TODOS A UNA

Es un tema recurrente. Y lo es porque no solo el problema no se está solucionando, sino que por el contrario, cada día se agrava más. Por eso no es extraño que, frecuentemente, la cuestión de la deuda externa de América Latina regrese a las primeras páginas de los periódicos, sea porque un nuevo país declare la moratoria de sus pagos, sea porque, como sucedió la semana pasada, un grupo de ex presidentes, ex cancilleres, parlamentarios y especialistas latinoamericanos, dé a conocer un documento sobre el tema, en el que hacen un llamado a la "solidaridad de América Latina y la negociación conjunta" frente a los bancos acreedores.
El documento tuvo desde un principio un gran impacto en Colombia pues fue firmado por los ex mandatarios Misael Pastrana, Alfonso López y Belisario Betancur, quienes, en compañía del ex canciller Augusto Ramírez Ocampo, dejaron una constancia aclaratoria al final del documento, señalando que "la negociación conjunta que aquí se recomienda debe entenderse en el sentido de que en ella se definirán los parámetros globales de los acuerdos y el apoyo aomún a los diferentes procesos de negociación".
La aclaración tuvo casi más prensa que el documento mismo, debido a que sin ella la participación de los ex presidentes colombianos en el grupo de firmantes de la carta podía aparecer como una actitud opuesta a lo que hasta ahora Colombia ha venido haciendo en este y el anterior mandato, o sea, negociar independientemente lo referente a su deuda. Pero se gastó demasiada tinta en este punto que no era el único, ni siquiera el más importante del pronunciamiento.
Más allá de este matiz sobre el significado de la expresión "negociación conjunta", estaban otros planteamientos en los que los comentaristas apenas se detuvieron. Para empezar, el tono de la declaración resultaba en algunos apartes mucho más severo que el que se hubiera podido esperar de buena parte de los firmantes: "América Latina continúa realizando un esfuerzo desmesurado e injusto (...) Es necesario modificar los términos de la negociación entre deudores y acreedores", decía el documento antes de sentenciar que "se está agotando la paciencia de las mayorías ciudadanas". Para sustentar lo anterior, los declarantes afirmaban que "desde 1981, América Latina ha pagado más de 130 mil millones de dólares. Pese a esto la deuda anterior ha aumentado en US$ 100 mil millones. La contrapartida ha sido más inflación, baja de salarios, estancamiento económico y tensiones sociales cada vez más graves". Nada de esto era realmente novedoso como argumento. Lo novedoso era que lo dijeran quienes lo estaban diciendo.

PUNTO POR PUNTO
Pero más allá de estas frases, el documento contiene una propuesta de seis puntos suficientemente concretos, como para pensar que los firmantes de la declaración están buscando algo más que dejar una constancia histórica. En primer lugar, plantean la necesidad de que los países latinoamericanos hagan lo mismo que sus acreedores, o sea, "negociar juntos y fortalecer a través de la unión su capacidad negociadora". Según los conocedores del tema, este punto bien podría llevarse a la práctica con la conformación de un comité de expertos negociadores latinoamericanos que se sentara, en cada caso, a negociar con el comité que los bancos acreedores suelen conformar a la hora de negociar con cada país. La ventaja para el deudor de turno radicaría en poder contar con un equipo negociador experimentado que, de paso, defendería los principios del marco general de la negociación que, previamente, habrían sido establecidos de común acuerdo por todos los países del continente. Sería algo muy similar a lo que sucede en las negociaciones laborales, en las que a nombre de los trabajadores no solo negocian sus dirigentes, sino asesores especializados que trabajan para la central sindical a la que el sindicato de la empresa se encuentra afiliado.
El segundo punto incluye una propuesta mucho mas concreta, la de fijar "un límite al pago de la deuda en proporción de las exportaciones o hasta el 2% del producto". Se trata simplemente de establecer un marco para todas las negociaciones, que se deriva de asumir que pagar más de ese 2% es arriesgar la estabilidad social y política del país comprometido en ello. Para dar una idea de lo que significa este 2%, basta decir que Colombia está pagando hoy en día menos del 1% del producto, pero hay países como Brasil, México o Venezuela que pueden estar pagando más.
Menos concreto resulta el tercer punto. Se habla allí de "cooperación regional con el desarrollo de las economías de menor ingreso y dimensión". Pero la frase clave parece ser la que habla de que "los recursos resultantes de esta cooperación y que se habrían asignado al servicio de la deuda, podrían destinarse en cada nación a inversiones sociales". Lo que aquí se plantea es una cuestión filosófica: que lo que se deje de pagar a los acreedores, se invierta en el sector social.
El cuarto punto es más bien de orden procedimental. "Convocar -dice- inmediatamente al SELA, a nivel de cancilleres y ministros de Economía o Finanzas, para formalizar el Acuerdo".
Beligerante por excelencia es el quinto punto, en el que los firmantes hablan de "moratoria cruzada", como respuesta a mecanismos como los aplicados por el Club de París. En este, cuando un país deja de pagarle a un banco, los demás se solidarizan con él y promueven, por ejemplo, un embargo. Lo que se propone como respuesta es que si los acreedores sancionan a un país firmante del Acuerdo que surgiría de la reunión del SELA, los demás puedan responder declarando, si es el caso, una moratoria conjunta, aunque esta última expresión está prudentemente excluida del texto del documento.

