Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2010/11/20 00:00

¿Tatequieto a gabelas?

El gobierno le dará un giro a la política de estímulos tributarios. Será menos generoso a la hora de aprobar zonas francas y contratos de estabilidad jurídica.

Al ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, le corresponde tratar de tapar el hueco fiscal, pero el costo de los beneficios tributarios  entregados puede ser un desangre.

Una de las prioridades económicas del gobierno de Álvaro Uribe fue atraer inversión privada y aumentar la generación de empleo con una generosa política de estímulos tributarios. Durante los últimos ocho años se firmaron más de 60 contratos de estabilidad jurídica entre el Estado y grandes compañías, se les dio vía libre a casi 80 zonas francas y decenas de empresas se beneficiaron con la deducción por inversión en activos fijos y con las exenciones por inversiones sectoriales (hoteles y cultivos de tardío rendimiento).

Defendida a capa y espada por el ex presidente Uribe, la estrategia también ha sido muy controvertida por su costo fiscal -unos 8 billones de pesos al año- y por su baja relación costo-beneficio, sobre todo en materia de empleo (la tasa de desocupación sigue rondando el 11 por ciento). Muchos analistas han sido duros con esta política porque ha agravado el hueco fiscal del gobierno y ha generado un gran desorden tributario en el país. El ex ministro de Hacienda Guillermo Perry llegó a decir que con tantos estímulos el gobierno creó un Frankenstein que después sería muy difícil de desactivar.

El debate no podía pasar inadvertido para el nuevo gobierno de Juan Manuel Santos, y en sus primeros 100 días ya hay indicios de que habrá un giro en la política de estímulos a los empresarios. Lo mínimo que se puede decir es que la nueva administración no será tan prolífica en el otorgamiento de estos regalos tributarios.

El presidente Santos se encontró con una situación fiscal mucho más compleja de lo que pensaba y, ante la promesa de campaña de no aumentar las tarifas de impuestos, estos estímulos tributarios pueden volverse un desangre insostenible. El problema es que detenerlo abruptamente no parece conveniente porque enviaría señales equivocadas a los inversionistas, que las interpretarán como un cambio en las reglas del juego. "No hay que dañar el clima de inversión tan positivo que tiene el país", dice un analista.

El gobierno, en consecuencia, anda en busca de mecanismos jurídicos que le permitan corregir las cosas que no han salido bien con los excesivos alivios tributarios entregados por la anterior administración. El presidente Santos y su equipo económico, además, tienen ideas propias, planes y estrategias para estimular la inversión. El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, le dijo a SEMANA que no están pensando en desactivar los estímulos tributarios en su totalidad, pero sí darles un giro para corregirlos, con el fin de reparar las desigualdades que se han generado.

Para comenzar, se acelerará el desmonte de la deducción del 30 por ciento (llegó a estar en el 40 por ciento) por inversión en activos fijos. Casi a cuatro billones de pesos asciende el costo fiscal de esta prebenda, recursos que al gobierno le caen de maravilla para cumplir con sus promesas de campaña. La idea surgió de los propios empresarios de la Andi, y el gobierno la acogió de inmediato y la incluyó en el proyecto de reforma tributaria que hace tránsito en el Congreso.

Para muchos críticos este alivio tributario fue excesivo, pues la revaluación del peso ya era un estímulo suficientemente importante para que las empresas se modernizaran y muchas compañías, con esta gabela o sin ella, habrían hecho las inversiones para adquirir la maquinaria y los activos que necesitaban.

Con el resto de gabelas tributarias, como las zonas francas o los contratos de estabilidad jurídica, la idea es defender el principio de que las normas mientras más generales sean, más evitan que haya privilegios para unos pocos. Esto significa que no se repartirán a manos llenas estos beneficios y que el gobierno será más selectivo a la hora de entregarlos.

El Ministro de Hacienda, por ejemplo, se opone a que se incluyan en los contratos de estabilidad jurídica tributos transitorios, porque considera que eso equivale a convertirlos en un privilegio permanente para la empresa. Es el caso del impuesto al patrimonio, que casi todas las compañías que han firmado contratos de estabilidad jurídica han incluido como norma para estabilizar o congelar. Compañías como Alpina, Bavaria, EPM, ISA, Avianca, Leonisa, Sofasa, Avesco, Cine Colombia, entre otras, están por fuera de este impuesto hacia el futuro, por lo menos hasta la vigencia del contrato que alcanza dos décadas.

Otros analistas consideran que los acuerdos de estabilidad solo se deberían firmar cuando las finanzas públicas del país estén sanas. Según el decano de Economía de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, "si un país no ha estabilizado su situación fiscal es altamente inconveniente regalar impuestos y comprometerse además contractualmente con el regalo".

Aunque las empresas se comprometen a realizar una nueva inversión y generar un número determinado de empleos y pagar una prima o seguro para tener derecho al contrato, el problema es que restringen el poder tributario de los gobiernos subsiguientes y, por ende, afectan la potencialidad de su recaudo futuro.

Además, por el hecho de que cada empresa pueda escoger qué impuestos o normas congela, ha terminado por enredar el Estatuto Tributario, ya de por sí demasiado complejo. Para Horacio Ayala, ex director de Impuestos, "se está creando una especie de 'estatuto tributario' por compañía, lo que dificulta el control para la Dian".

En este momento hay en fila cerca de 120 empresas que aspiran a firmar contratos de estabilidad jurídica con el Estado. Lo importante es que el comité que decide la firma de estos pactos, integrado por varios ministros tiene un grado de discrecionalidad para aprobarlos. Hasta dónde va esta facultad es objeto de debate entre tributaristas.

El ministro Echeverry afirma que es amigo de este tipo de contratos, pero quiere que cada uno se mire con lupa para evitar que se generen factores de desigualdad entre las empresas y se amarre al gobierno por un espacio de 20 años.

En lo que tiene que ver con las zonas francas, el gobierno quiere revisar a fondo este mecanismo, particularmente las llamada zonas 'uniempresariales'. En la actualidad, una única empresa se puede constituir como zona franca y obtener los beneficios propios. Muchos analistas piensan que esta modalidad de zona franca es altamente inequitativa con las demás empresas y puede desestimular a muchas. Dentro del gobierno, algunos son partidarios de ir marchitando esta modalidad.

Nadie se opone a la versión original de zonas francas como mecanismo promotor de las exportaciones. El asunto es entregarlas bien, y, como dice el ministro de Hacienda, la clave está en ser mucho más drásticos a la hora de aprobarlas. El gobierno tiene un buen margen de maniobra para hacerlo, a través del comité competente.

En síntesis, el presidente Uribe se la jugó con los beneficios tributarios como fórmula para promover la confianza inversionista, algo que sin duda fue muy loable pero que, por la generosidad con que se repartió, generó enormes distorsiones y desigualdades.

Ahora, con la crisis financiera las cosas han cambiado en todo el mundo, y muchos economistas comienzan a revaluar esos instrumentos que van dirigidos exclusivamente a favorecer el capital. No se trata de satanizar los estímulos tributarios, sino de saberlos entregar y medir bien la relación costo-beneficio. La experiencia de entregar prebendas a manos llenas mostró que muchas veces el remedio resulta peor que la enfermedad.

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