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| 8/15/2004 12:00:00 AM

Sigue la pesadilla

El panorama fiscal se oscurece por un presupuesto de 2005 abultado en gastos y el fallo de la Corte Constitucional que ahonda el hueco pensional.

Los hechos diferentes ocurridos el mismo día sembraron nubarrones en el horizonte fiscal. El miércoles pasado el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó al Congreso el presupuesto de 2005 por un valor de 93 billones de pesos, superior en 15,4 por ciento al de este año. Ese mismo 11 de agosto se conoció también un fallo de la Corte Constitucional que aumentaría en cinco billones de pesos el hueco pensional a partir de 2008.

El primer hecho, la presentación del presupuesto de 2005, despertó cuestionamientos sobre la voluntad del gobierno para enfrentar los desequilibrios fiscales. Aunque en esta ocasión el Congreso no devolvió el proyecto como sí ocurrió el año pasado, la promesa de la administración Uribe de hacer un ajuste radical a las finanzas públicas sigue en veremos. Carrasquilla y su equipo terminaron cuadrando el abultado crecimiento de los gastos del Estado mediante una expansión de los ingresos, algunos basados en proyecciones optimistas y otros con proyectos de ley que ni siquiera han sido radicados.

Dos voces autorizadas prendieron las primeras alarmas. El gerente del Banco de la República, Miguel Urrutia, dijo estar preocupado por lo que pueda pasar con la economía colombiana en 2005 si el gobierno llegase a tener dificultades para conseguir los 3.500 millones de dólares de crédito externo con los que pretende financiar en parte el presupuesto del año entrante.

Por su parte, el director de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, Fabio Villegas, criticó el proyecto de presupuesto por el excesivo crecimiento del gasto y señaló que el objetivo de hacer un ajuste radical en las finanzas públicas ha desaparecido del listado de prioridades del gobierno. "El presupuesto, si algo produce en materia fiscal, es desconfianza sobre el futuro de las finanzas del Estado".

Los cuestionamientos al presupuesto son comprensibles. En primer lugar, preocupa el hecho de que en una economía que crece al 4 por ciento, el año entrante, según datos del propio gobierno, los gastos del Estado aumenten el 15,4 por ciento (10,4 por ciento descontando la inflación).

Es cierto que una parte importante de ese incremento se origina en las mayores obligaciones pensionales de la Nación (que pasan de 12 a 16 billones de pesos como consecuencia, entre otras, del agotamiento de las reservas del Seguro Social) y al mayor servicio de la deuda, que aumenta en cinco billones de pesos frente a 2004. Pero estos dos hechos no son razones suficientes para que los gastos aumenten tanto. Los 3,7 billones de pesos que en 2005 le tiene que girar el gobierno al Seguro representan el 4 por ciento del presupuesto del año entrante.

El déficit del sector público consolidado pasará de 2,5 a 2,4 por ciento del PIB el año entrante, mientras que el déficit del gobierno central aumentará de 5,5 a 6,5 por ciento del PIB en 2005.

Lo que más preocupa no es el déficit en sí mismo sino la forma de financiarlo. Del total de 93 billones de pesos que se necesitan, 39 billones provendrían de ingresos corrientes de la Nación (en su mayoría tributos y recaudos por IVA) y 3,8 billones de rentas parafiscales y fondos especiales. Esto es menos de la mitad de lo que se necesita financiar el año entrante. Ahí se aprecia el tamaño del hueco.

El faltante -41,3 billones de pesos- deberá salir de otras fuentes de financiamiento, principalmente un mayor endeudamiento. El presupuesto contempla recursos de crédito externo por 3.500 millones de dólares (9,7 billones de pesos) y de crédito interno -principalmente TES- por 19,9 billones de pesos. Eso lo único que hace es aumentar la ya abultada deuda de la Nación.

Se incluyeron en el presupuesto 2,8 billones de pesos producto de la venta de activos de la Nación, aunque hace varios años que estos recursos, por inciertos, no se incluían. Basta ver el caso de la venta de Bancafé, el mayor banco público del país, cuya subasta se declaró desierta pese al interés de varios inversionistas. ¿Cómo asegurar que en 2005 la Nación podrá vender sus participaciones en Ecogas y en las electrificadoras del noreste y centro del país, tal como lo establece el cronograma de privatizaciones?

