Domingo, 23 de noviembre de 2014

| 1993/04/26 00:00

SE HACE CAMINO AL ANDAR

Anunciado el 7 de agosto de 1990, el programa de privatización del Gobierno apenas comienza a aterrizar.

SE HACE CAMINO AL ANDAR

HASTA LA SEMANA PASADA, Y A PESAR DE que desde el comienzo del actual Gobierno se habló de la necesidad de dejar en manos privadas un buen número de empresas estatales en Colombia, las autoridades no parecían tener muy claros los criterios que regían el proceso de privatización. Se habló, entre otras cosas, de la necesidad de reducir el tamaño del Estado para hacerlo más eficiente, de aumentar la productividad de un gran número de empresas que por su carácter estatal estaban sumidas en el burocratismo y la corrupción, de mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos y de reducir el déficit fiscal.
Lo cierto, sin embargo, es que a cada caso de privatización se le aplicaba un criterio diferente. Y que muchas veces los funcionarios que estaban al frente de las empresas susceptibles de ser privatizadas no sabían muy bien si debían proponer o no su venta a los particulares. Y lo peor es que, hasta ahora, no existía un pronunciamiento oficial al respecto. Y eso, como lo dijo en días pasados el Contralor General de la República, era incomprensible si se tiene en cuenta que la privatización se escogió como el instrumento para fijar los límites entre lo público y lo privado.
Como si eso fuera poco, la opinión del país no ténía una idea muy clara en torno de la necesidad o la conveniencia de las privatizaciones.
De alguna manera, el proceso enfrentaba el que, según expertos británicos, ha sido el obstáculo más grande para vender al sector privado las innumerables empresas estatales de los países del este de Europa: la falta de comprensión de la gente del porqué se están vendiendo. A tal punto que en países como Rumania fue necesario adelantar una gran campaña educativa para que la gente -después de 40 años de férreo socialismo- entendiera las bondades del proceso.
Aquí no se ha llegado a tanto. Pero la semana pasada se logró una definición sobre los criterios generales que deben guiar el proceso. Y aunque todavía subsisten algunas diferencias al inte rior del Gobierno, una cosa va de afirmar -como lo hicieron algunos funcionarios después de un Conpes celebrado el 4 de febrero- que "la enajenación de los bienes oficiales se hará para cumplir la meta de lograr un déficit fiscal del uno por ciento del PIB", a decir que el objetivo es "concentrar los esfuerzos del Estado en darle seguridad a la gente, darle justicia y darle educación", como lo señaló el último Conpes.
Pero el problema no es sólo de intención, sino de forma. Para mu chos críticos del proceso, la privatización de algunas empresas en el país se había hecho sin que la generalidad de los colom bianos pudiera tener acceso a la propiedad de las empresas desestatizadas. De allí que haya sido también fundamental la decisión del último Conpes en el sentido de que, de ahora en adelante, todas las empresas que se privaticen se venderán en la bolsa, mediante ofertas públicas.
No menos importante, desde el punto de vista de la viabilidad política de las ventas al sector privado, es el criterio fijado por el Conpes de que las empresas que se escojan para enajenarse deberán adelantar procesos ágiles de indemnización y de reubicación del personal que quede cesante. Para nadie es un secreto que -dadas las actuales condiciones del país- el problema laboral se había convertido en una verdadera piedra en el zapato de las privatizaciones.
Un último problema era que las privatizaciones se venían realizando de manera aislada y sin que dentro del Estado apareciera una cabeza rectora del proceso. Por eso también es fundamental la decisión que tomó la semana pasada el Conpes, al crear una comisión para coordinar el proceso de venta de activos oficiales, la cual estará integrada por funcionarios de los ministerios de Desarrollo, Hacienda y Minas, el Departamento Nacional dc Planeación y la Consejería Económica de la Presidencia de la República.
Y es que a pesar de que se considera que el Estado es pequeño y que no es mucho lo que hay que privatizar, la verdad es que para el tamaño de la economía colombiana las cifras en cuestión no son nada desdeñables. Los ingresos por la venta de activos podrían superar los 2.000 millones de dólares: cerca de 1.000 millones de dólares por la venta de los bancos y demás entidades financieras nacionalizadas en la crisis de 1982; 500 millones de dólares por las empresas del Fondo Nacional del Café; 200 millones de dólares por las empresas del IFI; entre 350 y 400 millones de dólares por Betania, y 40 millones de dólares por la venta de terpeles y em
presas gasíferas de la petrolera estatal.

