Viernes, 20 de enero de 2017

| 2000/01/10 00:00

Salud, dinero y patentes

En 2000 el país deberá adoptar medidas sobre patentes y secretos industriales que tendrán importantes consecuencias para el bienestar de los colombianos.

Salud, dinero y patentes

Para la mayoría de los colombianos la Organización Mundial del Comercio —OMC— es una entidad completamente desconocida. Es más, pocas veces oyen hablar de ella, como lo hicieron cuando a raíz de las diferencias entre el ministro de Minas, Luis Carlos Valenzuela, y el presidente de Ecopetrol, Carlos Rodado, este último fue nombrado embajador de Colombia en ese organismo. O cuando en la reciente asamblea general de la OMC en Seattle, Estados Unidos, un grupo de Organizaciones No Gubernamentales realizó una serie de protestas que estuvieron a punto de dar al traste con las discusiones que ahí se adelantaban.

La importancia de la OMC, sin embargo, es monumental. Todo lo que allí se acuerda es —al menos en teoría— de obligatorio cumplimiento para sus miembros, entre los cuales se encuentra Colombia. Y uno de esos arreglos es el llamado Acuerdo General sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio —Adpic—, vigente desde 1995 y de obligatorio cumplimiento a partir del primero de enero del 2000, que regula —como su nombre lo indica— todo lo relacionado con patentes y secretos industriales de diferentes productos a nivel mundial. Este acuerdo tiene preocupado a más de un industrial nacional, y en especial a los laboratorios farmacéuticos locales, que ven en el Adpic una seria amenaza a su existencia y consideran que la adopción de las medidas contenidas en él es el comienzo del fin de esta industria a nivel nacional.



La amenaza

El problema, según los representantes de la industria nacional, radica en el sistema de patentes y protección industrial que la OMC pretende que se incorpore a los acuerdos de comercio exterior firmados en todas las demás organizaciones a nivel mundial, incluida la Comunidad Andina de Naciones, CAN. A través de la decisión 344, vigente desde 1994 —y que está siendo discutida para reforma y homologación con el Adpic entre los diferentes países miembros de la CAN—, la OMC pretende que se adopten medidas relacionadas con la protección de productos farmacéuticos que podrían poner en serios aprietos el acceso de muchos colombianos a varios medicamentos de primera necesidad.

Hoy en día la legislación les otorga a las compañías farmacéuticas —todas de países industrializados— 20 años de monopolio sobre los nuevos productos que descubran y comercialicen a través de patentes. Y protege por cinco años todos los documentos utilizados en la investigación y desarrollo de nuevas drogas, sea esta información pública o no. Pero ellas quieren ampliar las patentes para que incluyan lo que en la industria se conoce como patentes de segundo uso, que busca proteger todos los usos adicionales que se le encuentren a una droga y que inicialmente no se sabía que existían. Y quieren ampliar la protección de secretos industriales a un plazo de 10 años, con lo cual quedaría prácticamente cerrado el acceso de cualquier otro laboratorio tanto a la droga como a la forma de desarrollarla.

Pero eso no es todo. Están buscando, además, una legislación tendiente a prohibir lo que en la industria farmacéutica se conoce como importaciones paralelas —comprar droga de un productor a través de cualquier distribuidor en cualquier parte del mundo y no directamente del fabricante—, y a incluir dentro de las patentes los medicamentos considerados esenciales por la Organización Mundial de la Salud.



Las consecuencias

La aprobación de las peticiones de los grandes fabricantes de medicamentos tendría serias consecuencias sobre el mercado de drogas en el país. Según un estudio elaborado por Fedesarrollo, el hecho de que un laboratorio nacional no pueda desarrollar libremente medicamentos de otros fabricantes implica que el precio de los mismos se incremente en promedio un 67 por ciento. Sin competencia, además, el Instituto de Seguros Sociales —la entidad que más medicamentos consume en el país— tendría que pagar entre el 85 y el 150 por ciento del precio de la droga, mientras que con competencia recibe descuentos de más del 50 por ciento en todas sus compras.

La decisión traería también problemas fiscales, pues el estudio de Fedesarrollo concluye que los subsidios del gobierno hacia la población más pobre del país para la adquisición de medicamentos alcanzarían los 370 millones de dólares al año. En otras palabras, la adopción de los principios del Adpic por parte de la Comunidad Andina implicaría otorgarle a la explotación y producción de medicamentos el carácter de monopolio, con sus consecuentes problemas económicos tanto para la industria nacional como para la población en general.



Los pro y los contra

Los argumentos de quienes están en contra de la adopción de medidas de protección industrial tan fuertes se basan en el hecho de que para las compañías grandes el mercado de los países en desarrollo es demasiado pequeño dentro de su operación total —menos del 15 por ciento del total mundial, porcentaje en el cual Colombia participa únicamente con el 0,3 por ciento—, pero que para cada una de las naciones involucradas el problema tiene connotaciones de salud pública nacional. Para los críticos de la medida, restringir el acceso de buena parte de la población a nuevos medicamentos lo que hace es abrir aún más la brecha entre los países industrializados y aquellos en vías de desarrollo.

Pero los que están a favor de adoptar todas las medidas del Adpic tienen también sus argumentos. El principal de ellos tiene que ver con el hecho de que desarrollar una molécula para un medicamento nuevo vale unos 300 millones de dólares, razón por la cual se requiere mucho tiempo para recuperar la inversión (de ahí las barreras de entrada para la duplicación de esa molécula). Proteger esa inversión incentiva mayor investigación y, en consecuencia, mejores productos y mejor salud para la población mundial.

La pregunta que se hacen muchos analistas es si estos hechos no aplican únicamente en países industrializados, que representan el 85 por ciento del mercado y cuyos habitantes tienen poder adquisitivo para comprar este tipo de drogas. Y es que este es el centro del problema en lo referente a las patentes y a la protección de secretos industriales: lograr un equilibrio en patentes y protección que permita incentivar la investigación sin perjudicar el acceso masivo de la población a los medicamentos.

Lo que parece ser claro es que es necesario discriminar el tratamiento de medicamentos entre países industrializados y aquellos en vías de desarrollo para lograr que la población de estos últimos tenga una verdadera oportunidad de acceder productos nuevos y novedosos. De ahí que la ministra de Comercio Exterior, Marta Lucía Ramírez, en su discurso ante la OMC, afirme que “el trato especial y diferenciado (a los países en vías de desarrollo) debe quedar expresamente consignado como elemento que oriente la negociación que llevaremos a cabo durante los próximos tres años. Esta nueva ronda de negociaciones... debe asegurar un proceso de desarrollo más acelerado para los países menos desarrollados y un mejor equilibrio en el estado de bienestar de la humanidad”.

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