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| 3/24/1997 12:00:00 AM

RUIDO EN LA LINEA

La apertura de la telefonía de larga distancia recibió un nuevo golpe la semana pasada con la firma del acuerdo entre el gobierno y los trabajadores de Telecom.

Mientras el sábado 15 de febrero los delegados de 68 países se comprometían en la sede de la Organización Mundial del Comercio -OMC- en Suiza a abrirle las puertas a la competencia en el sector de las telecomunicaciones -ver recuadro-, otros eran los vientos que soplaban por Colombia. Ese día estaba en pleno furor el paro estatal, que tenía como uno de los protagonistas al sindicato de Telecom, reconocido enemigo de la participación de los inversionistas privados en el sector.Aunque los dos hechos sucedieron al tiempo por coincidencia, resulta curioso que apenas dos días después de la reunión de la OMC ocurriera en el país algo que, a juicio de los analistas consultados por SEMANA, va en contravía de los propósitos de liberalización aplaudidos por el mundo. Se trata del acuerdo suscrito entre el gobierno y los trabajadores de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones -Telecom- para solucionar el paro. Son varios los lunares que han detectado los analistas en el acuerdo, pero principalmente hay uno que ha hecho muchas ampollas. Se trata del compromiso según el cual "el gobierno no expedirá normas en el sector de las telecomunicaciones que violen la convención colectiva de trabajo vigente". Lo que ocurre es que, antes del acuerdo, la convención sólo obligaba a Telecom y a sus empleados. En cambio ahora vincula al gobierno en general. Como dijo el abogado especializado en comunicaciones Felipe Tovar, "de esta manera se está endosando toda la política del sector. El problema es que el gobierno no puede condicionar su capacidad de regulación a los intereses de un sindicato". Y tal es el compromiso que adquirió el gobierno en relación con la convención de Telecom, que en el acuerdo suscrito el lunes quedó estipulada una cláusula bastante curiosa. Los ministros del Interior, de Trabajo y de Comunicaciones tendrán que sacar un espacio en sus ocupadas agendas para reunirse al menos una vez al mes con la dirección de Telecom y el sindicato de la empresa, hasta garantizar el pleno desarrollo y cumplimiento de la convención.
Nuevo obstáculo
Pero más allá de lo anecdótico que resulta el hecho de que los ministros hayan comprometido su tiempo, para entender la magnitud de lo acordado hay que remontarse a agosto de 1996.En ese mes se firmó la polémica convención colectiva en Telecom, en el cual se postergó la apertura a la competencia en la telefonía de larga distancia, un proceso que estaba previsto para arrancar en enero de 1997. En ese entonces la empresa estatal de telecomunicaciones se comprometió a realizar un estudio sobre la conveniencia del proceso de apertura del sector. Al mismo tiempo acordó la realización de seis foros regionales y uno nacional o internacional para debatir el tema, los cuales serían coordinados por el Ministerio de Comunicaciones y los sindicatos de Telecom. Según lo acordado, sólo en agosto de este año se decidiría qué hacer con la privatización.El problema es que, como dijo a SEMANA el vocero de uno de los grupos interesados en prestar telefonía de larga distancia en el país,"es tan alta la probabilidad de que el estudio termine diciendo que la competencia no es conveniente, y la de que los foros terminen atacándola, que al perpetuar la convención en el tiempo, por medio de un acuerdo laboral, se le da un golpe mortal a la larga distancia". El presidente de Telecom, José Blackburn, dice sin embargo que "en el acuerdo no se toca la larga distancia. Simplemente reiteramos que la convención colectiva es ley para las partes y que el gobierno no la va a tocar". La verdad es que, a juicio de muchos, volvió a quedar en veremos un proyecto que viene dando vueltas desde 1990. Se trata de aquel que busca limitar el poder de un monopolio como el de Telecom, en lo que tiene que ver con la larga distancia, para evitar que el país esté siempre expuesto a que el sindicato vuelva a dejarlo incomunicado.
Más perlas
Pero el punto que tiene que ver con la convención no es el único que molestó a los analistas vinculados al sector. Otro compromiso que no gustó fue el que asegura que serán sancionadas aquellas personas o empresas que hagan call-back, presten servicios de voz a través de la compañías de valor agregado y suministren capacidad satelital sin tener la condición de proveedores del mencionado servicio.Según Blackburn, "lo que quedó en el acuerdo es prácticamente la transcripción del decreto 1990 de 1991, que es el primero en regular la competencia en el sector de las telecomunicaciones. Yo fui el más interesado en incluir esa cláusula porque nos están haciendo fraude. Prueba de ello es que el año pasado facturamos 65.000 millones de pesos menos por concepto de larga distancia, y eso no ocurrió porque haya bajado el tráfico". Hay