Lunes, 16 de enero de 2017

| 2003/10/06 00:00

Todos en el piso

El gobierno busca congelar los salarios de sus trabajadores con el referendo. Aunque dolorosa, es una medida necesaria.

Todos en el piso

En el pais hay una empresa que gasta 70 por ciento de sus ingresos en pagar salarios y pensiones. Sus gastos de operación se triplicaron en los últimos ocho años y, para poder financiar ese aumento, debió endeudarse y cobrar precios más altos a sus clientes. Ahora el gerente de la empresa propone congelar los gastos operativos, incluidos los sueldos, durante dos años. Esa es más o menos la situación de Alvaro Uribe al frente de esa complicada empresa que es el Estado. Sus 'clientes' son quienes pagan impuestos, los empleados son todos los funcionarios públicos y la propuesta es la que hizo el gobierno en el artículo 14 del referendo que votarán los colombianos el próximo 25 de octubre.

El punto 14 propone que los gastos de funcionamiento del sector público, desde la Presidencia de la República y las alcaldías hasta Ecopetrol, no aumenten este año ni el próximo con relación al nivel que tenían en 2002. Si se aprueba este punto esas entidades deberán vivir con lo mismo que gastaban hace dos años. También deberán hacerlo los empleados y pensionados del sector público que ganen más de 664.000 pesos, pues sus ingresos no subirán. Este año no tuvieron aumento salarial y el punto 14 propone que tampoco lo tengan en 2004.

Por fuera del congelador sólo quedarían los gastos de seguridad y el Sistema General de Participaciones, es decir, los recursos que les gira la Nación a los departamentos y municipios para financiar educación, salud y acueductos. Las transferencias sí aumentarían pero, como los sueldos que pagan esas entidades territoriales quedarían congelados, se produciría un ahorro, que se destinará al pago de pensiones. A todas estas medidas el gobierno las ha bautizado "finanzas públicas sanas". Pero ¿qué tan enfermas están y qué tan conveniente es el remedio que propone el gobierno?

A palo seco

De cada 10 pesos que el gobierno gasta para funcionar siete se destinan a pagar los salarios de 928.000 empleados públicos y las mesadas de 472.000 pensionados a su cargo. Por eso es imposible hacer un verdadero ajuste a los gastos sin 'pasar la tijera' por donde más duele: sueldos y pensiones. El gobierno lleva mucho tiempo hablando de ajuste, pero no lo ha hecho. Sus gastos de funcionamiento pasaron de 10,7 a 33,9 billones de pesos entre 1995 y 2003. En cambio, lo que sí ha hecho el gobierno es tratar de tapar el hueco por la vía de los ingresos mediante una cascada de reformas tributarias.

"El punto 14 del referendo permite realizar un ajuste en los gastos del sector público que no se ha podido hacer en el pasado ni por la vía de decretos ni de leyes", dice Mauricio Cárdenas, director de Fedesarrollo. Recuerda que en 1999 el Congreso aprobó un presupuesto en el que se congelaban los salarios para los trabajadores del gobierno que ganaran más de dos salarios mínimos y que después la Corte Constitucional declaró inexequible esa congelación. Más adelante la Corte moderó el alcance de esta sentencia, permitiendo congelar los salarios más altos. Sin embargo, para el gobierno persiste el riesgo de que le 'tumben' la congelación de salarios.

Esta inflexibilidad le ha salido cara al sector público. Mientras en lo peor de la crisis económica la mayoría de las empresas del sector privado congelaron los salarios altos (y gracias a ello se mantuvieron a flote), en 2000 los gastos de personal del gobierno crecieron más de 12 por ciento. También lo hicieron los de las empresas públicas, no por las sentencias de la Corte sino por las convenciones colectivas que pactaron sus directivos con los sindicatos. En 1999 algunas de estas empresas hicieron aumentos salariales de hasta 18 por ciento, cuando los precios ese año sólo lo hicieron en 9 por ciento. El sindicato de Ecopetrol, por ejemplo, pidió un aumento de salarios de 13 por ciento para 2003, es decir, 6 puntos por encima de la inflación. La empresa y los trabajadores no han llegado a ningún acuerdo y la recomendación que ha hecho el gobierno a los directivos de la petrolera estatal es esperar el resultado del referendo.

En las regiones, de otra parte, si bien la ley ha puesto topes a sus gastos de funcionamiento y a la remuneración que reciben sus empleados, el gobierno no tiene control directo sobre los aumentos salariales. Sólo puede pedirles que sean austeros y, mediante decretos, proponerles el valor de los salarios más altos. El referendo, en cambio, los obliga a congelarlos.

El efecto más importante del artículo 14 es, entonces, hacer que a lo largo y ancho de la administración pública se congelen los salarios. El ahorro fiscal, según cálculos de Planeación Nacional, sería de 19,1 billones de pesos de 2003 a 2010. Esto significa, sin duda, un alivio para las finanzas del Estado, pero también un doloroso 'apretón' para muchos empleados públicos.

Los peros

"Por el derecho a la educación de sus hijos, el 25 de octubre no vote el referendo", le dirá una grabación a cualquiera que llame a las oficinas de Fecode, el sindicato de maestros del sector público. Más de 265.000 profesores tendrán que mantenerse este año y el próximo con los mismos salarios que ganan hoy y que, según Fecode, oscilan entre 500.000 y un millón y medio de pesos. Ellos conforman el grupo más numeroso de empleados públicos afectado por la congelación de salarios, así como 70 por ciento de los trabajadores de las empresas públicas (los que ganan más de dos salarios mínimos).

Las críticas que hacen los sindicatos al punto 14 del referendo van desde deteriorar la calidad y eficiencia de la administración pública hasta violar el derecho a la negociación colectiva y a la libertad sindical. Era, en todo caso, previsible el rechazo por parte de quienes resultan más afectados.

Sin embargo no son los únicos que han cuestionado el alcance del punto 14. También lo hizo el contralor, Antonio Hernández Gamarra, al afirmar que el referendo no representa "una solución estructural y duradera al desequilibrio que hoy muestran las finanzas públicas". Así pase el referendo, el gobierno seguirá amarrado para reducir gastos en el futuro. Según el Contralor, existen casi 300 normas que obligan al gobierno a gastar, desde la orden que le da la Constitución de aumentar las transferencias a las regiones hasta una ley de 1947 para el control de la tuberculosis. Esta inflexibilidad legal hace que, pese al discurso de ajuste, el gobierno siga gastando más de la cuenta y endeudándose hasta niveles verdaderamente alarmantes.

No hay que llamarse a engaños. Los sacrificios que se han hecho ahora a nombre del saneamiento de las finanzas públicas han sido en vano. Colombia sigue sin resolver su grave problema fiscal. En la medida en que ataja -por fin- el gasto público, el referendo es un paso en la dirección correcta. No es una solución estructural, de fondo, al problema del gasto inflexible, sino más bien un paliativo de corto plazo. Una medida parcial. Un tanto machetera, dicen algunos. Pero no por ello deja de ser muy necesaria. La gravedad de la situación fiscal exige votar favorablemente este artículo del referendo, y esperar que más adelante los colombianos se pongan de acuerdo para incluir en la Constitución una frase que ha debido estar allí desde un principio: un artículo que diga "el Estado garantizará los anteriores derechos. hasta donde alcance la plata".

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