SUBASTA LATINOAMERICANA

UNO DE LOS FENOMENOS que normalmente acompañan a la liberalización de las economías es la privatización de las posesiones estatales. Y eso tiene su razón de ser dentro de la lógica neoliberal: las empresas del Estado han dado muestras de ser ineficientes y costosas. Con gran frecuencia, los estados financieros se reflejan en un pobre desempeño por el tamaño -desproporcionado por las elevadas cuotas burocráticas- y la desidia con que ejecutan la actividad comercial. Si a eso se agrega la mala administración y la negligente política de mantenimiento estatal, los índices de eficiencia son todavía más pobres.
Por eso se fue abriendo paso el concepto de las privatizaciones y América Latina no ha sido la excepción. Desde 1990, países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México, Perú y Venezuela han vendido empresas estatales por más de 45.000 millones de dólares. Y según un informe reciente de la revista Latin Finance, en América Latina 'existen proyectos de electricidad, telecomunicaciones, ferrocarriles, acueducto y alcantarillado que suman cerca de 36.000 millones de dólares y se están ofreciendo a los inversionistas privados".
Dentro de ese conjunto, sin embargo, el récord de Colombia no ha sido particularmente destacado. Incluso hasta enero del presente año se podría calificar de pobre. Si se suman las ventas de los bancos de Los Trabajadores, Tequendama y Comercio -efectuadas al principio de la administración Gaviria -a las privatizaciones de empresas del IFI y a las de los Terpel, la suma recaudada por el Estado no supera los 150 millones de dólares. Los resultados del presente año han mejorado sustancialmente la posición y es de esperarse que al terminar el presente gobierno se hayan recaudado más de 2.000 millones de dólares. Según manifestó el ministro de Hacienda, Rudolf Hommes, en su discurso en la convención de Asobancaria la semana pasada, "el gobierno va a percibir ingresos por privatizaciones del orden de 850.000 millones de pesos, recursos que representan aproximadamente 1,6 por ciento del PIB, e ingresos porconcepto de licencias para desarrollar la telefonía celular de 970.000 millones, 1,8 por ciento del PlB".
¿Cómo se compara ese resultado frente a otros países de América Latina? Probablemente no tan bien. Argentina, por ejemplo, ha logrado recaudar 8.900 millones de dólares por la venta de sus posesiones desde 1989 y en este año piensa realizar ventas adicionales por cerca de 1.500 millones de dólares.
Brasil, por su parte, comenzó su programa de privatización en 1990 -como una medida complementaria a la política antiinflacionaria- y hasta julio de 1993 habían pasado a manos privadas 21 compañías que le representaron 5.400 millones de dólares. Para este año, hay 35 empresas estatales en lista para ser privatizadas y su valor se calcula en 5.000 millones de dólares.
El caso de Chile, aunque se trataba de devolver lo nacionalizado por Allende, no deja de ser interesante. El primer programa de privatización, que se llevó a cabo entre 1974 y 1982, le reportó al gobierno 932 millones de dólares. El segundo proceso, que se cumplió entre 1985 y 1989, generó 1.415 millones dólares. Eso, sumado a las pequeñas privatizaciones del gobierno de Patricio Alwin, que generaron 30 millones de dólares, arroja un total del orden de 2.400 millones de dólares.
Lo de México es tal vez lo más impresionante. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se privatizaron más de 400 empresas que generaron ingresos para ese país por 22.750 millones de dólares. Aunque lo que queda por privatizar en México sea poco, el gobierno impulsa ahora el sistema de concesión de obras de infraestructura para particulares.
Perú ya ha privatizado el 40 por ciento de las 230 empresas que controlaba en 1992, con un beneficio para el gobierno de unos 500 millones de dólares. Además, la política de cesión a particulares ha contribuido a reducir el alto índice de inflación que afectaba a la economía peruana.
Por último, Venezuela vendió 24 compañías estatales por valor de 2.340 millones de dólares. Como resultado de ese proceso, además, 43.000 empleados del sector oficial se han convertido en accionistas de sus empresas y el gobierno ha hecho un ahorro de cerca de 1.000 millones de dólares por concepto de mantenimiento en las empresas que privatizó.
Ante esos resultados, el gobierno del presidente Gaviria tendrá que correr en los pocos meses que le quedan para concretar las privatizaciones pendientes y asegurarle a Colombia una buena calificación en esta materia que es un gran anzuelo para atraer la inversión extranjera.