COLOMBIA: LA CLAVE
La presencia de tres ex presidentes colombianos en la lista de firmantes indica también, en cierto modo, hasta qué punto Colombia es país clave en todo este asunto. Para empezar, porque todo indica que el presidente Virgilio Barco no está precisamente de acuerdo con este tipo de planteamiento. El primer mandatario le salió al quite al tema horas después de conocido el documento, diciendo que Colombia no debía negociar conjuntamente su deuda. La posición del Presidente y de su gobierno es, por el contrario, que el país se encuentra en una excelente posición para negociar en forma independiente ante sus acreedores y obtener alrededor de 2 mil 500 millones de dólares netos en créditos para los próximos tres años.
Con esta actitud, el gobierno ha rechazado la sugerencia de la oposición conservadora de que es necesario reestructurar la deuda, como lo han hecho algunos vecinos. "Reestructurar es un proceso largo y complejo", dijo a SEMANA recientemente un vocero del equipo económico de la administración, quien agregó que "el gobierno tendría que garantizar la deuda privada y la de los institutos descentralizados, lo que podría desencadenar una gran indisciplina fiscal, pues esas entidades se recostarían en el aval del gobierno a sus deudas y dejarían de hacer esfuerzos para pagar". Aparte de este argumento, todo indica que los bancos internacionales han dejado en claro en las conversaciones que aquellos países que reestructuran su deuda pierden el acceso al ahorro privado internacional en esos bancos.
Todo lo anterior parece muy sensato, pero existe sin embargo un serio interrogante: ¿qué hacer si Colombia, con la estrategia que está siguiendo, no consigue dinero pronto? El país ha venido pagando puntualmente su deuda externa y si esto sigue así y no llegan dineros frescos, puede desencadenarse una crisis cambiaria. Como señaló a SEMANA un dirigente gremial, "en este punto, el país está jugando con fuego y lo grave es que se le está agotando el tiempo".
El equipo económico que ha venido conversando en Washington y Nueva York con representantes de la banca ha comenzado también a sentir la presión de estar corriendo contra el reloj. Algunos de sus miembros consideran que si antes de terminar este semestre no se obtiene una garantía de que vendrán préstamos importantes, es posible que haya que comenzar a explorar el camino de la reestructuración, con el agravante de que, si eso pasa, la oposición podrá tocarle el hombro al gobierno y decirle "yo se lo advertí".
Por ahora, ese es el reto de la administración. Y frente a ese reto, no se tiene todavía una idea muy clara de las consecuencias que tendrá el documento de los ex presidentes y Cía. ¿Acaso convencerá a los bancos de que, al menos en el caso colombiano, es mejor moverse rápido y soltar los préstamos? O, por el contrario, ¿será que los coloca en una actitud de prudente stand-by, comprometiendo así la estrategia colombiana? Difícil saberlo. Pero, sea como sea, hay que averiguarlo pronto.