Subasta de tecnología 4G: decisión salomónica

En las últimas semanas el sector de las telecomunicaciones ha sido un auténtico hervidero. Uno de los principales motivos es la subasta para adjudicar la tecnología 4G, proceso que ha despertado un candente debate entre los operadores del mercado. Otras de las razones del alboroto son las quejas por la posición dominante que ostenta la empresa Claro y los reclamos de quienes piden mayor control del Estado.

Pues bien, después de acaloradas discusiones, de recriminaciones mutuas y de toda clase de especulaciones frente a la subasta, por fin el gobierno destapó sus cartas.

El ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano, presentó las bases y condiciones para adjudicar el espectro radioeléctrico que les permitirá a los operadores móviles ofrecer servicios de 4G, es decir internet móvil de alta velocidad, el gran salto tecnológico de los últimos años. Al mismo tiempo, el ministro anunció un importante paquete de medidas para fomentar la competencia en el sector.

La decisión del gobierno frente a la subasta no era para nada fácil, pues están involucrados pesos muy pesados del sector de las telecomunicaciones en América Latina. El hombre más rico del mundo, Carlos Slim, dueño de Claro, estuvo en el país y anunció grandes inversiones siempre y cuando a su empresa no la excluyeran del proceso de subasta. Por otro lado, también había presiones de quienes, desde la competencia de Claro y hasta del Congreso pedían dejar por fuera de la subasta a la compañía del magnate mexicano.

Con tantos intereses, cada uno con sus respectivas lógicas y razones, puede decirse que el gobierno tomó una decisión salomónica para tratar de dejar contenta a la mayoría. Según Molano, se hará una subasta abierta para permitir la participación de todos los operadores interesados en hacerse a una tajada del espectro. Claro solo podrá participar en la banda de 2.500 megahertz (MHz) donde se requieren más inversiones pues hay que poner más antenas para extender el servicio y no hay un amplio número de aparatos celulares disponibles. Con esta jugada el gobierno no deja por fuera al operador Claro, pero tampoco lo premia, pues no le permitirá participar en la que se considera la joya de la licitación que es la subasta de la frecuencia de 1.700 MHz que permite mayor cobertura y menores inversiones.

Además, el gobierno prepara un apretón para Claro reduciendo las tarifas de las llamadas que hacen los usuarios desde este operador a otras redes. Este operador cobra, en promedio, 200 pesos el minuto cuando sus clientes llaman a otras redes, mientras que otras compañías cobran menos de 100 pesos el minuto. El gobierno también anticipará la reducción de los cargos de acceso por llamada que termina en la red Claro, de 84,15 pesos a 42,49 pesos.

Lo que busca el gobierno con las medidas que tomó es propiciar una mayor competencia por la vía de tarifas y a través del ingreso al mercado nuevos competidores.

¿Pero sí quedaron todos contentos como pretendía el gobierno? Ese mundo feliz no existe en el libre mercado donde cada competidor quiere imponerse sobre los demás. Juan Carlos Archila, presidente de Claro calificó como un castigo que los dejaran subastar en la frecuencia de 2.500 MHz y no en la de 1.700, que era a la que aspiraban, y de paso recordó el aporte que su empresa ha hecho a Colombia. “Esto es discriminatorio con una compañía que ha realizado inversiones superiores a los 10.000 millones de dólares en el país en los últimos años y que tiene 34 millones de usuarios”.

Movistar, con 24 por ciento del mercado, espera aumentar su participación. La operadora era partidaria de dejar por fuera a Claro en la subasta por lo difícil que ha resultado regularlo. Considera, sin embargo, que con estas medidas el panorama podría cambiar porque se fomenta la competencia. Alfonso Gómez, presidente de Telefónica Colombia, asegura que Movistar está listo para invertir millonarios recursos, pese a los problemas financieros que afronta Telefónica en España por la crisis económica de esa nación.

Algunos analistas creen que el más beneficiado con las decisiones del gobierno será precisamente Movistar. El experto en telecomunicaciones Germán González, afirma que esto podría levantar suspicacias porque el gobierno es accionista de Movistar en un 30 por ciento y podría interpretarse que reguló en su favor. Hay que decir, sin embargo, que esta es una posición en la que el Estado se ve en muchas otras ocasiones, como en el caso de Ecopetrol, y el mercado no lo ha interpretado como un conflicto de intereses.