Otro punto crucial es que dentro de los ingresos corrientes se incluyen 1,5 billones de pesos de recursos generados por la reforma tributaria que se va a presentar al Congreso en las próximas semanas. Acá hay una contingencia. Si la reforma no pasa en el Congreso, esos 1,5 billones de pesos serían recortados del ya paupérrimo gasto para inversión. No parece lógico que los recursos para inversión del Estado no aumenten pero que los gastos de funcionamiento lo hagan en 15 por ciento.

Hay que reconocer sin embargo que a diferencia del presupuesto de los años anteriores, el de 2005 incluye los incrementos salariales para los empleados del sector público y la plata para los 200.000 desplazados. El promedio del incremento en las remuneraciones de los servidores públicos proyectado para 2005 será de 5,7 por ciento, lo que se ajusta a lo señalado por la Corte Constitucional el año pasado. También es innovador en su presentación, pues descompone el gasto por funciones. Esto permite conocer la importancia que les da el gobierno a las distintas actividades del Estado. Así por ejemplo, los recursos para vivienda y espacio público son una quinta parte de los de salud o el 15 por ciento de los de educación.

En todo caso, el orden en que se presenten los números no altera el resultado final de la ecuación fiscal. Y en este frente el diagnóstico es básicamente el mismo que se viene registrando desde hace 10 años: el gobierno gasta más plata de la que recibe y por eso se endeuda cada vez más. Este ejercicio, que se repite un año tras otro, le ha dejado al país una deuda pública que hoy alcanza más del 50 por ciento del PIB.

Color de hormiga

Pero si el gobierno la tiene difícil para el año entrante con el presupuesto de 2005, el fallo de la Corte de la semana pasada puede estarle bloqueando las salidas para los años que vienen. El alto tribunal profirió una sentencia que revive el régimen de transición pensional de la Ley 100 de 1993, reformado por la Ley 860 de 2003.

Según este fallo, las personas que se encontraban en el régimen de transición no solo del Seguro, sino también de las otras entidades públicas y privadas, quedarán cobijadas por la Ley 100 de 1993. Así, las mujeres de hoy que tengan 55 años y los hombres que tengan 60 podrán pensionarse con un mínimo de 500 semanas de cotización, para los cuales la mesada será igual al 45 por ciento del salario promedio de los últimos 10 años de aportes. Los que quieran llegar hasta el 90 por ciento del salario de los últimos 10 años deberán trabajar un mínimo de 1.250 semanas.

Según cálculos del Ministerio de Hacienda, el fallo de la Corte, en valor presente, equivale a 17 puntos del PIB. Esto es, cerca de 40 billones de pesos entre 2008 y 2014. Si bien ese faltante no deberá afectar las finanzas en el corto plazo, a la larga sí oscurece el rumbo fiscal del país.

El gobierno ha dicho que buscará una reforma constitucional para dejar sin piso el fallo. Si no lo logra seguramente tendrá que aumentar el alcance de las siguientes reformas tributarias y recortar dramáticamente aquellos rubros del presupuesto que no están amarrados por Constitución.

Con estos antecedentes no es sorprendente que los expertos en materia económica estén vaticinando que al menos para los próximos años las cosas pintan color de hormiga. La debilidad del panorama fiscal colombiano en el corto y el mediano plazos es un factor de incertidumbre que pone nerviosos a los inversionistas.

La situación no da espera: el hueco fiscal es demasiado grande, el gobierno ya no se puede endeudar más, los ingresos no crecen al mismo ritmo de los gastos y los egresos son difíciles de reducir por las restricciones que impone la Constitución. De ahí que las discusiones en el Congreso sobre el presupuesto de 2005, y también sobre la posible reforma constitucional que presente el gobierno para resolver el tema pensional, sean tan fundamentales para el futuro de la economía colombiana.
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