| 2003/03/03 00:00

Ruptura en EPM

La destitución del gerente de EPM prendió las alarmas sobre la politización de la empresa pública más admirada del país.

La semana pasada ardio Troya cuando el alcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez, destituyó en forma fulminante al gerente de Empresas Públicas de Medellín, EPM. ¿Cuál es la realidad detrás de esta destitución, que fue calificada por muchos como un acto de politiquería y populismo?

La historia se inició hace dos años, cuando Luis Pérez se posesionó como alcalde de Medellín. Su Plan de Desarrollo contemplaba la congelación de las tarifas de los servicios públicos hasta por 20.000 millones de pesos en los tres años. En asocio con EPM, Pérez creó un plan de descuentos comerciales para congelarles la tarifa a los usuarios residenciales que pagan a tiempo.

Entre abril de 2001 y abril de 2002 este incentivo le costó a EPM menores ingresos por 28.959 millones de pesos, de los cuales 22.000 millones correspondieron al descuento en energía, superando con creces lo definido en el Plan de Desarrollo. A partir de esa fecha las tarifas se ajustaron solamente de acuerdo con la meta de inflación del 6 por ciento.

El 12 de septiembre del año pasado la Comisión de Regulación de Energía y Gas, (Creg), dispuso que los servicios públicos de energía eléctrica deberían subir 24 por ciento en un período comprendido entre 12 y 30 meses, comenzando en enero de 2003. La principal razón para este incremento es compensar a las empresas prestadoras del servicio, que antes no pagaban impuesto de renta, pero a partir de este año tendrán que tributar plenamente. Frente al alza ordenada por la Creg, EPM decidió acogerse al plazo límite, es decir 30 meses, con el fin de atenuar al máximo el impacto del nuevo cargo.

El tema del aumento en las tarifas se presentó formalmente ante la junta directiva de EPM el pasado 4 de diciembre. Ese día se aprobó el presupuesto de la empresa para 2003, que contemplaba los incrementos tarifarios definidos por las entidades de regulación, mas no especificaba el desmonte de los descuentos comerciales que se venían aplicando, según consta en el acta 1394.

Ese presupuesto aprobado por la junta señala un crecimiento de los ingresos operacionales de EPM en un 30 por ciento para 2003 y un Ebitda (ganancias antes de impuestos, depreciación y amortización) de 1,2 billones de pesos, cifra inferior a los 1,31 billones del año pasado pero superior a los 930.000 millones de 2001.

La crisis estalló después de que EPM aumentara las tarifas de energía en el mes de enero en un 9,7 por ciento. "Por medios distintos a la empresa, me enteré que EPM aumentó las tarifas de energía en el mes de enero en un 9,7 por ciento y que unilateralmente acabó con el descuento comercial social que sirvió como estrategia para congelar las tarifas", dijo el alcalde Pérez en una carta dirigida a Iván Correa el pasado 15 de febrero. Y le ordenó hacer lo necesario para congelar las tarifas de energía eléctrica.

En respuesta, Correa Calderón le envió al alcalde una carta el viernes 21 de febrero en la que le aclara que el incremento de 9,7 por ciento se debió en un 7,3 por ciento al desmonte del descuento comercial que la Empresa venía otorgando durante los dos últimos años y el restante 2,4 por ciento al reajuste de los elementos propios del costo de la tarifa, según lo acordado con la Creg. "Aplicar tarifas que no remuneren adecuadamente los costos podría llegar a menoscabar la Empresa en el futuro", dice Correa en la carta.

A partir de allí la historia es bien sabida: el alcalde no admitió discusión alguna y declaró insubsistente a Iván Correa. En su reemplazo nombró a Edith Cecilia Urrego, quien tomó posesión del cargo el lunes de la semana pasada. "Mi responsabilidad será combinar la viabilidad de la compañía con el desarrollo social de Medellín que busca la alcaldía", dice Urrego.

¿Quien paga?

El empeño de continuar con la bandera electoral de la congelación de tarifas es algo que en esta ocasión puede resultar muy oneroso. Según un estudio de la gerencia de planeación de EPM, seguir con este rezago tarifario hasta el año 2011 le podría costar a las Empresas 851.960 millones de pesos, que equivalen a unas menores utilidades acumuladas por 642.148 millones de pesos. El impacto sobre el municipio -que recibe el 30 por ciento de los excedentes netos de EPM- sería de 160.558 millones de pesos. El rezago tarifario tiene además el inconveniente de que suele ser muy difícil de desmontar después de cierto tiempo. Y también hay que recordar que beneficia tanto a los pobres como a los ricos, que de hecho registran mayores consumos.

A noviembre de 2002 la comercializadora de energía de EPM tenía una pérdida operacional de 40.000 millones de pesos, a los que se sumaban 15.000 millones de pesos por los descuentos dados a los usuarios. Así mismo, las actividades de comercialización y distribución, en conjunto, sumaron el año pasado ingresos por unos 35.000 millones de pesos, con una rentabilidad de tan sólo el 1,8 por ciento.

Y es que 2002 no fue un año particularmente bueno para EPM. Las utilidades cayeron 338.605 millones de pesos frente a las registradas en 2001. La devaluación tuvo un impacto grande, pues EPM tuvo que valorar en pesos sus deudas en dólares, y sólo esto le significó contablemente menores utilidades por 369.240 millones de pesos. De otro lado, el impuesto de seguridad democrática le costó 71.487 millones de pesos. No obstante, hay que aclarar que el grueso de la caída se originó en el efecto contable de la devaluación y no en la operación de la empresa. EPM sigue siendo una empresa sólida.

Por eso, más que las consecuencias financieras, lo que preocupa de la congelación de tarifas es la forma como se tomó la decisión. "La Comisión de Regulación, al fijar las tarifas, tiene en cuenta unos criterios de eficiencia financiera de forma que se cobre el valor justo para que las empresas sean remuneradas por su servicio", dice el director de la Creg, Jaime Blandón. Si ese precio resulta muy alto para los hogares de bajos ingresos, el gobierno, para cumplir sus objetivos sociales, puede girar subsidios con cargo al presupuesto nacional. Y de hecho lo hace. En todo el país las tarifas de electricidad de estrato 1, por ejemplo, ya tienen incorporado un subsidio de 50 por ciento, que podría incluso subir con el Plan de Desarrollo del presidente Alvaro Uribe.

Pero una cosa es establecer una política transparente de subsidios, con aforos en el presupuesto, y otra es hacerlo a costa de la rentabilidad de las empresas, como lo hace el alcalde de Medellín. Cuando se hace de esta manera nunca se sabe cuánto va a costar el subsidio porque no hay que girarlo directamente. Y tarde o temprano terminan por lesionarse las finanzas de las empresas, como ha ocurrido tantas veces en el pasado.

La destitución del gerente ha vuelto a llamar la atención sobre un tema de fondo: el constante peligro de politización que se cierne sobre EPM. "Detrás de la decisión de sacar al gerente es evidente la intención del alcalde Luis Pérez de hacer política con el prestigio y los recursos de las EPM", decía el editorial de El Tiempo el miércoles pasado. "Paradójicamente esto va a servir para que la gente se dé cuenta de que EPM es sumamente vulnerable. La estructura de poder que tiene se presta para hacer política, porque el poder se concentra en una sola persona, que es el alcalde de turno", dice el ex ministro de Minas y Energía Jorge Eduardo Cock.

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