DE VUELTA AL REDIL
En cuanto a las entidades financieras, casi desde el momento de su intervención se definió que algún día tenían que volver al sector privado. Pero sólo a comienzos del actual Gobierno, y una vez revisada la estrategia anterior, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras decidió iniciar las ventas.
Hasta el momento se han vendido tres bancos. El primero fue el Banco de los Trabajadores, que fue adquirido por el Banco Mercantil de Venezuela por 3.225 millones de pesos (unos cinco millones de dólares). Después el Tequendama, adquirido por el Banco de la Construcción de Venezuela por 20.000 millones de pesos (unos 33 millones de dólares). Y por último el Banco del Comercio, que se vendió por un total de 52.400 millones de pesos (casi 87 millones de dólares).
El lunes 25 de enero de 1993, el ministro de Hacienda, Rudolf Hommes, anunció que antes de finalizar el primer semestre de 1993 el Gobierno aspiraba a vender su participación en la corporación de ahorro y vivienda Corpavi. Se aspira también a vender, en lo que resta del año, los bancos de Colombia y del Estado. Después se pondrá en venta el Banco Central Hipotecario La mayor privati zación sería la del Banco de Colombia -y algunas de sus filiales-, operación que debería reportar, según los estimativos del Gobierno, un monto cercano a los 600 millones de dólares.
Un caso distinto, pero en el cual están involucradas también varias entidades financieras, es el de las entidades de propiedad del Fondo Nacional del Café. Según el Gobierno, la venta de la mitad del Banco Cafetero y de una parte de las acciones del Fondo en la Flota Mercante Grancolombiana, así como de otros activos, es fundamental para reducir el déficit en las operaciones efecti
vas del organismo, que para 1993 está calculado en 226.000 millones de pesos.
El Banco Cafetero fue avaluado recientemente por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras en 300 millones de dólares. Pero todavía no se ha definido la modalidad de la venta. La semana pasada hubo un gran enfrentamiento entre los cafeteros y el Gobierno en el seno del Comité Nacional de Cafeteros. Mientras el ministro de Hacienda, Rudolf Hommes, insiste en que lo mejor es sacar las acciones del banco a las bolsas de valores, los cafeteros insisten en que se les dé prioridad en la compra, con el fin de conservar la institución como un medio de financiación de los productores del grano.
Pero, además de eso, el Gobierno insiste en la necesidad de vender en el presente año por lo menos la mitad de la Flota Mercante Grancolombiana, con lo que se obtendrían cerca de 130 millones de dólares adicionales. Más adelante se vendería otro 25 por ciento de la empresa naviera. Y, aunque sobre esto también existe gran controversia, el Gobierno quiere que, a más tardar el año entrante, se ponga también en venta la corporación de ahorro y vivienda Concasa.

