Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2008/08/23 00:00

Todopoderoso

Con las nacionalizaciones de cementeras, Hugo Chávez dio un nuevo paso para ser el dueño y señor de la economía venezolana. El impacto sobre Colombia no es necesariamente malo.

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aceleró su plan de controlar más sectores de la economía. Hace dos semanas nacionalizó el Banco Santander, del grupo español, y acaba de hacer lo propio con la cementera Cemex de México.

Las pruebas son cada vez más visibles. El proyecto socialista con el que se la está jugando Hugo Chávez en Venezuela se está anclando con fuerza. La semana pasada, el gobierno selló la nacionalización de las cementeras Cemex de México, Holcim de Suiza y Lafarge de Francia. Ahora, el Estado controlará el 90 por ciento de la producción de cemento, bajo la premisa de que esto se traducirá en una reducción de costos para los venezolanos. En abril, Chávez había advertido que estas tres empresas exportaban la mayoría de su producción en detrimento del mercado local.

Pero las nacionalizaciones se han extendido a otros sectores. Hace un par de semanas, el presidente Chávez anunció la compra del Banco de Venezuela, perteneciente al grupo español Santander, y está próximo a sellar el traspaso al Estado de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), de propiedad de Techint de Argentina.

No hay duda. El rol del Estado en la economía venezolana es cada vez más grande. En mayo del año pasado, se nacionalizó la Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (Cantv), que estaba en manos de Verizon de Estados Unidos y Telefónica de España. En total, el gobierno venezolano desembolsó 1.300 millones de dólares para comprar la telefónica.

Al mismo tiempo, fue nacionalizada la Electricidad de Caracas, que estaba en manos de la estadounidense AES. El gobierno pagó alrededor de 900 millones de dólares por tomar la propiedad de la compañía. También asumió el control de los campos petroleros de la Faja del Orinoco, los cuales habían estado en manos de empresas de Estados Unidos, Francia, Noruega y Reino Unido.

¿Hasta dónde irá Chávez con su idea de intervención del Estado en los sectores estratégicos para el país? Hasta donde la chequera de Pdvsa se lo permita. Por el 89 por ciento de la francesa Lafarge pagó 267 millones de dólares; por el 85 por ciento de la suiza Holcim canceló 552 millones de dólares. La suma que se pagó por el Banco Santander no se conoce, pero fuentes del mercado venezolano valoraron la filial bancaria entre 1.200 y 1.900 millones de dólares.

En el caso de Cemex no hubo acuerdo de precios. Según el vicepresidente venezolano, Ramón Carrizalez, la mexicana pidió 1.300 millones de dólares, una cifra que el gobierno consideró superior a su valor real. Cemex anunció que buscará el arbitraje del Banco Mundial por considerar que la medida es flagrantemente ilegal. Sus activos en Venezuela incluyen tres plantas de cemento, 30 plantas más pequeñas de concreto, una terminal de transporte y otras instalaciones.

Este modelo que se está afianzando en el vecino país abrió un gran debate entre economistas. Para el analista venezolano José Guerra, "en Venezuela se marcha hacia un proceso global de consolidación del dominio estatal de la economía y la reducción del ámbito del sector privado, tanto el pequeño como el mediano y el grande. A un proyecto socialista del tenor del de Hugo Chávez no le conviene la empresa privada. Basta observar el desprecio de los altos funcionarios civiles y militares hacia la empresa privada".

Ante tantas nacionalizaciones, muchos se preguntan sobre el futuro de las inversiones colombianas. Nada es seguro. En agosto del año pasado, la Asamblea Nacional de Venezuela declaró de utilidad pública los activos cementeros de propiedad de Corporación de Cemento Andino, filial de Cementos Argos de Colombia. Posteriormente, el Ejecutivo venezolano decretó la expropiación de los mencionados activos. La compañía colombiana espera que el Tribunal Supremo de Justicia le reconozca el 100 por ciento de la propiedad de los activos y que el Estado venezolano, en virtud de la expropiación decretada, le pague un justo precio por su inversión.

Por su parte, el presidente de Alpina, Julián Jaramillo, dice que la operación que tienen en Venezuela ha arrojado resultados muy positivos. Allí opera una planta para la producción de jugos, postres, yogures, y hasta el momento se han entendido bien con el gobierno del presidente Chávez.

Entre tanto, el Grupo Nacional de Chocolates opera en Venezuela la compañía procesadora de carnes Hermo. Aunque dicen sentirse tranquilos, el año pasado la empresa colombiana provisionó (reserva ante eventual pérdida) el 90 por ciento de la inversión en la compañía Hermo de Venezuela. La provisión, según apreciaciones de la compañía, es de alrededor de 40.000 millones de pesos.

En medio de todo, llama la atención que el gobierno de Chávez pague un buen precio por las empresas y por ello, casi todas las nacionalizadas han quedado contentas.

Hay quienes creen que Colombia podría sacar ventaja de la debilidad que se observa en el aparato industrial de Venezuela y que, muchos piensan, con el modelo de estatización de la economía, se agudizará. Para otros, no hay que cantar victoria, ya que tarde o temprano la decisión del vecino país de ponerle el acelerador a su modelo socialista generará problemas.

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