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| 1/15/2011 12:00:00 AM

Solo 32.000

Un reducidísimo número de colombianos pagará el impuesto al patrimonio, el cual se invertirá para atender la tragedia invernal. La increíble cifra revela una enorme desigualdad y una gran evasión.

La reparación de los daños causados por la tragedia invernal recaerá en los hombros de un pequeño número de colombianos: las personas, naturales y jurídicas, que tengan patrimonios superiores a 1.000 millones de pesos. Así lo establecen los decretos emitidos por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos al amparo de la Emergencia Económica, Social y Ecológica.

La consideración de que este grupo sea el mayor aportante es acertada, pues lo componen los más pudientes y quienes están en capacidad de meterse la mano al bolsillo. Pero ¡oh, sorpresa!, los cálculos de a cuántas personas naturales cobijaría asombraron a más de uno: solo 32.000 colombianos. La cifra llama la atención por donde se le mire. En números cerrados, poco más de 22.000 personas naturales tienen entre 1.000 y 2.000 millones de pesos de patrimonio; algo más de 7.000 colombianos tienen entre 2.000 y 3.000 millones; unas 1.400 cuentan con una riqueza entre 3.000 y 5.000 millones y apenas 500 tienen más de 5.000 millones de pesos.

El dato es muy bajo para un país de 45 millones de habitantes. Que solo el 0,2 por ciento de la población ocupada, que asciende a 18 millones de personas, tenga un patrimonio superior a 1.000 millones de pesos muestra el grado de desigualdad de Colombia y una enorme evasión. Esto último se debería a una significativa subvaloración de los patrimonios que se declaran, con el fin de pagar menos impuestos.

Ninguno de los dos fenómenos -desigualdad y evasión- es nuevo. Colombia es uno de los países de América Latina con peor distribución del ingreso. El coeficiente de Gini, que es el indicador más usado para medir la desigualdad, es de 0,58, el segundo más alto en la región después de Haití, donde es de 0,59 (cero es la equidad perfecta y uno la desigualdad total).

Y en cuanto a la evasión, ya se sabe que es uno de los deportes favoritos de los colombianos. La tasa en renta es del 28 por ciento y en IVA, del 21 por ciento. La Dian calcula que en todos los tributos la evasión asciende a 28 billones de pesos.

La verdad es que no se necesita ser un auténtico multimillonario para tener un patrimonio de 1.000 millones de pesos. Una persona con una vivienda ubicada en estratos 5 o 6 en una capital importante, más una finca de recreo y un vehículo llega fácilmente a esa suma. Como dice el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, alguien que durante buena parte de su vida laboral haya ganado en promedio 10 millones de pesos al mes pudo haber construido un patrimonio de 1.000 millones de pesos. "Es absolutamente sorprendente y no cuadra con la información que uno tiene de diferentes bases de datos de lo que es la riqueza en el país. Colombia tiene una muy baja distribución del ingreso pero no es tan mala para que solamente haya 32.000 personas con más de 1.000 millones de pesos de patrimonio", dice Ortega.

Solamente en Bogotá hay poco más de 130.000 predios residenciales de estratos 5 y 6, y se sabe que la mayoría de estas viviendas superan los 500 millones de pesos en su valor de mercado. Esto significa que solo en Bogotá se podrían encontrar las 32.000 personas naturales que tendrán que pagar el impuesto.

Los expertos creen que hay una práctica, nociva y generalizada, de tener catastros subvaluados, tanto en lo urbano como en lo rural, para esconder patrimonios. No es un secreto que hay viviendas muy suntuosas en su apariencia externa e interna, pero el avalúo catastral no capta esta información. En muchas ciudades el avalúo de las viviendas sigue en niveles del 40 por ciento del valor real de mercado.

En muy pocas ciudades se ha hecho un esfuerzo realmente serio por actualizar el catastro. Medellín y Bogotá son las que más han avanzado. La secretaria de Hacienda de Bogotá, Beatriz Arbeláez, dice que la capital de la República llevó el avalúo hasta el 60 por ciento del valor comercial de los inmuebles, que hasta 2006 estuvo en el 40 por ciento.