quienes consideran, no obstante, que un acuerdo como el suscrito con el sindicato de Telecom no será suficiente para evitar que las compañías presten servicios de larga distancia. Como dice el ex ministro de Comunicaciones Mauricio Vargas, "no tiene sentido ponerle normas a una cosa que es totalmente incontrolable. Habría que ponerle un policía a cada colombiano para descubrir quiénes están utilizando servicios distintos a los de Telecom". Claro está que la magnitud de lo acordado depende del punto que esté en juego. En cuanto al call-back, el servicio que ofrecen compañías extranjeras para que usuarios colombianos puedan llamar al exterior a través de sus líneas y sin pasar por Telecom, las cosas no son tan claras. Según Felipe Tovar, "no se sabe bien si ese servicio es legal o no. Incluso, el año pasado el Ministerio de Comunicaciones realizó un estudio y descubrió que no había forma de castigar a quienes comercializan el 'call-back' en el país, porque el servicio lo prestan las compañías en Estados Unidos. Entonces no tiene mucho sentido tomar la decisión de que es ilegal en un acuerdo cuando ni siquiera el Ministerio tiene claridad sobre el tema".Pero el punto de las llamadas de call-back no ha generado tanto debate como el de castigar a quienes prestan servicios de voz de valor agregado. El gobierno parte de la premisa de que todo lo que es voz es ilegal, pues eso es lo que transmite Telecom en la larga distancia. Sin embargo no tiene en cuenta que servicios como las teleconferencias, entre otras cosas, que están dentro del portafolio de las compañías de valor agregado, también utilizan la voz.En opinión de los analistas, el gobierno debió haber hecho la diferencia, sancionando a quienes están utilizando indebidamente sus licencias de valor agregado para prestar servicios básicos de larga distancia, pero no generalizando para todas las del sector. Porque así como están las cosas, a juicio del ex gerente de Americatel en Colombia, Jaime Botero, "el gobierno corre el riesgo de que lo demanden por ir en contra de unas licencias que ya fueron otorgadas". Aparte del valor agregado y el call-back, el otro tema que genera debate es el que tiene que ver con las sanciones para quienes suministren capacidad satelital sin tener la condición de proveedores del servicio. En concepto de Tovar, es imposible que una compañía tenga el registro para prestar servicios satelitales, "pues el gobierno se demoró cuatro años en expedir el decreto que reglamenta el tema, el cual salió en junio de 1996. Adicionalmente, sólo en enero de este año el Ministerio dijo quién tomaba la decisión al respecto. Así, es lógico que el registro de todas las empresas esté en trámite".Independientemente del debate, lo cierto es que el país sigue rezagado en lo que tiene que ver con telecomunicaciones. El problema es que, con tantas dificultades para negociar la apertura del sector, el único desenlace es una privatización por la puerta de atrás. Como dijo un analista consultado por SEMANA, "al paso que vamos, lo que va a ocurrir es que a Telecom le va a tocar competir con gente que está en la informalidad, cuyas reglas de juego son distintas y no puede controlar".que violen la convención colectiva de Telecom
Tiempos de apertura
El acuerdo para liberar los servicios básicos de telecomunicaciones en el mundo, al cual se llegó el 15 de febrero en Ginebra -Suiza-, fue catalogado por la prensa internacional como el más importante trabajo de la Organización Mundial del Comercio -OMC- en sus casi tres años de existencia.El acuerdo incluye las llamadas locales y de larga distancia, transmisión de fax y de datos, comunicaciones satelitales y telefonía celular, entre otros. La idea es que Estados Unidos, los países miembros de la Unión Europea y Japón abran sus servicios a la competencia extranjera el año entrante. En cuanto a los demás países, el proceso será más lento, dependiendo del nivel de desarrollo del sector en cada uno de ellos.Colombia, por ejemplo, dejó en claro que "los servicios de larga distancia son prestados por Telecom, y cualquier número adicional de operadores será determinado mediante prueba de necesidad económica". Eso quiere decir que por ahora no habrá apertura del negocio.Pero más allá de la reserva hecha por el gobierno de Colombia, la importancia del acuerdo radica en que los 68 países que lo firmaron generan el 90 por ciento de las ganancias mundiales por concepto de telecomunicaciones, un mercado que mueve 600.000 millones de dólares anuales. Y lo más sorprendente es que esa cifra se podrá duplicar en 10 años.Adicionalmente, se espera que la competencia genere una reducción en el costo de las tarifas internacionales del 80 por ciento, al menos en los países donde arrancará el año próximo. Obviamente, ese no es el caso de Colombia, pues con tantas dificultades para abrirle paso a la privatización pocos se atreven a apostarle a la competencia en la telefonía de larga distancia.
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