio del dólar ha estado constante desde hace tiempo, comprometiendo seriamente la competitividad de los exportadores nacionales. Según el Banco de la República, para el pasado 23 de agosto la devaluación registrada era de un 1 por ciento en los últimos 12 meses, frente a una inflación superior al 22 por ciento en el mismo período.

Los desacuerdos comienzan a la hora de aplicar las soluciones. La Junta del Banco de la República afirma que la manera indicada es controlando la inflación. Según Oscar Marulanda, uno de sus directivos, "factor primordial de las presiones inflacionarias, corrientes en la economía colombiana, es el desbordamiento del gasto, tanto público como privado". Para contenerlo, la Junta adoptó las decisiones de mediados del mes, que buscan limitar el crecimiento del crédito doméstico y reducir el crédito externo para operaciones de corto plazo. El objetivo no es otro que el de limitar esa especie de "prosperidad a debe" que se ha venido observando. Eso ha mantenido altas las tasas de interés que ya habían comenzado a crecer desde principio del año.
La controversia radica en que tales medidas afectan especialmente al gasto privado. La Junta espera, entonces, que el gobierno siga el camino y se aprete el cinturón ejemplarmente, para así bajar la inflación y controlar la revaluación. Al mismo tiempo, la Junta desea que la administración se comprometa de manera más firme con la baja de la inflación como objetivo de política.

El gobierno, a su vez, está ensayando otro camino. Frente a los compromisos electorales de devaluar y de aumentar el gasto social, ha tomado medidas que, en su concepto, producirán los resultados esperados. Por una parte, el Conpes ajustó el régimen de inversión extranjera, con lo cual se limitó la participación foránea en ciertas actividades como es el caso de la finca raíz. Por otra, para cumplir con la recién creada Red de Solidaridad Social se hacen necesarios nuevos gastos que saldrían de recomponer el presupuesto para este año, sin cambiar las metas fiscales que dejó la administración Gaviria.

En últimas, se aspira a contener el flujo de dólares, sin sacrificar el margen fiscal. Si eso se logra, el gobierno afirma que podrá conseguir sus objetivos de corto plazo: frenar la revaluación, mantener la disciplina fiscal, recuperar el ahorro privado y sentar las bases para suscribir el llamado Pacto Social, piedra angular en la lucha contra la inflación. Todo esto, mientras la economía continúa creciendo y la inflación desciende.

Ante estos anuncios los escépticos se rasgan las vestiduras. Según ellos, las medidas que se adoptaron van a ser rápidamente burladas y los dólares acabarán llegando de alguna manera, atraídos además por las mayores tasas de interés. Con esa circunstancia y con el gasto del gobierno creciendo, sostienen, va a haber más revaluación y más inflación.

¿Qué va a ocurrir? Sólo el tiempo lo dirá. Lo que está realmente en juego son dos concepciones filosóficas diferentes de cómo intervenir en la economía. Mientras la Junta del Banco y los partidarios de la administración Gaviria creen más en el mercado y en la necesidad de manejar lo que se conoce como las variables "macro" (crédito, gasto público, oferta monetaria), los miembros del equipo económico de Samper piensan que a veces el mercado necesita un "empujoncito", a través de medidas de corte administrativo o de buena voluntad.

En dicho escenario se va a desenvolver la discusión del Pacto Social a partir del mes de noviembre. Al tiempo que el gobierno destaca experiencias como la mexicana que logró bajar la inflación, los críticos de la idea sostienen con todo tipo de argumentos que en Colombia no hay manera de sentar al sector público, a los empresarios y a los trabajadores a firmar un documento de acuerdo en el cual se especifiquen los compromisos de cada cual sobre los principales precios de la economía. Y si se firma, dicen, no hay nada que garantice su cumplimiento.

Tal divergencia de opiniones es, en último término, la que ha originado la confusión y le coloca un signo de interrogación al porvenir. Tradicionalmente, en Colombia había solo una línea de pensamiento económico predominante que condujo al país a lo largo de todos estos años. Ahora hay dos, una más intervencionista que la otra, cada una con argumentos fuertes y que está llevando la discusión al terreno público. Esa es la razón por la cual, así los planteamientos del gobierno sean "coherentes", como lo dijo Fedesarrollo la semana pasada , van a ser fuertemente cuestionados, empezando por la Junta del Banco de la República, hasta tanto la realidad no demuestre qué pudo más: si las fuerzas del mercado o los esfuerzos por meterlo en cintura.-

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