¿UN BANCO MUY CARO?

HACE UN PAR DE SEMANAS EL CONSEJO DE Ministros aprobó el programa de venta del Banco Popular. El valor mínimo establecido con base en la valoración del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafin) fue de 300.000 millones de pesos, lo que arroja un precio mínimo por acción de 53 pesos con 50 centavos. El período para la presentación de las ofertas de los trabajadores y a las organizaciones solidarias concluye el 14 de junio.

El precio mínimo, sin embargo, ha suscitado dudas en la medida en que ha sido considerado excesivamente alto por algunos de los participantes potenciales. Los 300.000 millones de pesos implican que la relación precio-utilidades es de 19.10 -el promedio del mercado colombiano es de 15- y la relación precio-patrimonio es de 2.49. SEMANA pudo establecer que dentro del proceso de valoración se consideraron tres escenarios. Uno bajo que establecía el valor total del banco en 180.000 millones de pesos; un escenario medio que estimaba ese valor en 210.000 millones de pesos y uno alto de 300.000 millones.

En relación con lo anterior, Serna, afirrna que "no es cierto que existieran esos tres avalúos y que en materia del precio y del avalúo -dígase lo que se diga-, es muy claro que hay un elemento de análisis independiente que es cuánto paga el mercado por bancos similares. Por ejemplo, la relación precio-patrimonio en Colombia está en un rango entre 2.5 y 3.5 veces, entre el cual está el Popular. El precio del Banco Popular fue fijado por el Consejo de Ministros y no necesariamente es el máximo con que se contaba para sacar a la venta el banco".

Sin embargo, algunos analistas del sector consultados por SEMANA consideran que el valor establecido para la entidad financiera es alto y aducen tres tipos de razones para justificar esa tesis: la situación interna del banco, los antecedentes de Fogafin en materia de valoraciones y el criterio comparativo partiendo de lo que el mercado pagó por el Banco de Colombia y por Corpavi.

LA SITUACION INTERNA

Si bien la situación interna del Banco Popular está lejos de ser considerada una de las mejores de la banca colombiana, la verdad es que casi todas las fuentes consultadas por esta revista reconocen que la presente administración lo encontró en un estado precario y que ha realizado una excelente labor de saneamiento. Sin embargo, todavía es mucho lo que falta por hacer para que el Banco Popular se pueda considerar un banco de primer orden en términos de eficiencia y administración moderna.

Uno de los principales problemas era el de la cartera. En 1991 el 5 por ciento se consideraba irrecuperable y el 2.9 por ciento de difìcil cobro. En la actualidad esos porcentajes se han reducido de manera dramática al 2.5 y al 1.2 respectivamente. Sin embargo, en términos reales eso representaba la nada despreciable suma de 17.600 millones de pesos. Es decir, cerca del 15 por ciento del patrimonio de la entidad.

La situación laboral del banco es un tema complejo. El banco tenía 6.050 empleados hasta 1992 con una antiguedad promedio de 14.3 años. A raíz de un programa de reducción se logró bajar la planta de personal a 4.070 empleados, cuya antiguedad promedio es de 10.5 años. Fuera de lo anterior, hay quienes consideran que buena parte de esa fuerza laboral tiene mentalidad de empleado oficial y está protegida por la ley o la convención contra el despido. Ahí radicaría una de las causas de la ineficiencia del banco.

En 1992 presentó una relación de gastos administrativos sobre activos totales de más del 9 por ciento y en 1993, aunque disminuyó, superó el 7 por ciento. Esa relación fue inferior al 6 por ciento en esos dos años para bancos como el Bogotá, el Colombia y el BIC. Juan Guillermo Serna sin embargo, considera que el banco no es ineficiente y que para ello basta tener en cuenta que el "promedio de personas por sucursal del sistema bancario en Colombia es de 30, mientras que en el Popular es apenas de 25".

La carga pensional es importante y tiene un costo para 1994 de 4.600 millones de pesos. Las relaciones con el sindicato no han sido buenas y se han manejado en un clima de confrontación. De hecho, en la última negociación colectiva no se llegó a un acuerdo directo y fue necesario convocar a un tribunal de arbitramento que profirió un laudo en febrero de este año regulando las relaciones laborales para el período 1994-1995. Ese laudo fue demandado por el sindicato ante la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, que se pronunció la semana pasada anulando el artículo que establecía la vigencia de dos años. Eso quiere decir, que los nuevos dueños del banco tendrían que estrenarse negociando una nueva convención colectiva a fines del presente año.

Otro aspecto que podría interpretarse como una debilidad del banco es la alta dependencia del sector público. Según el memorando de información preparado por Fogafin, "el banco es el principal proveedor de servicios financieros al sector público en Colombia". El sector público es también la principal fuente de fondos del banco con las cuentas corrientes oficiales y los depósitos judiciales. La gran pregunta para los inversionistas potenciales es hasta qué punto esa situación se va a mantener una vez que el banco pase a manos privadas.

Al respecto afirma Juan Guillermo Serna, "la mayor parte de los recursos que tiene el banco en depósitos y que son del sector oficial, permanecerán una vez se privative. De hecho, el banco juega un papel muy importante en las entidades municipales, pues es el que más otorga redescuentos de Findeter. Ese es uno de sus fuertes y así seguirá. El 'stock' actual de depósitos judiciales es de 90.000 millones de pesos que quedarán ahí. Lo más seguro es que de ahora en adelante sigan haciéndose en la Caja Agraria, la otra entidad oficial a que obliga la ley. Es más, esos depósitos son costosos administrativamente hablando, por tanto, es mejor que salgan del banco".

