SOBERANO LIO EN LA ZONA ROSA

EL 4 DE ABRIL DE 1992 EL barco Los Angeles, de propiedad de la firma colombiana Transporte Marítimo e Industria Pesquera Olga Henry de Ruiz, fue detenido en aguas colombianas por las autoridades nicaragüenses. La motonave fue llevada al puerto de Bluefields, en Nicaragua, y a cambio de su liberación el capitán del barco tuvo que firmar una declaración donde reconocía que pescaba en aguas de esa Nación.

El pesquero fue completamente desvalijado, su carga decomisada y, para lograr su devolución, la empresa tuvo que cancelar unos 25.000 dólares. Cuando la nave llegó al puerto de San Andrés, con el motor averiado porque le habían introducido arena, tuvo que ser sometida a una reconstrucción que costó otros 75.000 dólares. Aunque los dueños pusieron en conocimiento de la Capitanía de Puerto y del Ministerio de Relaciones Exteriores la situación, su gestión nunca culminó en una acción positiva por parte de las autoridades. Pero con este caso se dio comienzo a una serie de incidentes con pesqueros, tanto industriales como artesanales, que ha colocado en entredicho el ejercicio real de la soberanía colombiana sobre sus aguas en el Caribe.

Aunque en Colombia no se habla de un conflicto fronterizo con Nicaragua por la posesión del archipiélago de San Andrés y Providencia, pues los argumentos jurídicos (el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 y su ratificación en 1930) y la tradición son suficientemente claros -según nuestra Cancillería- ante el derecho internacional, el número de incidentes entre los nacionales y la armada nicaragüense va en aumento.

Lo curioso del asunto es que Nicaragua, un país que no tiene tradición marina, posea una capacidad casi ilimitada para patrullar sus aguas y las de sus vecinos. La explicación tiene un tinte económico. Con la caída del sandinismo, el ejército nicaragüense tuvo que buscar una fuente alterna de subsistencia. A finales de 1990 comenzó un tráfico ilegal de langosta y de armas hacia Colombia, amparado por el parentesco que hay entre los isleños de San Andrés y los habitantes del puerto de Bluefields. Pero no contentos con las ganancias, los soldados nicas descubrieron que era más lucrativo formar su propia flota para controlar directamente el negocio.

Para lograrlo, comenzaron a capturar cuanto barco estaba a su alcance, utilizando tropa camuflada de pescadores en lanchas rápidas que en San Andrés se conocen como gangas. En poco tiempo consiguieron una numerosa flota de pesqueros y guardacostas que no les fue difícil artillar. Si bien el boom langostero se acabó a comienzos de 1991, la infraestructura pesquera que adquirió el gobierno de Managua lo impulsa a continuar su táctica de apresamiento de naves con bandera diferente a la de ese país. Esa versión práctica de hacer patrullaje contrasta con la modalidad colombiana de controlar la zona mediante barcos lentos (corbetas) que no pueden ingresar a todas las aguas, por el calado que tienen. Incluso la gran industria de la zona equipó la motonave Cirius para que la Armada Nacional protegiera sus actividades de pesca, pero a la hora de zarpar siempre ha enfrentado inconvenientes técnicos.

El punto principal de conflicto es el que podría denominarse zona rosa de la langosta: el meridiano 82 con el paralelo 15. En ese sector la armada de Nicaragua ha detenido cuatro barcos que tienen bandera hondureña pero están afiliados a la empresa colombiana Antillana S.A. El primer incidente se produjo en mayo del año pasado cuando el buque Cabinda fue llevado a aguas nicaragüenses bajo amenazas. En marzo de este año, en la misma zona, fueron capturados los barcos Lynn & Brothers y Danny Jr. con similar táctica: un pesquero que trae tropas escondidas se aproxima a las naves, las aborda, obliga a la tripulación a traspasar la línea de frontera y a firmar una declaración en la que admite que estaba pescando ilegalmente en aguas de ese país. Las multas aplicadas a cambio de la liberación oscilan entre 75.000 y 500.000 dólares. En la mayoría de los casos resulta más conveniente abandonar en Nicaragua las embarcaciones, pues cada motonave puede tener un costo de 250.000 dólares.

Pero así como los pesqueros industriales sufren las consecuencias de los modernos piratas nicaragüenses, los pescadores artesanales también son víctimas de los desmanes. En noviembre del año pasado ocurrió un nuevo incidente entre dos lanchas de pescadores isleños y una patrullera nicaragüense. Sigmor Bryan Archbold -un isleño de 55 años que le ha enseñado el arte de la pesca a casi todos los artesanales- relató el caso a SEMANA: "Estábamos pescando cerca de Providencia cuando un guardacostas con soldados de Nicaragua nos abordó. Inicialmente nos pidieron 5.000 dólares porque dizque nosotros íbamos a comprar langosta ilegal. Pero nosotros no llevábamos ni un solo peso. Entonces uno de ellos me cogió el reloj -un Citizen corriente- y me dijo que yo debía tener dinero porque tenía un reloj. En el interrogatorio también nos preguntaban cuántos guardias había en la base naval de San Andrés, en Providencia y en los cayos. Pero como no teníamos dinero nos tendieron boca abajo sobre la cubierta de su barco por más de 11 horas y nos llevaron a Bluefields detenidos".

La lancha acompañante, que escapó del lugar, avisó al patrón de la cooperativa, quien vive en Cartagena y viajó hasta Bluefields para tramitar su liberación. Allí contacto a Luis Fernando Cuartas, cónsul de Colombia en ese puerto, y gracias a su mediación la tripulación salió de la cárcel cuatro días después, luego de que Orlando Fox -el capitán de la lancha- firmó una declaración ante las autoridades nicaragüenses en donde admitía que se encontraba pescando en sus aguas.

La situación llegó a tal punto que los pescadores artesanales tienen miedo de salir a sus faenas. Antes, entre los cayos de Albuquerque y la isla de Providencia, lograban un promedio de 1.000 libras de pescado por jornada. Ahora, cuando sólo se atreven a trabajar cerca de Serrana, obtienen apenas unas 60 libras. Por esa razón los pescadores isleños se dedican ahora a otras actividades que escasamente les dan para vivir, como pasear a turistas o dedicarse a elaborar artesanías.

La miniguerra llevó a las plantas industriales de San Andrés a una grave crisis. Según Martín Echavarría, gerente de Antillana S.A., "las pérdidas por producto que se deja de pescar, en el caso nuestro, superan los 100.000 dólares al mes". Y aunque el gobierno de Colombia se ha hecho el desentendido en esos asuntos para evitar que Nicaragua utilice los incidentes como pretexto para ventilar sus diferencias a nivel internacional, lo cierto es que la industria pesquera colombiana -débil de por sí- afronta el problema de pelear sola una cuestión que ya no es únicamente económica sino también de soberanía. Como quien dice, el asunto ya no es color de rosa.-