Domingo, 22 de enero de 2017

| 2006/11/18 00:00

Todos pierden

Ya se sienten las primeras consecuencias de la posibilidad de que no sean prorrogadas las preferencias arancelarias para exportar a Estados Unidos, que vencen a fin de año.

Todos pierden

¿Qué son para usted 40 días? Para algunos, es el tiempo que dura la cuaresma en el calendario cristiano. Para otros, es lo que hace falta para que se acabe el año. Y para los exportadores del país, es el número de días que les queda de vigencia de las actuales preferencias arancelarias. Ahora que entró la fase final del Atpdea -el nombre con el que se conocen las preferencias para exportar a Estados Unidos con cero arancel- los empresarios de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia están al borde de un ataque de nervios. Y la razón es que si sus gobiernos no logran aplazar ese favorcito por un tiempo más, a partir del primero de enero del año entrante tendrán que pagar peaje para poder entrar sus productos a las tierras del tío Sam.

Se trata de un lío mayúsculo. Empezando porque más de la mitad de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos están cobijadas por el Atpdea. Perder esas preferencias significa, ni más ni menos, una reducción en las ventas del país a su primer socio comercial. Según cálculos de Analdex, si no se renueva el Atpdea, los empresarios colombianos deberán empezar a pagar unos 200 millones de dólares anuales por aranceles. Eso es dinero que dejaría de entrar al país por concepto de exportaciones.

Pero el problema va más allá de la plata. Lo que está en juego no sólo afecta el bolsillo de los exportadores. Si no se logra una prórroga de las preferencias arancelarias, los productos colombianos en Estados Unidos van a perder competitividad. Y es probable que varias empresas importadoras empiecen a cancelar sus pedidos. ¿O para qué mandar a hacer un bluyín a Colombia, que paga un arancel del 16 por ciento para entrar a Estados Unidos, si en Centroamérica lo pueden hacer igual y sin pagar arancel? No sería de extrañar que compañías norteamericanas de ropa como Ralph Lauren, Levi's y Gap, que hoy le mandan a confeccionar sus prendas a empresas colombianas, se vayan con sus 'chiros' a otra parte.

Y es que uno de los grandes perdedores de que no haya extensión del Atpdea es el sector confeccionista. A septiembre de este año las exportaciones en prendas de tejido plano -como bluyines o pantalones en algodón- sumaban 239 millones de dólares. Las de tejido de punto ascendían a los 138 millones de dólares. Eso da como 370 millones de dólares que se podrían esfumar de la noche a la mañana. Y con ellos, se iría también por la borda la producción del resto de insumos de la cadena: telas, fibras, botones, cremalleras y el resto de materias primas que hacen parte de la confección de las prendas.

¿Quiénes son los más afectados? La mayoría está en Medellín, en el sector de bluyines y también de vestidos de paño. En el primer grupo están compañías como CI Jeans, CI Index o Expofaro. En el segundo están industrias como El Cid, lo mismo que Everfit-Indulana. éstas y otras firmas están siendo llamadas por sus clientes en Estados Unidos para que les confirmen si van a asumir o no un eventual arancel.

Ninguna parece tener una respuesta por el momento. Buena parte de los pedidos del primer trimestre de 2007 está congelada ante la falta de claridad sobre el futuro que tendrán las preferencias. Esa incertidumbre llevó a Levi's a cancelar hace dos semanas un pedido de tres millones de jeans porque no encontró un confeccionista nacional que se le midiera a asumir la producción pagando un arancel del 16 por ciento. Algo similar ocurrió con Polo Ralph Lauren, una de las firmas de ropa más prestigiosas del mundo que el año pasado contrató 47 millones de dólares en prendas de jean a los confeccionistas colombianos. Esta empresa tuvo que recurrir a fábricas peruanas para que le hicieran sus prendas para el primer trimestre del año entrante, ya que la mayoría de confeccionistas nacionales prefiere abstenerse de firmar este tipo de contratos hasta tanto no haya claridad sobre el tema.

La tragedia se extiende a otros sectores, como el de las flores. Si el Congreso de Estados Unidos no renueva el Atpdea, los floricultores colombianos deberán empezar a pagar un arancel del 7 u 8 por ciento. Eso sería un duro golpe para un sector que destina cerca del 70 por ciento de su producción al mercado de Estados Unidos y que gracias al Atpdea, dejó de cancelar cerca de 30 millones de dólares anuales en impuestos en ese país. La sola incertidumbre que existe por la prórroga de las preferencias ha hecho que tres empresas de flores entren en Ley de Intervención, otras hayan recortado sus plantas de personal y otras más estén cerrando sus operaciones en Colombia. Es el caso de la multinacional Dole Food Company, que anunció el cierre de dos de sus cultivos de flores en el país, con el despido inicial de 2.188 personas y el anuncio de 1.275 despidos más.

La lista de perdedores es larga y dispendiosa. Entre otros están el Grupo Sanford, dueño de Petco, el productor de los tubos de ploricloruro de vinilo (PVC), que gracias al Atpdea se ahorraba pagar un arancel del 8,5 por ciento. También lleva del bulto la organización Corona, fabricante de productos cerámicos, que exportaba sus productos a Estados Unidos sin pagar un arancel promedio de 8 por ciento. Igualmente, pierde Protabaco, el fabricante nacional de cigarrillos, que de ahora en adelante tendrá que pagar un arancel del 2 por ciento más un impuesto de 1,03 dólares por cada kilo de tabaco exportado a Estados Unidos. Las empresas que están en la cadena logística de transporte, como aerolíneas Tampa y las navieras, también van a ver reducidos fuertemente sus ingresos como consecuencia de una disminución en el flujo de comercio.

Hay dos escenarios: se aprueba el Atpdea antes de final de año y todo sigue igual. O se aprueba el año entrante, pero con retroactividad. Es decir, se les devolverá la plata en impuestos que pagaron durante el tiempo que estuvieron vencidas las preferencias.

Pero eso no sirve de nada. La primera vez que se vencieron las preferencias -en diciembre de 2001- la extensión demoró unos ocho meses a los cuales se les ordenó la retroactividad. Pero resultó ser un proceso dispendioso, caro y en el que la mayoría de devoluciones quedaron en manos del importador de Estados Unidos y no del exportador colombiano, de acuerdo con el vicepresidente de Analdex, Santiago Pardo.

Así las cosas, si no se extiende el Atpdea antes de que se acabe el año, la situación para los exportadores colombianos será color de hormiga. Porque, a diferencia de la canción de Franco de Vita, acá no habrá ningún buen perdedor.

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