Tierra movediza

Parece que el ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, y el director del Invías, Daniel García, no logran pisar terreno firme en el proceso licitatorio del túnel de la Línea. La semana pasada se frustró el tercer intento por asignar una de las obras prioritarias de ingeniería del país, y el cuarto proceso empieza embolatado.

A pesar de que el gobierno nacional anunció la apertura de una nueva licitación para la semana pasada, ésta no se pudo cumplir. El proceso se debe regir por lo establecido en la reforma de la Ley 80 que fue aprobada el año pasado, la cual impide que se abra la licitación sin que haya diseños y estudios que soporten el presupuesto de la obra. Y como el presupuesto aumentó de manera considerable, el gobierno nacional está buscando de dónde podrían salir los recursos adicionales.

Cuando de plata se trata, el asunto no es simplemente girar y menos si estos son dineros públicos. El tema tiene que pasar por Planeación Nacional y finalmente ser aprobado por el Consejo Económico de Política Fiscal (Confis). Mientras tanto, lo máximo que se puede hacer es publicar los prepliegos. Así que el asunto probablemente se va a demorar más.

No hay que olvidar que se trata del trabajo de ingeniería más desafiante de los últimos años: dos túneles de 8,8 kilómetros y 23 kilómetros de dobles calzadas entre Cajamarca y Calarcá, en un terreno geológicamente muy complicado.

A pesar de su importancia, el rosario de desaciertos en este proceso es copioso. Primero, el gobierno convocó y casi comprometió al japonés para financiar el proyecto y luego lo sacó de 'taquito', bajo el nada científico argumento de apoyar a la ingeniería nacional.

Pero ese sólo fue el principio. En septiembre de 2007, el gobierno abrió oficialmente la licitación, pero los pliegos ni siquiera estaban listos; apenas se conocieron un mes después.

Esto generó muchas críticas entre los mismos constructores colombianos, quienes además pedían que se esperara a que terminara la construcción del túnel piloto, que daría información clave para las obras definitivas. Sin embargo, esos ruegos no fueron escuchados y continuó el proceso.

El martes pasado todo tocó fondo. Los ingenieros colombianos, a pesar de que el Ministro había decidido apoyarlos, le dieron la espalda y no presentaron ninguna propuesta. Y las razones eran varias: consideraban que el presupuesto de 611.000 millones de pesos era bajo porque las obras valían entre 100.000 y 300.000 millones de pesos más y criticaron el sistema de precios globales que significaba que ellos asumían todos los riesgos de construcción. Finalmente, les generó muchas dudas que sólo hubiera presupuesto para un túnel y que los recursos para una eventual segunda obra quedaran atados a las posibilidades presupuestales del próximo gobierno.

El Ministro y el director del Invías mostraron su sorpresa porque un par de empresarios llegaron el día en que se cerraba el plazo y aunque llevaban sobres en sus manos, no presentaron sus propuestas. Para el Ministro. el asunto olía mal y por eso dijo que las autoridades deberían investigar si hubo acuerdo para presionar los precios de la obra al alza.

Lo paradójico es que cualquier decisión que adopte el gobierno va a terminar dándoles la razón a los empresarios. Ya se está pensando en construir los dos túneles y las dobles calzadas, proyectos que tendrían un valor cercano a 1,1 billones de pesos, y al paso que va todo, primero se va a concluir el túnel piloto, tal como lo pide el gremio de los ingenieros.

El asunto está complicado. En el gobierno hay mucha presión, pues el Presidente de la República quiere que las obras empiecen lo más pronto posible, ya que se le están exigiendo resultados más concretos en materia de infraestructura vial. Sin embargo, todavía no se ve mucha luz al final de ese túnel.