En el caso de UNE EPM es la única que ofrece servicios con tecnología 4G porque hace dos años ganó la subasta que hizo el gobierno. Actualmente presta el servicio en Bogotá y Medellín y en los próximos días lo hará en Bucaramanga, Cali y Barranquilla. No ha podido, sin embargo, masificar el servicio porque le dieron una frecuencia de 2.500 MHz que requería de mayores inversiones y había que limpiarla porque estaba siendo utilizada por entidades del Estado. UNE pujará por menores frecuencias para ampliar su servicio a zonas rurales.

Avantel, que aspiraba a que el gobierno hiciera una reserva de espectro para que las compañías que entraban al mercado por primera vez pagaran un precio menor en la subasta, anunció que con estas condiciones se marginarán del proceso. Jorge Andrés Palacio, su presidente, si bien considera positivo que se regule a Claro, no es partidario de poner a competir en igualdad de condiciones a un operador entrante frente a los que están establecidos desde hace años y tienen economías de escala que les permiten absorber las millonarias inversiones que se requieren. Falta ver si otros operadores que aspiran a entrar continúan con sus intenciones. Ese es el caso de DirecTV, la mexicana TV Azteca, Entel y Nextel, entre otras.

Solo en febrero del año entrante se sabrá cómo participarán los interesados en 4G y cómo se va a reacomodar el mercado. La decisión del gobierno fue la de un ajedrecista:políticamente astuta –no pisó demasiados callos– técnicamente acertada –fomenta la competencia– y oportuna porque busca beneficiar a los consumidores. Pero aún así dejó la sensación de que castigó al más grande por su éxito y que además, como todo parece indicar, los pequeños no se le medirán al asunto. Está por verse si logra con las medidas de reducción de tarifas nivelar el juego competitivo en el mercado en el que, por ahora, Claro seguirá siendo el rey.
 
La cuota máxima
 
Debate por proyecto de ley que busca evitar el monopolio en telecomunicaciones.
 
En su visita a Colombia hace una semana, el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, dijo que el proyecto de ley antimonopolio que se tramita en el Congreso colombiano “va en contra de la seguridad jurídica y en contra de las inversiones”. El magnate fijó su posición al respecto, porque sabe que el proyecto tiene nombre propio: su empresa Claro.

Según la iniciativa del senador Juan Mario Laserna, ninguna empresa de telefonía celular puede tener más de 30 por ciento de los ingresos totales en los mercados nacionales de voz, datos, contenidos y aplicaciones. En Colombia la única empresa que está en esa circunstancia es Claro. En la exposición de motivos del proyecto, se advierte que “la empresa que supere la cuota máxima de mercado, como es el caso de Claro -antes Comcel-, tendrá un plazo máximo de dos años para ajustarse a este porcentaje”.

Laserna considera que se trata de un sector estratégico para el país y que dada la posición dominante que tiene Claro, el Estado tiene que intervenir para regularlo. Claro tiene el 62,4 por ciento del total de usuarios, seguido por Movistar con un 24,7 por ciento y Tigo con un 12,4 por ciento. El 75 por ciento de las utilidades del sector corresponde a la compañía de Slim.

El tema tiene tanto de largo como de ancho. Es bastante controvertida la decisión de fijar límites basados en los ingresos de las empresas, lo cual podría ser contrario a los principios de fomentar la libre competencia y podría enviar una mala señal a los inversionistas. Pero también es cierto que el Estado tiene que entrar a regular los abusos de la posición dominante o evitar la tendencia a los monopolios que vuelven ineficientes a los mercados y afectan a los consumidores. Lo perfecto es enemigo de lo posible. Por eso lo difícil en este caso es encontrar el término justo.

Lo ideal sería encontrar el término justo. Es decir, permitir que el Estado intervenga cuando haya fallas –no hay que dejarle todo al mercado– pero tampoco ir al extremo de controlar tanto que se impida la competencia y el remedio termine peor que la enfermedad.