Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2009/06/21 00:00

¿Todos ponen?

El gobierno anunció que tendrá un faltante de un billón de pesos para continuar con la política de seguridad democrática a partir de 2011. Pero paradójicamente, el año pasado, por las gabelas tributarias que se les dio a las empresas, el fisco dejó de recibir 7,3 billones de pesos.

El presidente Álvaro Uribe, durante el foro de Anif-Fedesarrollo, anunció que el gobierno presentará el 20 de julio una reforma tributaria para recoger recursos para la seguridad democrática

Hace varias semanas, cuando el presidente Álvaro Uribe dijo en Cartagena que el país debería pensar en una nueva renta permanente para garantizar la sostenibilidad de la seguridad democrática a partir de 2011, todo el mundo asumió que eso llevaría su tiempo y que no había prisa para tomar esas decisiones. Hasta el ministro de Defensa de entonces, Juan Manuel Santos, dijo que "ese tipo de debates se tienen que dar sin afán. No hay que tomar ni siquiera una decisión este año, y hay que pensarlo en el futuro". La verdad es que con una situación tan crítica para la economía, a muchos les pareció inapropiado hablar de impuestos.

Pero otra cosa parecía estar pensando el Presidente. La semana pasada concretó su idea y le pidió a su ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, que el próximo 20 de julio presente un proyecto de ley al Congreso para buscar una fuente de recursos que financie la seguridad, así sea para que su aplicación empiece en 2011, cuando expira el actual impuesto al patrimonio.

Durante el foro de Anif-Fedesarrollo, el Jefe del Estado dijo que es responsable anunciar el problema del faltante de un billón de pesos, y que es necesario anticipar el debate. La verdad es que al presidente Uribe le entró el afán y la preocupación cuando conoció el estado de las finanzas públicas, explicado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, documento que el gobierno debe entregarle al Congreso cada mes de junio.

La situación es precaria. El próximo año el déficit fiscal del sector público consolidado (gobierno central más sector descentralizado) se elevará a 18,3 billones de pesos, producto de los menores ingresos que recibirá la Nación, principalmente por impuestos, y los gastos que tendrá que seguir cubriendo. La cifra, que suena enorme, es enorme. Equivale a 3,4 por ciento del PIB y supera el déficit que se presentará este año (de 2,4 por ciento) y echa por tierra los avances que se habían conseguido en esta materia.

Aunque el gobierno considera que esta situación es transitoria, muchos analistas, como el decano de economía de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, afirman que la situación fiscal del país sigue sin resolverse y lo peor es que vienen años muy complicados. Ya no hay crecimientos de bonanza. El gobierno mismo estima que entre 2009 y 2014 la economía crecerá en promedio 3,3 por ciento. Es decir, volver a los niveles mediocres del pasado.

Por eso la preocupación de Uribe de crear una fuente permanente de recursos que asegure la continuidad de su programa bandera, esté él al frente del Estado o no.

Lo que suena muy paradójico es que mientras el gobierno se encuentra con afugias y un faltante de un billón de pesos para financiar el programa más importante de la administración Uribe, el año pasado las gabelas tributarias que se les dio a las empresas le representaron al fisco un costo de 7,3 billones de pesos. El beneficio de estos estímulos tributarios, por lo menos en lo que tiene que ver con el empleo, todavía están por verse. La tasa de desempleo no ha cedido, por el contrario, ha aumentado.

Sin duda lo que se avecina en las próximas semanas es un gran debate. Para empezar, muchos se preguntan qué viabilidad tiene un proyecto impositivo en este momento y más importante aún, quiénes lo pagarán.

Frente a lo primero, algunos consideran que la idea de Uribe de llevar al Congreso un proyecto para cobrar impuestos, es todo un desafío, pues pocos gobiernos en su último año de mandato se han atrevido a presentar una reforma tributaria, pues saben que les queda poco capital político.

Definitivamente, el éxito de este proyecto dependerá de la decisión que se tome relacionada con los contribuyentes que pagarán el gravamen. Y eso es lo más complicado. El Presidente le pidió al Ministro de Hacienda concertar la iniciativa con las "fuerzas vivas", académicos y sector privado. Pero ya se sabe que los gremios económicos -que hablan por el sector empresarial- se oponen a que este impuesto recaiga sólo sobre ellos nuevamente. Hace varios días, el banquero Luis Carlos Sarmiento se mostró partidario de que muchos más colombianos contribuyan con este gravamen y Sergio Clavijo, presidente de Anif, lanzó la propuesta de que se extienda a la clase media, pues todos se benefician de la seguridad democrática.

El ex codirector del Banco de la República, Salomón Kalmanovitz, revivió la discusión que abanderó el empresario Hernán Echavarría Olózoga, de gravar a los tenedores de tierras, algo que a muchos les parece muy justo. Este es un viejo debate que siempre se encuentra con el mismo escollo y es que los impuestos sobre la tierra en Colombia son de autonomía de las regiones y no del gobierno central.

Ahora bien, el Ejecutivo de alguna manera también ha fijado su posición. Cuando Uribe empezó a hablar del tema hace poco más de un mes, dijo que era partidario de que los ciudadanos más pudientes siguieran pagando la contribución para la seguridad democrática. La semana pasada el ministro Zuluaga dijo que, gracias a esta política, hoy más colombianos (empresas y personas) han visto crecer su riqueza y podrían entrar a contribuir como lo vienen haciendo hasta ahora 7.471 contribuyentes.

El gobierno espera que la Dian haga los nuevos cálculos de cuántos colombianos, personas y empresas, efectivamente aumentaron su riqueza en los dos últimos años. Según datos a enero de 2007 (el corte con el que arrancó el pago del impuesto al patrimonio) había 1.783 personas naturales con patrimonio superior a 3.000 millones de pesos y 5.680 empresas. Habrá que ver también, si la crisis económica no ha golpeado a muchos y sucede lo contrario, que salgan de este 'club' algunos y haya que barajar entre menos. La verdad es que hay que recoger un billón de pesos, lo cual sugiere que se puede bajar la tarifa.

Por ahora, crecen las voces de quienes piensan que este impuesto debe quedar en cabeza de los más pudientes. El senador Óscar Darío Pérez, experto en temas tributarios en el Congreso, afirma que un proyecto de esta naturaleza tendría éxito sólo si cobija a las personas más ricas del país. Consideró salido de toda realidad cobrarles a patrimonios de 200 millones de pesos en adelante, como propone Anif. "No podemos pulverizar la reactivación".

Para el ex director de Impuestos, Horacio Ayala, ahora se hace más evidente que al gobierno se le fue la mano en las gabelas tributarias, como los pactos de estabilidad jurídica, pues la casi totalidad de las empresas que han firmado acuerdos ya están blindadas contra el impuesto al patrimonio. "Eso es una inequidad inmensa", señala. Lo único que falta es que antes de que se concrete el proyecto en el Congreso, aumente el número de empresas que soliciten firmar pactos de estabilidad para quedar 'protegidas'.

Ahora bien, el gobierno sabe que una cosa es la que presente al Congreso y otra diferente la que salga de allí. Como dicen los expertos legislativos, nada más peligroso que abrir un 'articulito'. Allí puede terminar colgado cualquier cosa. Una reforma tributaria es la tentación de tentaciones.

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