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| 9/26/1994 12:00:00 AM

SOBRECOSTOS AL VUELO

Una medida del Ministerio de Comunicaciones encarece la promoción de las exportaciones colombianas.

A ESCASOS DOS DIAS HABIles de terminar el último gobierno, el entonces ministro de Comunicaciones, William Jaramillo Gómez, expidió un decreto reglamentando las concesiones de servicios postales y de la mensajería especializada. El tema, por su carácter técnico, no le interesaba en principio a muchas personas. Sin embargo, la amplitud de la definición de servicios postales afecta a un porcentaje altísimo de los envíos de muestras comerciales que hacen los exportadores colombianos por medio de lo que hasta ahora se consideraba la mensajería especializada. Es decir aquellos paquetes que se le encomendaban a empresas como Servientrega, Aeromensajería, DHL o Federal Express.

La realidad es que el servicio postal y la mensajería especializada son dos cosas totalmente diferentes. El primero se caracteriza por tratarse de envíos entre personas naturales y no entre empresas, por su carácter confidencial, por la sensibilidad a la tarifa y por la relativa insensibilidad a la rapidez en la entrega. La mensajería especializada, por el contrario, se caracteriza por tratarse de envíos de carácter comercial, donde la confidencialidad no es importante, la urgencia en la entrega es fundamental y la sensibilidad frente a la tarifa es baja.

El decreto tal como está planteado presenta, entre otros muchos, problemas en dos frentes esenciales para la promoción del comercio exterior: el incremento en el costo y la oportunidad en la entrega. El problema del costo está relacionado con la creación de un canon mensual a cargo de todas las empresas de servicios de mensajería especializada del 15 por ciento sobre los ingresos brutos, que en el pasado solo pagaba Avianca como retribución por el monopolio postal a una tasa del 30 por ciento.
En la medida en que el decreto considera servicio postal todo envío de menos de dos kilogramos, queda incluido dentro de esa categoría un porcentaje muy alto de los envíos de muestras comerciales. Eso convertirá a Colombia en unos de los países con los mayores costos de promoción de exportaciones del mundo.

También existen graves problemas de oportunidad. En la medida en que los envíos quedan amparados por la confidencialidad del servicio postal se hace imposible implementar los esquemas de inspección y control por parte de las compañías de mensajería. Eso obliga a realizar las inspecciones aduaneras en los puertos de destino, sin que los exportadores puedan beneficiarse de la confianza de que gozan esas empresas frente a las aduanas de los diferentes países. La consecuencia es el incremento en los plazos de entrega por la congestión y la demora. De ahí que muchas muestras no llegarán en la fecha en que se necesitan.

El principal beneficiario de la reglamentación es Adpostal. Esa entidad ha sobrevivido hasta ahora gracias al canon que pagaba Avianca por el monopolio postal y que ahora le pagarán todas las empresas de servicios de mensajería especializada. Eso le representa ingresos del orden de los 10.000 millones de pesos al año. Pero la aerolínea también se beneficiará en la medida en que la reducción del canon a la mitad, le ahorrará cerca de seis millones de dólares al año. Lo irónico de la medida es que no busca nada diferente a garantizar un monopolio de Estado -que es incluso inconstitucional- y unos pocos empleos públicos en una época marcada por las privatizaciones y el traspaso al sector privado de las tareas que no responden a las funciones esenciales del Estado.
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