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| 12/23/2014 12:00:00 AM

Azucareros ganan una pelea, pero tienen otra pendiente

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad parcial de una decisión de la SIC. Pero se mantiene adelante investigación desde el 2012.

Una de las investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por actuaciones de los ingenios azucareros sufrió un revés. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad parcial de una resolución de la entidad en la que impuso sanciones a empresas del sector por la presunta cartelización para en la compra y venta de la cosecha.

Se trata de una investigación que venía realizando la SIC desde el año 2009, durante la gestión del superintendente Gustavo Valbuena, en la que estaban involucrados 13 ingenios entre los que se encontraban Providencia, Carmelita, del Cauca, Mayagüez, Risaralda y Pichichí, así como sus representantes legales.

Sin embargo, la decisión de la SIC no prosperó debido a defectos de procedimiento en el trámite, pero no porque el Tribunal haya declarado la inexistencia de un cartel empresarial. Por eso la Superintendencia anunció que apelará esta decisión ante el Consejo de Estado, que será la instancia judicial que dará la última palabra.

Mientras se resuelve este lío jurídico, la SIC tendría que devolver la plata de las multas, si es que las empresas alcanzaron a pagar, y que en su momento ascendieron a 10.000 millones de pesos.

Pero si bien los ingenios ganaron una disputa jurídica todavía tienen otro proceso abierto. Se trata de una investigación iniciada en 2012 por el superintendente Pablo Felipe Robledo contra 12 empresas y 18 representantes legales y dirigentes gremiales.

La investigación está relacionada con un presunto acuerdo para obstruir las importaciones de azúcar procedentes de Bolivia, y para repartirse la cuota de producción en el mercado nacional, lo que terminó afectando a los consumidores porque debían pagar mayores precios.

Entre los investigados se encuentran la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar (Asocaña); Ciamsa (Comercializadora Internacional de Azúcares y Mieles), Dicsa (Desarrollos Industriales y Comerciales), así como los ingenios Riopaila Castilla; del Cauca, Manuelita, Providencia, Mayagüez, La Cabaña, Pichichí, Risaralda, Carlos Sarmiento L. & Cía. Ingenio San Carlos, Carmelita, Central Tumaco, María Luisa.

La decisión definitiva la anunciará la SIC a mediados del año entrante. Si la entidad encuentra que los ingenios cometieron una práctica comercial restrictiva podrá imponer sanciones de hasta 60.000 millones de pesos, a cada investigado.
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