¡¡TIERRA, TIERRA...!!

El proyecto de Reforma Agraria fue uno de los-pocos que se salvó de "naufragar" en las tormentosas aguas del Congreso, cuando sólo faltaban cinco semanas para culminar labores. Pero la nueva "ley de tierras", una de las banderas del actual gobierno, terminó en medio de una controversia en la que sus defensores la calificaron como "una reforma audaz y progresista" y sus detractores como "un engaño y una reforma tibia".

Sesiones de comisiones conjuntas mensajes de urgencia, ataques contra los terratenientes, dudas sobre la posible legalización de las invasiones contradicciones numéricas y hasta "micos", caracterizaron una agitada agenda que permitirá que esta semana la propuesta pase a sanción presidencial. A pesar de que la controversia es la marca de fábrica del Parlamento, el tema de la tenencia de la tierra en Colombia es uno de los que más levanta "ampolla". Y eso que ya han pasado más de 55 años desde que los partidos tradicionales se dieron cuenta de que el desequilibrio de la propiedad existente en el sector rural fue uno de los factores determinantes de "la violencia".
Poco ha cambiado, sin embargo, en medio siglo. "La masa ambulante, miserable, desarraigada, que recorre las plantaciones buscando ocupación sin encontrarla en buenas condiciones, estará siempre dispuesta a oir la voz de los agitadores, que prende en su instinto el deseo de usurpación y despierta el contraste injusto de su situación económica con la de los señores de la tierra", una frase que fue pronunciada por Alfonso López Pumarejo a mediados de los años 30, no pierde hoy su vigencia. Y el hecho es que fue retomada por el gobierno para presentar el proyecto de Ley, al reconocer que las reformas agrarias de los últimos tiempos han sido un fracaso, porque los conflictos por la tenencia de la tierra no se han solucionado y la violencia rural se ha reproducido".

Colombia cuenta con 114 millones de hectáreas, de las cuales 45 millones se encuentran cultivadas, pero sólo 12.3 millones están tituladas, mientras que 260 mil familias, algo así como 2 millones y medio de habitantes del campo, viven en la pobreza absoluta. Y del manejo de cifras en el campo agrario es de donde surgen las mayores dudas, según la oposición conservadora, la Unión Patriótica y el Nuevo Liberalismo, sobre la aplicabilidad de la reforma. En 25 años de historia el Incora intervino 15 millones de hectáreas, pero sólo compró, expropió y cedió 689 mil hectáreas, 3% del área considerada como frontera agricola. En ese mismo lapso benefició a 35 mil familias.

LOS ALCANCES
Al comenzar el actual gobierno, el Incora reconoció que una reforma agraria "de verdad" requería de un billón de pesos (algo asi como el presupueto nacional inicial de 1987), en 4 años. Sin embargo, la administración actual se muestra satisfecha si en su mandato logra adquirir 470 mil hectáreas y beneficiar a cerca de 25 mil familias, utilizando unos $ 5 mil millones al año, casi dos terceras partes de lo hecho por el Incora en 25 años. Eso llevó a que el representante conservador Jaime Arias Ramirez, dejara una constancia responsabilizando al Partido Liberal, por lo que pueda suceder, porque, según él, "es una reforma tibia, un engaño, una nueva frustración para el campesinado colombiano, un nuevo Pacto de Chicoral".

Precisamente el proyecto busca esencialmente eliminar los obstáculos de la Ley 4a de 1983, conocida como el "Pacto de Chicoral", que impuso la calificación de tierras adecuada e inadecuadamente explotadas, y que fue "la soga con que se ahorcó la reforma", según Alfonso López Michelsen. El nuevo mecanismo habla de "criterios indicativos", también muy debatidos, que serán parámetros para expropiar tierras y evitar la prolongación de litigios, advirtiendo que son susceptibles de expropiación todos los inmuebles rurales, empezando por los baldios, por los ofrecidos por sus dueños, los arrendados o dados en aparcería y "los demás que se consideren necesarios".

La reforma establece un procedimiento abreviado de expropiación ante un tribunal administrativo, el pago de predios con base en avalúos comerciales del Instituto Agustin Codazzi con bonos de deuda pública, la expropiación de grandes terrenos para ensanche de zonas de minifundio, el establecimiento de empresas asociativas, y presuntos "micos" como los medios de capitalización del Banco Ganadero y Vecol. El escollo más significativo fue el de hallar el sistema de financiación, estableciéndose el 2.8% del impuesto a las importaciones que otorgará al Incora unos $ 5 mil millones en el primer año, con incrementos durante los próximos 10 años, pero que el senador Gabriel Rosas Vega calificó como "inflado".

Los defensores, entre ellos Guillermo Alberto González, sostienen que se trata de "una reforma audaz, progresista, que avanza un paso adelante", mientras que el liberal Orlando Gómez advierte que contiene "condiciones gravosas para el campesino y benevolas para el terrateniente", y el conservador Rodrigo Marin señala que "los grandes propietarios impusieron los textos que preservarán sus intereses".

A pesar de la controversia, las dudas, los pros y los contras, la reforma está al otro lado. Falta ver si es tan efectiva como para solucionar, al menos en parte, los graves problemas de los campesinos colombianos. --