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A tapar el hueco

Septiembre será el mes decisivo para la reducción del déficit fiscal. Se definirán las privatizaciones y la reforma tributaria.

9 de octubre de 2000

Cuando Stanley Fischer, director adjunto del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunió la semana pasada con el ministro de Hacienda colombiano, Juan Manuel Santos, no supo qué decirle. “No sé si felicitarlo o darle el pésame”, terminó por comentar después de conocer de primera mano la situación de las finanzas del gobierno. Y es que, dada la gravedad de la situación, haber capoteado las dificultades financieras y mantenido la economía a flote durante los últimos meses podría verse como un logro del gobierno. Pero seguirlo haciendo no será nada fácil. Los riesgos son muchos y las dificultades inmensas.

La situación de las finanzas públicas no da espera y septiembre será un mes decisivo para tapar el gigantesco hueco en que se ha convertido el déficit fiscal. La suerte de las principales privatizaciones, que son una pieza clave para el financiamiento del gobierno este año, se conocerá en pocas semanas. Y para despejar el panorama el próximo año el ministro Santos presentará esta semana al Congreso una propuesta de reforma tributaria más ambiciosa que la que había impulsado su antecesor Juan Camilo Restrepo. De lo que ocurra con estas —y otras— iniciativas dependerá en buena medida que la economía se estabilice y vuelva a crecer como en otras épocas.



El tamaño del deficit

El hueco de las finanzas públicas nunca había sido tan grande. Este año los ingresos del gobierno nacional serán de 21 billones de pesos mientras que los gastos serán de 31 billones. La diferencia —10 billones— equivale casi a cuatro veces el Plan Colombia. El déficit de todo el sector público, equivalente a 3,6 por ciento del Producto Interno Bruto, si bien es menor que el del año pasado sigue siendo muy elevado. Y todo indica que para reducirlo aún más se tendrán que tomar dolorosas medidas.

El desajuste de las finanzas públicas viene de atrás. Desde hace ya varios años el gobierno viene gastando más de lo que recibe. Durante la última década, mientras el gasto público se duplicó los ingresos del gobierno permanecieron relativamente estancados. Las múltiples reformas tributarias —cinco en 10 años— no han sido muy efectivas para mejorar los recaudos.

¿Por qué se incrementó el gasto de esa manera? Muchos culpan a la Constitución de 1991, que ‘amarró’ al gobierno con unos gastos que no puede recortar, como las transferencias a las regiones. Sin embargo, es claro que este no fue el único rubro que aumentó. El gasto en justicia y defensa, por ejemplo, se multiplicó. Los salarios del sector público tuvieron un incremento desordenado y en ocasiones excesivo. Además son muchos los recursos que se han perdido por la corrupción. “Para la muestra está el caso de la banca pública, donde se embolataron enormes cantidades de dinero en los últimos años”, afirma Luis Eduardo Garzón, del Frente Social y Político.



Al debe

Lo más grave de todo esto es que para no colgarse en sus pagos el gobierno no ha parado de endeudarse. El saldo de la deuda pública se duplicó desde 1990 y hoy representa casi el 30 por ciento del PIB. Este altísimo endeudamiento, a su vez, genera mayores pagos de intereses y amortizaciones que agravan el déficit. Actualmente de cada 100 pesos de impuestos que recauda el gobierno aproximadamente 80 se destinan al servicio de la deuda. Y lo peor es que mientras siga habiendo déficit la deuda pública seguirá creciendo como una bola de nieve con un efecto devastador para las finanzas públicas y la economía.

Por lo general la deuda externa es considerada como el problema más grave. Se ha encarecido por la devaluación y por la mayor prima de riesgo que exigen los inversionistas internacionales que le prestan al gobierno colombiano. Precisamente por esa mayor prima —o spread— el acceso a los recursos externos se ha tornado cada vez más costoso y difícil.

Sin embargo las gestiones del equipo económico en Washington la semana pasada podrían mejorar el panorama. La idea es que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) garanticen una emisión de bonos de deuda del gobierno colombiano por 1.200 millones de dólares. Si se obtiene el respaldo de estas instituciones sería mucho más fácil conseguir los recursos para cubrir el déficit el próximo año.

La deuda interna, en cambio, se ha convertido en un dolor de cabeza tanto para las autoridades económicas como para el sector privado. Su crecimiento ha sido exagerado y está absorbiendo los pocos recursos que las entidades de crédito tienen para prestar. “Esta competencia por los recursos presionará las tasas de interés y limitará el espacio para desarrollar inversión privada”, afirma Erica Montañez, directora de investigaciones económicas en Corredores Asociados.

Más aún, hay quienes consideran que las tasas que debe pagar el gobierno por la deuda interna son excesivamente altas. Por eso algunos han sugerido que, para disminuir ese costo, se acuda a una solución poco ortodoxa: que el Banco de la República “prenda la máquina” de hacer billetes para financiar directamente al gobierno nacional mientras pasa la crisis.

La propuesta cayó como una bomba entre los economistas. Para los más ortodoxos la emisión es escandalosa, entre otras cosas porque dispararía la inflación, las tasas de interés y de cambio. Pero no todos los expertos están de acuerdo y el debate está candente .

En todo caso, que el gobierno logre o no reducir los intereses de su deuda es un asunto que podría considerarse secundario. El problema de fondo es que mientras siga gastando más de lo que recibe el saldo de la deuda aumentará. Por eso el mayor reto que tienen por delante las autoridades económicas es parar este endeudamiento.



Sobreaguando

Hasta ahora, a pesar de todos estos problemas, el compromiso que se adquirió con el FMI para reducir el déficit se ha cumplido. Por eso la semana pasada los miembros del equipo económico que asistieron a la reunión con Stanley Fischer salieron contentos. “Nos fue bien en el intenso interrogatorio de los directivos del FMI. Los números estaban a nuestro favor”, afirmó Santos.