CON EL CICLO CUMPLIDO
En cuanto a las empresas del IFI, el actual Gobierno ha hecho un gran esfuerzo por vender el mayor número posible de ellas. Desde agosto de 1990 se han vendido, en su orden, Papelcol, Colclinker, Río Claro, Coseda, Copescol, Astivar, Provica, Texpinal, Prode sal, Conastil y Pennwalt. Con excepción de Papelcol, que se vendió por 102 millones de dólares, el resto de operaciones han sido relativamente pequeñas, debido a que la participación del IFI en su capital era minoritaria. Al punto de que, técnicamente hablando, su venta no constituye una privatización.
En proceso de venta -avaluadas y con resumen ejecutivo- están la Corporación Financiera de Desarrollo, el Complejo Agroindustrial del Tolima, Frigopesca, Fatextol y Federaltex. Luego vendrán otras cinco empresas que valen un poco más y que el Gobierno también ha decidido vender: Monómeros, Propal, Cerromatoso, Alcalis y Nitroven. Se trata, de nuevo, de entidades en las cuales el Gobierno participa, pero no es accionista mayoritario.
El caso de Cerromatoso es particularmente importante: la empresa ha tenido que suspender un vasto plan de inversión en un nuevo horno por presiones ejercitadas por políticos de la región, que exigen un aumento en el porcentaje de las regalías.
De persistir dicha situación, la empresa se vendería. Pero si se logra construir el segundo horno, es posible que el IFI posponga la venta de sus acciones, que equivalen al 47.7 por ciento de la empresa.
Aparte de las anteriores, hay otras empresas en las cuales el Gobierno tiene participación y que figuran en el programa de privatización. Algunas de ellas serán vendidas en el término de un año, en ejecución de los decretos sobre "modernización del Estado". Entre ellas están Vecol, Emcoper y otras del sector agropecuario, todas las zonas francas y las Centrales de Abastos (nueve en total) y Almagrario. También estarán en venta 29 em presas hoteleras de la Corporación Nacional de Turismo.
En cuanto a Telecom, el Gobierno presentó el año pasado un proyecto que contemplaba la privatización del monopolio estatal y que desató un agrio debate en la opinión pública y una parálisis en las actividades de la entidad. Al final, el Gobierno decidió retirar el proyecto y utilizar los decretos de "modernización" para cambiarle su naturaleza jurídica y convertirla en una empresa industrial y comercial del Estado, con el fin de que pueda competir con empresas privadas.
En relación con el Instituto de Seguros Sociales, el Gobierno ha preferido que sea el Congreso el que introduzca las modificaciones pertinentes. En la actualidad cursa en el Congreso un proyecto que prevé, entre otras cosas, la creación de fondos privados de pensiones y algunas modificaciones encaminadas a introducir una mayor eficiencia en la prestación de los servicios de salud.
El Gobierno tiene previsto, además, vender algunas empresas en las cuales participa Ecopetrol. Comenzando por los terpeles. Hace dos semanas la empresa dijo estar lista para ofrecer el paquete de acciones que posee en las siete compañías de distribución de combustibles, cuyo valor se calcula en 25.000 millones de pesos (algo así como 35 millones de dólares).
Finalmente, entre los planes del Gobierno figura el de vender la participación del Ministerio de Defensa en algunas compañías del sector y entregar en concesión el suministro de energía e léctrica, la construcción y mantenimiento de carreteras nacionales y la segunda pista del aeropuerto Eldorado.
Falta ver si todo eso se logra. Porque la verdad es que a pesar de las determinaciones tomadas por el Gobierno, aún subsisten algunas dudas. Por un lado, no es muy seguro que un comité tan amplio y de "tan alto nivel" como el creado para "gerenciar" la privatización de empresas logre centralizar, efectivamente, todas las decisiones. Quizás, como lo han sugerido muchos expertos, lo mejor hubiera sido nombrar un gerente -o consejero- dedicado al tema con exclusividad.
Por otro lado, y a pesar del optimismo de algunos documentos oficiales, hay muchas empresas del Estado cuya venta no es un proceso fácil. No porque sean ineficientes o improductivas, sino por su naturaleza o por sus estatutos. A pesar de que el IFI, por ejemplo, ha logrado acumular una gran experiencia en el proceso -como la que adquirió con la venta de Penwalt- hay casos como el de Carbocol, que no son nada fáciles de resolver.
Lo importante, sin embargo, es que cada vez se avanza más en la definición de propósitos y que, a pesar de todos los obstáculos, el Gobierno tiene claro que hay que darle más espacio al sector privado. Y eso es fundamental para el éxito del proceso. Pero lo cierto es que un Gobierno que se comprometió el 7 de agosto de 1990 a adelantar un programa masivo de privatizaciones, tendrá que correr mucho en los 15 meses que le quedan para poder mostrar, el 7 de agosto de 1994, que sus promesas no se hicieron en el aire.

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