Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 1996/02/05 00:00

UN AÑO EN SUBASTA

Como si se tatara de un regalo de Navidad, el gobierno recibió en diciembre las noticias que estaba esperando para arrancar 1996 con su ambicioso programa de privatizaciones., 27651

UN AÑO EN SUBASTA

MIENTRAS A COMIENZOS DE DICIEMBRE toda Colombia estaba pendiente de los regalos de Navidad, los planes de descanso para el fin de año y demás preocupaciones propias de la época, el equipo económico del gobierno tenía la mente puesta en otros asuntos que estaban sucediendo más allá del oceáno. De hecho, estaba atento a los resultados de un foro organizado en Londres para mostrarle a un grupo de distinguidos inversionistas internacionales la política de privatización del sector eléctrico colombiano.
No era cualquier reunión. No sólo por haber sido en Europa sino por tratarse de la segunda presentaci6n en sociedad =la primera fue en Nueva York= de la estrategia que el gobierno disenó con base en las recomendaciones de un estudio contratado con las firmas Kleinwort Benson, Salomon Brothers e Invercor para tener más claridad en el momento de salir a subastar los activos oficiales. Lo bueno es que, como si se tratara de un regalo de Navidad, los resultados fueron excelentes y se podría decir que dieron para brindar el 24 con botella de champaña en mano.
Tal como dijo el viceministro técnico del Ministerio de Hacienda, Leonardo Villar, "el no tener una estrategía definida estaba demorando elproceso de venta de activos del sector eléctrico ".
Y no sólo en el sector eléctrico. De hecho, en 1995 no fue posible salir de ninguno de los activos estatales presupuestados en el Plan de Desarrollo, en parte porque el gobierno prefirió hacer las casss con calma y en parte por problemas operativos de diverso orden. Mientras en 1994 se obtuvieron 1.663 millones de dólares por privatizaciones, en 1995 esa cifra se redujo a menos de 3 millones de dólares. Ahora el objetivo son ventas por 645 millones de dólares. Para cumplir la meta se afinaron varios instrumentos, incluyendo una ley que le garantiza a los trabajadores de las entidades en venta reglas de juego claras para la compra de acciones.

CON ENERGIA
Quizás el tema que más interés va a despertar es el de los activos del sector energético, avaluados en más de 2.000 millones de dólares. No obstante, la idea para este año es vender propiedades de los sectores de generación eléctrica y minero por 325 millones de dólares. Aunque extraoficialmente se espera recibir más, los cálculos hechos son pesimistas para no sufrir después las consecuencias de unas cuentas alegres.
Si bien no está claro el orden de la venta, sí lo que el gobierno va a ofrecer durante éste y los años que siguen. El activo más grande es la hidroeléctrica de Chivor, propiedad de Isagen, que genera 1.000 megavatios. También en la lista se encuentra la de Betania, de 500 megavatios, que tuvo algunos inconvenientes para salir a la venta durante la administración pasada. Además están Termocartagena y Termotasajero, así como tres plantas térmicas de Ecopetrol. Entre todas éstas hay 459 megavatios de energía. De la misma manera se piensa poner en subasta a la Empresa de Energía del Pacífico, con aproximadamente 857 megavatios, que era antiguamente de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca =CVC=. En este caso los recursos que resulten del negocio irán realmente a sanear los pasivos de la CVC.
Aparte del paquete energético está el del sector minero, cuya prioridad este año es vender el 48 por ciento que tiene la Nación en Cerromatoso, por lo cual podrían recaudarse 100 millones de dólares. El gobierno contrató al consorcio de SBC Warburg, el Banco Ganadero y Corfigan para adelantar el proceso, que al parecer no tiene mayores tropiezos. La otra joya que tiene el gobierno para vender es Carbocol, aunque han sido tantos los problemas que ese proceso ha tenido que no lo incluye dentro de los planes de este año y ni siquiera en los de 1997. Sin embargo, como su venta es una decisión tomada, en pocos días será abierto el concurso para contratar la firma de banca de inversión que asesore la venta, que fracasó hace seis meses.
Como si eso fuera poco, también está el paquete de Ecopetrol, cuyos recursos irían a la petrolera estatal. Este incluye el 38 por ciento de Promigas, el 60 por ciento de Gas Natural; el 52 por ciento de Invercolsa y el 36 por ciento de Terpel Antioquia.

