Domingo, 22 de enero de 2017

| 2002/06/17 00:00

Teléfono roto

El fantasma de la liquidación ya empezó a rondar a Telecom. Queda poco tiempo para hacer los cambios que le devuelvan la viabilidad.

A juicio del gobierno, modificar la convención colectiva para reducir su costo es un paso necesario pero no suficiente para sacar la empresa adelante. Lo otro que haría falta sería liquidar los 'joint venture' en unos términos más favorables de lo que aspiran las multinacionales

La negociacion de la convencion colectiva de Telecom este año, más que una puja rutinaria por el alza salarial, ha sido una dura discusión entre empresa y sindicato sobre los temas de fondo que afectan la viabilidad de la empresa. Tal vez por eso el conflicto laboral resultó más largo y enredado de lo previsto.

La semana pasada, después de más de 20 días de cese de actividades, se radicalizaron aún más las posiciones. La empresa hizo saber que había solicitado al Ministerio de Trabajo declarar ilegal el cese de actividades, lo cual la facultaría para no pagarle, e incluso despedir, al personal involucrado en la huelga. Días antes el gobierno había anunciado, a través de los ministros de Hacienda y Comunicaciones, que estaba considerando seriamente la posibilidad de liquidarla ante la imposibilidad de lograr acuerdos que le devuelvan la viabilidad.

El sindicato, por su parte, se ha mantenido firme en sus posiciones no sólo frente al pliego de peticiones sino frente a la crisis de Telecom. Para los dirigentes sindicales su lamentable situación financiera no se debe a los costos laborales sino a la imprevisión e irresponsabilidad de administraciones anteriores, que no hicieron a tiempo las provisiones para el pago de pensiones como mandaba la prudencia financiera, y además la embarcaron en negocios que resultaron desastrosos, como los famosos contratos de riesgo compartido, también conocidos como joint ventures.

Este es quizás el problema más grande que enfrenta Telecom. Los 15 contratos que firmó entre 1993 y 1998 con seis multinacionales para instalar un millón y medio de líneas telefónicas resultaron en una deuda gigantesca. Las proyecciones financieras implícitas en los contratos no se cumplieron y ahora Telecom, que se había comprometido a garantizarles una rentabilidad mínima a las compañías que participaron de los joint venture, tendrá que pagarles una suma que oscilaría entre 800 millones y 1.500 millones de dólares, según la forma como se interpreten los contratos.

Si a esto se suma un pasivo pensional de más de cinco billones de pesos y unas pérdidas operacionales que superan el 30 por ciento de sus ingresos, queda claro que ésta no aguanta mucho tiempo más en estas condiciones. La situación es tan difícil que las decisiones de fondo se volvieron inaplazables.



El plan

En diciembre pasado el gobierno plasmó por escrito, en un documento Conpes, las políticas que se proponía llevar a cabo para devolverle la viabilidad a la empresa. Este concluyó que para darle una solución integral a los problemas de Telecom había que actuar simultáneamente en tres frentes: los joint venture, los costos laborales y la estructura organizacional.

En cuanto a los contratos de riesgo compartido el propósito del gobierno es lograr que, al momento de la liquidación de los mismos, las compañías asociadas acepten la interpretación jurídica de Telecom, que implica unos menores pagos. La otra alternativa es liquidar los contratos de manera anticipada, negociando unos pagos más favorables para la empresa estatal.

De no hacerse una de estas dos cosas el riesgo para Telecom es que le siga ocurriendo lo que le pasó la semana antepasada con Nortel. Como no hubo acuerdo entre las partes sobre la interpretación del contrato la disputa pasó a un tribunal de arbitramento y después al Consejo de Estado, con resultados adversos para Telecom. Si los otros contratos también se van a tribunal no está garantizado que prime la interpretación que Telecom les da y ésta podría verse obligada a pagar aún más dinero.

En el tema laboral el Conpes planteó la necesidad de lograr un acuerdo con el sindicato para reducir los costos derivados de la convención colectiva e introducir mayor flexibilidad en el manejo del personal. En cuanto a la estructura organizacional de la empresa, la idea era crear una matriz (holding) que se hiciera cargo de la operación de las llamadas teleasociadas, que son las telefónicas locales que tiene Telecom en varias ciudades, lo cual ayudaría a mejorar la gestión comercial y operativa.

El gobierno se comprometió a que, si se lograban estos acuerdos con las multinacionales de los joint venture y con el sindicato, otorgaría un aval hasta por 600 millones de dólares para que Telecom consiguiera los recursos de crédito que necesita para atender los pagos que se le vienen encima en los próximos años. La lógica de esta propuesta era que si las multinacionales y el sindicato cedían en sus aspiraciones el gobierno ayudaría con plata.

Pero las partes no han cedido tanto como el gobierno quisiera, al menos por ahora. Las multinacionales no parecen estar muy dispuestas a aceptar la interpretación jurídica que Telecom les da a los contratos de riesgo compartido. "El diálogo ha sido infructuoso. La posición de Telecom se ha convertido en una camisa de fuerza", dice Sergio Martínez, presidente de la Cámara Colombiana de la Informática y las Telecomunicaciones, que tiene la vocería de las multinacionales de los joint venture.

Por el lado laboral la empresa tampoco ha logrado mucho. En un primer acuerdo se decidió aplazar la creación de la holding que Telecom quería, lo cual fue un primer triunfo para el sindicato. La flexibilidad en el manejo del personal y el costo de la convención, que eran las otras metas, seguían embolatadas al cierre de esta edición pues todavía no se había logrado un acuerdo.

Mientras tanto la empresa ha perdido 1.300 millones de pesos diarios durante el paro. Esto sin contar la pérdida permanente de los clientes que se han ido a la competencia y serán difíciles de recuperar. Por eso el fantasma de la liquidación ya empezó a rondar. Los gobiernos saliente y entrante deberán calcular cómo se pierde menos plata: si dejando la empresa seguir como va o liquidándola. La supervivencia de Telecom dependerá de que los acuerdos que se logren con trabajadores y acreedores sean sufientemente favorables para la empresa. 0

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