¿Ultima palabra?

Robert Zoellick, el representante comercial de Estados Unidos, vendrá esta semana al país a medirles el aceite al gobierno y a los empresarios colombianos. La expectativa por su visita es grande, pues de tiempo atrás el gobierno de Colombia se ha propuesto negociar un acuerdo bilateral de libre comercio con el país del norte. Las autoridades estadounidenses han esquivado esta propuesta hasta ahora, pero podrían cambiar de posición, y para ello la visita de Zoellick será definitiva.

Hasta ahora Estados Unidos se ha abstenido de considerar el tratado bilateral porque riñe con el objetivo más amplio de hacer una sola negociación con todos los países latinoamericanos en el Area de Libre Comercio de las Américas (Alca). Ultimamente, sin embargo, el Alca ha tomado un rumbo que no es exactamente el que quisiera Estados Unidos. Si este país no logra los objetivos que se propone en el Alca trataría de obtenerlos por la vía de nuevos acuerdos bilaterales con naciones o con pequeños grupos de países, por el estilo de los que ya firmó con Chile, Singapur, Jordania, Israel y los que ahora negocia con los países de Centroamérica, el sur de Africa y Australia.

Como están las cosas ahora, con un Alca que no avanza como se esperaba, podría tener más sentido para Estados Unidos considerar la propuesta de negociación bilateral que ha hecho Colombia. Pero aun si lo hiciera el camino para el acuerdo no estaría del todo despejado. La decisión de embarcarse en un tratado de ese estilo exige un consenso muy amplio en el país, que vaya incluso más allá del gobierno de turno, pues es un asunto de largo plazo. Se trata de una especie de matrimonio, una unión profunda y casi irreversible, en la que el país renunciaría a la posibilidad de hacer muchas cosas por sí solo.

Todo sobre la mesa

Cuando se habla de tratados de libre comercio la discusión normalmente se centra en los aranceles y las cuotas de importación (lo que los técnicos llaman acceso a mercados). Los que conocen estos temas, no obstante, saben que hoy en día los aranceles no son lo fundamental, entre otras cosas porque ya son relativamente bajos en todo el mundo. El acceso a mercados es un punto clave de las negociaciones comerciales pero hay otros, de los que se habla poco, que son aún más importantes.

Una mirada al acuerdo que en junio pasado firmó Chile con Estados Unidos da una idea de cómo son esas negociaciones. El texto tiene 24 capítulos, de los cuales tres o cuatro tienen que ver con acceso a mercados y el resto se refiere a cosas que, curiosamente, tienen poco que ver con el comercio como tal. Hay normas sobre asuntos tan diversos como tribunales de arbitramento, protección de inversiones, normas antimonopolio, compras del sector público, propiedad intelectual y estándares laborales y ambientales, entre otros. Todos estos temas conforman la denominada agenda comercial 'de segunda generación', cuyo alcance va más allá de lo que muchos se imaginan.

En la práctica, un acuerdo de nueva generación implica sustituir las leyes nacionales que regulan todos esos temas, que son muchas, por un contrato internacional que no se puede cambiar en forma autónoma. Por eso es que Brasil, en las negociaciones del Alca, es partidario de enfocarse en el tema arancelario y de acceso a mercados y mandar los demás temas para la Organización Mundial del Comercio (OMC), en la que las negociaciones son más lentas y de alguna manera más favorables a los países en desarrollo. Pero Estados Unidos quiere meter sus temas de 'nueva generación', y si no lo logra en el Alca light que propone Brasil tratará de hacerlo por la vía de los acuerdos bilaterales.

Ahora bien. ¿Qué implicaría un tratado de ese estilo para Colombia? Es difícil saberlo de antemano pero las discusiones que se dieron en el caso chileno sirven de referencia. Uno de los puntos que más polémica generó fue el de los flujos de capital. Ocurre que a principios de los 90, cuando los capitales entraban a chorros a América Latina, Chile -al igual que Colombia- estableció controles a la entrada de dólares especulativos con el fin de impedir la revaluación de su moneda. Después los desmontó porque dejaron de ser necesarios. Pero ahora, en el tratado de comercio con Estados Unidos, se comprometió a no establecer nunca más controles a los flujos de capital. La pregunta que surge entonces es si Colombia estaría dispuesta a amarrar su política cambiaria de esa manera.

Otro tema muy controvertido de los acuerdos comerciales de nueva generación es la propiedad intelectual. Es un asunto que no tiene nada que ver con el comercio y que obedece a una lógica muy clara: los países protegen lo que producen. En general, las naciones desarrolladas han ido dejando atrás las manufacturas y ahora viven más de la producción de conocimiento. Por eso liberan con relativa facilidad el comercio de cosas como los textiles pero buscan proteger a toda costa su software, sus patentes, etc.

Es algo que ya levantó ampolla el año pasado en el país, cuando se aprobó el Atpa, y el gobierno estadounidense presionó al colombiano para que modificara las normas sanitarias de forma que se dificultara la producción de medicamentos genéricos. El entonces ministro de Salud, Juan Luis Londoño, se opuso valientemente y denunció que los monopolios creados por esa vía le habrían costado 600 millones de dólares al año a los compradores colombianos de medicamentos. Más recientemente el gobierno de Alvaro Uribe adoptó normas que facilitan la fabricación de agroquímicos genéricos para abaratarles los costos a los agricultores. Pero son normas que Chile, por ejemplo, estaría impedido de adoptar después del acuerdo que firmó con Estados Unidos.

En Colombia todavía está por darse el debate sobre los nuevos temas de la agenda comercial. Nadie duda de los grandes beneficios que traería a los exportadores del país un acceso sin aranceles al mercado más grande y dinámico del mundo, que es Estados Unidos. De hecho, las exportaciones colombianas a ese país son las que más están creciendo este año, en buena medida gracias a las preferencias unilaterales del Atpa, que vencen en 2006. Pero sobre los temas extraarancelarios aún hay muchas reflexiones por hacer. ¿Estaría Colombia dispuesta a someter al escrutinio internacional el cumplimiento de sus normas laborales o las licitaciones que haga el gobierno bajo la Ley 80 de contratación administrativa?

Los partidarios del tratado de libre comercio señalan como su mayor beneficio la estabilidad jurídica. Y, a juicio de muchos empresarios, esto es algo que hace mucha falta. Al haber unas reglas de juego más estables es previsible que haya más inversión extranjera y local. El acuerdo comercial sería, entonces, una manera de 'amarrar' el modelo económico orientado al mercado y blindarlo contra eventuales bandazos o reversazos de futuros gobiernos. De ahí la importancia de que lo digieran desde ahora todos los sectores y partidos políticos pues no se sabe cuál de ellos va a estar en el poder el día de mañana.

Es poco probable que la visita de Zoellick esta semana termine con un anuncio muy concreto sobre las negociaciones comerciales con Colombia, entre otras cosas porque tendría que pedirle permiso al Congreso de su país antes de iniciarlas. Más bien lo que seguramente hará Zoellick es hablar con funcionarios y empresarios colombianos y dejar bien claros los puntos que estarían sobre la mesa en una eventual negociación. Un poco, dicen algunos, para asegurarse de que haya consenso dentro del gobierno colombiano y fuera de él sobre la conveniencia del negocio. Como quien dice, ¿última palabra?