En materia tecnológica el atraso del banco es bastante impresionante. De una red de 157 oficinas existen apenas 15 que están totalmente automatizadas. Es decir, menos del 10 por ciento del banco. Luego existen alrededor de 100 oficinas con un mayor o menor grado de automatización y el resto -alrededor de 30 oficinas- que son totalmente manuales. Quien adquiera el banco tiene que entrar a invertir en los próximos tres años una suma del orden de las 30 millones de dólares.

Además de esa inversión, los nuevos dueños también tendrán que disponer de importantes recursos para cumplir con las nuevas normas sobre requerimientos de capital. El índice de apalancamiento del banco es de 10.5, lo que no le deja sino 0.5 para no sobrepasar la relación 1 a 11 entre patrimonio técnico y activos. Y ese margen es estrecho para un banco con proyección de crecimiento.

ANTECEDENTES Y COMPARACIONES

Otra razón que pone a la gente a pensar en la sobrevaloración del Banco Popular es la de los antecedentes de Fogafin en materia de valoraciones. En el caso del Banco del Comercio, la Contraloría General de la República cuestionó la valoración de la entidad. Si bien el incidente se aclaró y el gobierno demostró en un debate en el Congreso que la acusación no sólo era injusta sino infundada, el episodio no le hizo bien a Fogafin.

Cuando se le encomendó la valoración del Banco Cafetero para posteriormente ser sometida a la revisiòn de Morgan Grenfell, el conocido banco de inversión inglés, ésta última entidad se negó a expedir el "Certificado de Conformidad" correspondiente argumentando que habían encontrado toda una serie de inconsistencias en el avalúo. El banco inglés manifestó, además, que Fogafin habìa sobreestimado la rentabilidad de ese banco proyectando mejoras en los márgenes de interés que no correspondían a los récords históricos, que no había hecho un análisis serio de la cartera y que presentaba mejoras en la estructura de costos sin cargar los correspondientes gastos de reorganización.

La tercera razón que pone en duda la valoración del Banco Popular realizada por Fogafin es el análisis comparativo. Y en esta materia existen los antecedentes inmediatos de las privatizacion es del Banco de Colombia y Corpavi. (Ver cuadro). La valoración realizada por Fogafin del Banco de Colombia arrojó hace apenas seis meses la suma de 340.000 millones de pesos. Eso no sólo es apenas un 13 por ciento más que el Banco Popular -lo que no guarda proporción entre la magnitud de las dos entidades- sino que las relaciones de ese valor frente al patrimonio y a la utilidad eran de 3.25 y 8.03 respectivamente. Si se considera que al Banco de Colombia se le inyectaron como capital 63.000 millones de pesos producto de la venta el indicador de la relación precio-patrimonio en ese evento sería del 2.03. Con las cifras definitivas de la venta -401.000 millones de pesos- esos indicadores mejoraron y se ubicaron en 3.83 para la relación precio-patrimonio (o 2.39 teniendo en cuenta la capitalización) y en 9.48 para la relación precio-utilidad.

Corpavi, por su parte, fue valorada en 50.000 millones de pesos por Fogafin. Los indicadores en ese caso eran de 2.38 veces (ValorPatrimonio) y 11.83 veces (ValorUtilidades). Realizada la venta, el gobierno obtuvo por la entidad la suma de 66.680 millones de pesos, lo que mejoró los indicadores para situarlos er 3.18 y 15.77 respectivamente. La preocupación en el caso del Popular surge al observar que esos mismos indicadores son de 2.49 y 19.10 respectivamente. Este último podría llegar a ser un indicador válido en el caso de una entidad financiera de primera línea, pero ese no es definitivamente el caso del Banco Popular.

Con ese valor mínimo falta ver quiénes se le miden al banco. Hasta ahora se ha hablado del Banco Uconal y del sector cooperativo. Sin embargo, ese grupo puede tener dificultad en conseguir los fondos necesarios para adquirir el control de la entidad y podrían llegar a encontrarse en una situación como la de Corpavi, donde tiene un paqucte cercano al 50 por ciento de las acciones pero sin control. O algo todavía más peligroso para el principal accionista de un banco: estar altamente endeudado. Al respecto, Juan Guillermo Serna, manifiesta que "las autoridades han facilitado la labor de consecución de recursos para los sectores comprometidos como compradores y en el IFI, por ejemplo, hay una lìnea que puede usarse por el sector solidario. Corresponde al sector solidario probar su capacidad de flujo de pago a los bancos para que reciba los recursos, como cualquier solicitante de crédito. Si el sector solidario quiere salirse de su participación en la compra de Corpavi o el Banco de Colombia, debe pagar el costo de la preferencia que obtuvo de los colombianos".

En cuanto a los inversionistas privados, el director de Fogafin ha manifestado que existe interés de parte de las Organizaciones Sarmiento Angulo y Ardila Lulle y del Sindicato Antioqueño. SEMANA, sin embargo, ha podido establecer que el interés de los dos últimos no es en firme. Al parecer, los bancos Bilbao-Vizcaya y Argentaria de España también estarían analizando la oportunidad. Pero según el mismo Serna, estos bancos no están interesados "en entrar en un esquema de riesgo compartido con un inversionista colombiano de nombre y tradición que maneje para ellos un mercado que no conocen".

Esta puede convertirse en una de las ventas más difíciles que haya emprendido el Estado. Ya las cartas están echadas y sólo queda por ver si ese precio cumple con el mandato de las condiciones especiales de la Constitución y da para que el Banco Popular tenga muchos postores.