Aunque se superó un poco el rezago, todavía existe una brecha grande entre el avalúo catastral y el valor comercial. Según la Secretaría Distrital de Impuestos, de los 130.000 predios en estratos 5 y 6 solo hay 6.000 viviendas avaluadas en más de 600 millones de pesos. Y por más de 1.000 millones de pesos, solo 1.852.

Al ex director de la Dian Horacio Ayala no le queda duda de que hay una inmensa evasión a la hora de declarar los patrimonios, especialmente cuanto se trata de la finca raíz. "Nadie declara el valor real en la escritura cuando compra un inmueble". Y nadie puede tirar la piedra: ni los constructores, ni los vendedores, ni los compradores. Si se escritura por el valor real, el comprador tendrá que explicar de dónde sacó el dinero, y si no lo tenía declarado, tendrá problemas. El vendedor no quiere pagar impuestos por la utilidad en la venta que hizo. A todos les conviene registrar las transacciones por menor valor al real y hacerle conejo al fisco. Bastaría con cruzar información del catastro de Cartagena, donde hay inmuebles de más de 9 millones de pesos el metro cuadrado, para pillar a más de uno mal parado.

Pero si hay problemas con los avalúos de los predios urbanos, ni qué decir en los rurales. Según cifras del Ministerio de Agricultura, el avalúo catastral del país vale 500 billones de pesos (Bogotá vale 200 billones) y todo el sector agrario alcanza 70 billones.

Para el decano de Economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Salomón Kalmanovitz, el gobierno anterior siempre encontró justificaciones para no actualizar los catastros rurales. "Aunque hay un Conpes que ordena ajustarlos, cada año se encontraba una excusa para no hacerlo: que los problemas de orden público, que el invierno, que la seguridad…". En esto, dice, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) tiene una gran responsabilidad, pues es la entidad encargada de elaborar el catastro nacional de la propiedad inmueble. En muchas zonas del país grandes haciendas pagan por hectárea hasta menos de un 30 por ciento de su valor de mercado. En este sentido, el director de la Dian afirma que el país está en mora de dar la discusión de cómo se debería fijar el valor de los predios. "No todos se deben valorar por los precios del mercado. La tierra rural requiere un tratamiento diferente en función de garantizar que haya una productividad y actividad rentable".

También existe el problema de que no es fácil saber quién es el dueño de la propiedad. La información de la Oficina de Registros e Instrumentos Públicos no es lo suficientemente efectiva para saberlo, lo cual dificulta aún más 'pescar' patrimonios. La Secretaría de Hacienda del Distrito hace un año detectó que el 70 por ciento de los predios tienen más de un dueño. Hoy, es un camello tratar de identificar en un solo inmueble qué tanta propiedad tiene alguien.

Así las cosas, determinar la riqueza patrimonial de la gente es casi un imposible. Se requiere de un sistema de información en el que el Estado se ponga al nivel de los países modernos. El director de la Dian dice que es el gran reto que tiene el gobierno: disponer de información discriminada de vehículos e inmuebles y poder cruzar diferentes fuentes.

La gente aprovecha la actual falla en los sistemas de información para pasar por debajo sin pagar o escondiendo parte del valor real de su riqueza.

El gobierno quiere incluir este tema en la reforma tributaria estructural que llevará al Congreso este año. La idea es recopilar la información catastral y de vehículos y poder cruzarla para tener más claridad de lo que son los patrimonios de la gente.

El gobierno está decidido a meterle la mano al tema. En el proyecto de ley de tierras, la idea, según el ministro Juan Camilo Restrepo, es completar la formación catastral rural y actualizar el 50 por ciento de los predios. Un tema que seguramente causará polémica es la modernización de los avalúos y el recaudo predial con una tarifa mínima que se elevaría al 4 por mil.

La verdad es que si todos pusieran sobre la mesa las cifras reales de su patrimonio, seguramente Colombia seguiría siendo un país muy desigual, pero saldrían a flote los ricos que ahora se escondieron y no tendrán que pagar el nuevo impuesto al patrimonio.
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