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| 1/31/2015 10:00:00 PM

Supersociedades reforzará vigilancia a empresas

Con multas más elevadas y nuevas facultades sancionatorias, la entidad encargada de vigilar las empresas en Colombia refuerza sus poderes.

La Superintendencia de Sociedades vigila a más de 5.000 empresas en Colombia. Dentro de su labor de supervisión atiende alrededor de 500 procesos de insolvencia al año, resuelve infinidad de conflictos que se presentan entre los socios de las compañías y vela porque las sociedades y sus directivos se ajusten a la ley y a los estatutos.

En los últimos años, la entidad ha tenido que atender los mayores escándalos empresariales de la historia reciente: la crisis de las pirámides; la caída del Grupo Nule; la debacle de InterBolsa; el derrumbe de Factor Group; y, más recientemente, los casos empresariales conectados con el edificio Space de Medellín y la Universidad San Martín.

Como se ve, el universo de asuntos que debe resolver la Superintendencia de Sociedades no solo es cada vez más amplio, sino cada vez más complejo. Por esta razón, la entidad requiere de ‘dientes’ más afilados que le permitan poner en cintura a las empresas, a las juntas directivas y a los representantes legales cuando se saltan la ley. Pues bien, el nuevo superintendente, Francisco Reyes, ya tiene listo un paquete de medidas que reforzarán los poderes de esta entidad.

Las nuevas herramientas arrancarían con multas considerablemente mayores a las actuales. La idea es equipararlas con las que rigen para la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), y pasarían de 100 millones a 60.000 millones de pesos para las empresas. Para los representantes legales, gerentes y miembros de junta directiva subirían a 1.400 millones de pesos, aproximadamente. “La idea es que estas mayores multas sirvan para sancionar a quienes incurran en graves violaciones de las normas, que puedan afectar el orden público económico”, señala Reyes. Esto se sumará a las facultades que ya tiene la entidad de inhabilitar para ejercer el comercio y retirar a los administradores de sus cargos, temas que también se reforzarán. Los ajustes se incluirán en el Plan Nacional de Desarrollo que en las próximas semanas el gobierno llevará al Congreso.

Por otro lado, la Superintendencia acaba de crear una especie de grupo elite que se encargará de estudiar los casos empresariales de mayor relevancia nacional. Según Reyes estará integrado por funcionarios de varias disciplinas que se especializarán en los procesos más complejos, de manera que se puedan resolver prontamente.

Un tema que pocos saben es que esta Superintendencia se ha convertido en el gran juzgado de la sociedad. Se estima que el 80 por ciento de los procesos que tienen que ver con el régimen de las sociedades se tramita ante esta entidad, con la diferencia de que se resuelven en mucho menos tiempo. En promedio tardan cinco meses.

Esta área también será reforzada, a través de un sistema automatizado de selección de especialistas que garantizará tener expertos profesionales para cubrir los casos de insolvencia, reorganizaciones, liquidación e intervenciones de compañías.

Parte de las nuevas facultades que tendrá la Superintendencia vendrán por cuenta de la ley sobre soborno transfronterizo. Este proyecto, presentado al Congreso el año pasado, busca castigar a las empresas colombianas que sobornen a funcionarios públicos de otro país para obtener una licitación o un contrato. Los responsables podrán ser sancionados con inhabilidad comercial hasta por diez años y multas que irán hasta 200.000 salarios mínimos.

Para completar el marco de reformas, el superintendente Reyes llevará al Congreso otro proyecto de ley para extender los beneficios de las SAS (Sociedad por Acciones Simplificada) al resto de sociedades. Hoy, el 96 por ciento de las nuevas empresas que se crean en Colombia se constituyen bajo este régimen, con más de 300.000 SAS.

En camino también viene la reglamentación de la Ley 222 que está cumpliendo 20 años, pero que, según Reyes, aún no se ha puesto al día. Esto tocará temas normativos sobre fusiones, escisiones, liquidaciones y grupos empresariales. También se actualizará la ley de insolvencia (Ley 1116 de 2006) para ponerla a tono con la realidad internacional.

Queda pendiente un gran reto del gobierno. La Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) recomendó que las superintendencias de Sociedades, Financiera y de Industria y Comercio tengan más independencia con periodos fijos para los superintendentes y con el hecho de que no puedan ser retirados de sus cargos, a menos que medien causales graves.

Con este paquete de actualizaciones, la Supersociedades quedará con ‘dientes’ mucho más afilados para controlar a quienes infringen las normas, especialmente a los más poderosos, a quienes hay que aplicar castigos más severos para que sean realmente ejemplarizantes.
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