Pero estos resultados también se deben a la increíble buena suerte del reciente boom petrolero. El efecto de esta bonanza ha sido muy importante, si se tiene en cuenta que cada dólar de aumento en el precio internacional del crudo genera un superávit de 150.000 millones de pesos en las arcas del sector público de acuerdo con cálculos del Confis.

“Cuando se fijó la meta de déficit con el FMI se proyectaba un precio de 18 dólares por barril. Ahora a duras penas la vamos a cumplir con un precio de 30 dólares. Eso quiere decir que nos comimos la bonanza”, afirma Roberto Steiner, director del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico (Cede). Por su parte el viceministro técnico de Hacienda, Carlos Felipe Jaramillo, responde que si bien el petróleo ha sido importante, no ha sido lo único. Asegura que haber congelado los salarios altos del sector público este año ha generado un ahorro de magnitud similar. Además, en caso de no haber contado con los recursos del petróleo, seguramente se habrían hecho recortes adicionales para cumplir.

En todo caso, hasta ahora, se ha logrado alcanzar la mayoría de las metas que se tenían para este año. Pero no todas. Las privatizaciones son quizá lo más importante que falta para ‘pasar el año’ y por eso, a pesar de todos los tropiezos y de la férrea oposición de algunos sectores, el gobierno se propone seguir adelante .

Del déficit de 10 billones que tendrá el gobierno este año aproximadamente 1,4 se van a financiar con la venta de Isagen y Carbocol. Si no se llegaran a vender estas dos empresas el gobierno tendría que endeudarse aún más, algo bastante difícil en las actuales circunstancias.

Muchos críticos han señalado la inconveniencia de privatizar estas empresas ya que se están vendiendo las ‘joyas de la corona’ para pagar burocracia y no para hacer inversiones que mejoren la productividad o hagan al país más competitivo. Pero más allá del debate filosófico lo cierto es que se necesitan porque si no el Estado no podrá cumplir con sus obligaciones este año. Lo triste es que la cosa no para aquí. Para darle una solución de fondo al problema fiscal se necesita mucho más.



El todo por el todo

El gobierno enfrenta actualmente el dilema que tiene una familia cuando no le alcanza la plata. No queda más remedio que gastar menos o buscar nuevas fuentes de ingresos. Y para equilibrar las finanzas públicas el objetivo del gobierno es hacer ambas cosas.

El Ministro de Hacienda ha sido claro en afirmar que, así como algunas entidades territoriales se han dado la pela recortando gastos, el gobierno central debe hacer lo propio. Por eso hace unas semanas anunció un recorte que implicaría el cierre de numerosas entidades y el despido de varios miles de empleados. La propuesta causó tal revuelo que aún no termina. En todo caso, si bien se sabe que el gobierno va a reducir el gasto, no se conoce aún con certeza cuál será el tamaño del recorte. Los estudios y las discusiones continuarán unas semanas más.

De otro lado, es un hecho que el gobierno se la va a jugar a fondo con una reforma tributaria ambiciosa y va a llevar el proyecto de ley al Congreso en el transcurso de esta semana. El propósito es recaudar cuatro billones de pesos adicionales el próximo año.

Esta reforma es polémica. Más impuestos en una economía que aún no se recupera de la recesión es, para muchos, sencillamente una locura. “Al reducir los ingresos de las familias se reduciría la demanda y la recesión se haría más profunda”, afirman varios expertos. Otros consideran que si bien este puede ser un costo en el corto plazo a la larga resultaría peor no hacerlo. Juan Mario Laserna, director de crédito público en el Ministerio de Hacienda, opina que no hacer el ajuste significaría “más deuda, mayores tasas de interés, inestabilidad cambiaria y una caída de la economía el próximo año”.

Más allá de este debate, el efecto de la reforma dependerá de cómo se haga. Al respecto hay muchas dudas que sólo quedarán claras cuando se conozca el proyecto de ley. De todas maneras se sabe que no subirán las tasas de los impuestos. Incluso, no se ha descartado que haya una reducción en la tasa del impuesto a la renta. En cambio se buscará prácticamente eliminar las múltiples exenciones tributarias que hay en la actualidad. Muchos contribuyentes nuevos empezarán a pagar el impuesto a la renta y muchos productos nuevos el IVA.

Otra preocupación que tienen los ciudadanos frente a la reforma es el 2 por mil. Algunas propuestas hablan de elevarlo a 10 por mil (1 por ciento) y hacerlo deducible del impuesto a la renta. El gobierno, sin embargo, es consciente de los peligros de esta propuesta. Para la muestra está el ejemplo de Ecuador, que estableció el 10 por mil a principios del año pasado. A las pocas semanas arruinó su sector financiero cuando todos los ciudadanos corrieron a retirar sus depósitos para meterlos ‘debajo del colchón’. En todo caso, cada vez es más claro que aun si la reforma no aumenta el 2 por mil es muy poco probable que lo desmonte.

Los productos que aún están exentos de IVA son los más ‘sensibles’, como los alimentos y los servicios públicos. De ahí que el tránsito de esta ley por el Congreso pondrá a prueba el liderazgo y la capacidad de convocatoria del nuevo Ministro y la de su par, el Ministro del Interior.

En lo que resta de este año el gobierno se va a concentrar en atacar el problema de fondo de la economía: el déficit público. Las próximas semanas serán decisivas. Del éxito del gobierno con las privatizaciones, su temple para recortar el gasto y su tino para aprobar una reforma tributaria que no ahonde la recesión dependerá la suerte económica del país este año y el próximo.