LISTO EL PLAN
Pero, ¿cuál es la estrategia que el gobierno definió en el caso del sector eléctrico para cumplir sus ambiciosos planes? Con base en las recomendacio es del estudio contratado, se resolvió la duda de si era mejor ofrecer todos los activos en un solo paquete o venderlos independientemente. Según un funcionario del Ministerio de Hacienda, "la recomendación fue vender los activos independientemente, pero en forma coordinada para mantener la atención de los inversionistas puesta en Colombia durante un período. Además, si alguien quiere comprarun paquete de activos puede hacerlo". Lo que viene ahora es abrir el proceso de licitación para contratar la banca de inversión que asesorará la venta de todos los activos que, a diferencia de casos anteriores, será la misma y no una para cada proyecto. La idea es que el proceso comience con la definición de los aspectos legales y financieros, continúe con el peritazgo y siga con las visitas a los potenciales inversionistas. Así, la meta es comenzar con las ofertas durante el tercer trimestre, y durante el cuarto proceder a las ventas.
Los mayores esfuerzos estarán dirigidos a atraer inversionistas estratégicos, que podrían quedarse con el 60 por ciento de las plantas. Para manejar el restante 40 por ciento el gobierno e Isagen podrían conformar un holding, que garantizará flexibilidad en las etapas posteriores del proceso de venta, según las recomendaciones del estudio.
Tener la estrategia es sin duda un paso bien importante. Sin embargo, lograr buenos resultados es mucho más difícil y depende en parte del caso que se le haga a las recomendaciones hechas por el consorcio que adelantó el estudio.
Una de ellas fue la necesidad de implantar un régimen regulatorio apropiado en lo que tiene que ver con la distribución y la volatilidad de los precios y pagos, en parte por la dependencia hacia la generación hidroeléctrica.
Otro inconveniente es que compañías integradas controlen una porción importante del negocio, ante lo cual los consultores recomiendan la separación de la distribución y la generación, así como la imposibilidad de que cualquier grupo de generación domine más del 25 por ciento del sistema. En cuanto a la participación del Estado en las empresas de generación, aunque consideran que lo ideal sería terminar con ella pues no le ayuda al gobierno a atraer inversionistas privados, acepta que es necesario contar con un período de transición =con algunas restricciones para las empresas estatales= para adicionarle nueva capacidad al sistema y establecer el nuevo régimen regulatorio. De cualquier manera, toda planta debe ser en adelante construida con recursos del sector privado. En el caso de hidroeléctricas, puede participar, pero las debería pasar a manos particulares.

MAS QUE ENERGIA
La subasta pública del gobierno, sin embargo, no incluye sólo a las empresas de los sectores energético y minero. Otro gran pedazo de la torta estará en la telefonía de larga distancia y uno aún más grande en el sector financiero. Por cuenta de la primera la Nación aspira a recibir este año 20 millones de dólares =aunque en total serán por lo menos 300 millones de dólares, pero resulta que la entrada de los ingresos será diferida= y por el segundo serían recaudados al menos 300 millones de dólares.
La privatización de la larga distancia promete ser uno de los grandes negocios de este año y la puja está asegurada entre inversionistas de las grandes ligas, tanto nacionales como extranjeros. La licitación quedará abierta el 22 de enero y antes del 22 de julio estarán adjudicadas las dos nuevas licencias, que competirán con Telecom por las llamadas nacionales e internacionales. Lo que falta es definir si la plata que entre llegará a las arcas de la Nación o de las regiones, aunque se sabe que una gran parte irá al fondo de las telecomunicaciones, para hacer expansión en telefonía rural.
El proyecto de venta ya tuvo su primera salida, en Nueva York, durante una presentación ante inversionistas del sector, y al parecer quedó gustando. Incluso, algunos tenían estudios de mercado en mano y posibles alianzas estratégicas. Precisamente, esta semana llegará a Colombia una misión de empresarios extranjeros que están interesados, y las cosas pintan bien. Los más preocupados por el negocio son españoles, italianos y norteamericanos.
Pero si por los lados de las telecomunicaciones se van a mover cifras considerables, por los del sector financiero correrán montos igualmente importantes. En este caso, como en el del sector eléctrico, el año pasado hubo demoras que impidieron salir con cualquiera de los bancos que estaban en los planes oficiales de subasta, pero el gobierno recibió en diciembre algo parecido a un regalo de Navidad para salir de sus activos: la Ley de Privatizaciones. Un fallo de la Corte Constitucional, según el cual no era posible vender empresas oficiales sin antes contar con una ley que garantizara la democratización del proceso, demoró las ventas en su momento. Y fue esa la ley que el Congreso aprobó, dándole prioridad y facilidades económicas a los trabajadores y ex trabajadores de la empresa, los sindicatos, los fondos privados de pensiones y entidades del sector solidario, entre otros inversionistas, para que participen en la privatización.
"Nos demoramos revisando las condiciones legales y adaptándonos a las exigencias constitucionales para evitar problemas, pero ya con la Ley este año vamos a arrancar en forma "dijo el viceministro de Hacienda, Leonardo Villar. Aún falta, sin embargo, fijar el cronograma, que será la labor del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras =Fogafin= en enero. Lo que sí es seguro es que el primer banco en salir será el Popular, que está pendiente de la venta desde hace dos años y que fue el más golpeado por el fallo de la Corte. Por ese lado el gobierno aspira a recibir, como mi nimo, 300 millones de dólares.
Las otras dos entidades que pasarán al sector privado en 1996 serán el Banco Central Hipotecario=BCH=y Concasa. Sin embargo, en ninguno de los dos casos el dinero entrará a la Nación, pues el primero es del Instituto de Seguros Sociales=ISS=y la segunda del Fondo Nacional del Café, la Federación de Cafeteros y el Banco Cafetero. Lo que sí es de la Nación es el 23 por ciento de Corfidesarrollo, que también pasaría a manos de particulares. Aparte de esas tres entidades, están en la mira La Previsora y el Banco del Estado, aunque no para este año.
Una vez dada la largada para subastar sus activos, el gobierno aspira este año a mejorar las cifras que le entran por concepto de privatizaciones. Si las cosas salen como están previstas, aunque Colombia seguirá estando muy lejos de otros países latinoamericanos en lo que tiene que ver con la venta de entidades oficiales, al menos el Estado tendrá más recursos para financiar parte de las necesidades que le impone el cumplimiento de todas sus promesas sociales.

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