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| 10/14/1996 12:00:00 AM

UN DEBATE CRUDO

El revolcón en la Junta Directiva de Ecopetrol ha alborotado el avispero sobre la posibilidad de modificar el contrato de la BP en el piedemonte.

La semana pasada el país fue testigo de una tormenta que salpicó oscuras gotas para todas partes, generada por la renuncia de José Fernando Isaza a su cargo como representante del Presidente de la República en la Junta Directiva de Ecopetrol. Esta decisión, que sorprendió a la mayoría de los observadores económicos, fue calificada por el presidente Samper como un acto asociado con divergencias políticas con su gobierno. ¿Cuál es la realidad detrás de esta renuncia? La historia se inició hace tres años, cuando la British Petroleum _BP_ empezó a transmitirle a Ecopetrol inquietudes acerca del contrato de asociación del Piedemonte fase 3, para pedirle considerar la posibilidad de replantear algunos términos del mismo para aumentar su rentabilidad. Este contrato, que abarca los campos de Pauto, Volcanera y Floreña, se había firmado apenas dos años antes bajo el esquema de distribución de producción escalonada (ver recuadro). Los argumentos de la BP al gobierno se centraban en que esta modalidad hace que la rentabilidad del proyecto sea demasiado baja, especialmente si se tienen en cuenta las dificultades que presenta el piedemonte para este tipo de explotación. Si bien desde entonces el cuento de la solicitud de la BP se oía en todos los corredores de Ecopetrol, tan sólo hace ocho meses el tema fue llevado formalmente ante la Junta Directiva. En esa ocasión se discutió una comunicación en la que la petrolera señalaba que, si no se modificaban los términos del contrato del Piedemonte, se vería forzada a detener el proceso de perforación. La sorpresa de los miembros de la junta que no conocían los detalles de las conversaciones previas entre la BP y el gobierno fue doble. Por una parte, era la primera vez que enfrentaban formalmente a lo que hasta ese momento había sido un simple rumor: que la petrolera estuviera solicitando la revisión de un contrato firmado tan sólo tres años atrás. De otro lado, atada a esta solicitud estaba el futuro de uno de los proyectos petroleros más importantes del país. Los expertos estiman que las reservas de la fase 3 del piedemonte ascienden a más de 1.000 millones de barriles, que equivalen a casi una tercera parte de las reservas actuales del país. Como si fuera poco, los campos constituyen una reserva clave para el futuro gasífero colombiano. Durante los meses que siguieron el tema volvió una y otra vez a rondar las sesiones de la junta, y aunque nunca se discutió formalmente, se empezaron a insinuar diferencias entre sus miembros alrededor de la conveniencia de modificar un contrato de tal magnitud en plena vigencia. Ante las dificultades que esas diferencias de criterio presagiaban, Ecopetrol optó por ordenar dos estudios sobre las condiciones de rentabilidad del contrato, que dieran elementos de juicio a la junta para abordar en profundidad la discusión. Los estudios fueron ejecutados por Fedesarrollo y la Universidad Nacional, y en el segundo tuvo una participación central Gabriel Misas, quien fue recientemente designado como consejero económico de la Presidencia de la República. La tormenta Cuando los resultados de los estudios llegaron a manos de los miembros de la junta se alborotó la discusión. Según Ecopetrol, éstos planteaban la posibilidad de que el contrato del Piedemonte se modificara a un esquema de factor R. (ver recuadro) En la sesión del pasado 24 de agosto José Fernando Isaza expuso ante la junta en pleno sus puntos de vista, que fueron los que a la postre motivaron su renuncia. Según Isaza la renegociación del contrato del Piedemonte sentaría un precedente complejo, pues abriría la puerta para que otras empresas exigieran la modificación de sus contratos con el argumento de que la rentabilidad no les satisface. Adicionalmente Isaza argumentó que la BP tenía suficiente conocimiento del piedemonte como para saber a qué atenerse en el momento de haber firmado el contrato, y agregó que la rentabilidad encontrada por los estudios no era objetivamente baja. Tras presentar sus argumentos, Isaza pidió que el tema fuera sometido a votación pero la junta no acogió su propuesta. La crisis estalló después de la sesión del viernes 6 de septiembre, en la que según relató uno de los asistentes a SEMANA, "hubo momentos de tanta tensión que el aire se podía cortar con una cuchilla. La grieta que había abierto la posición de Isaza era tan grande que no faltaron fuertes indirectas en su contra". Al terminar la junta Isaza salió a redactar de inmediato la carta de renuncia que el lunes siguiente conoció el país, y que puso fin a 10 años de su labor como representante del Presidente de la República en la junta de Ecopetrol. Ante esa situación, el gobierno no sólo se apresuró a nombrar su reemplazo en la junta, sino que decidió sustituir a otros dos miembros que habían mostrado simpatía hacia las objeciones de Isaza: César González, presidente de Asobancaria, y Carlos González. En diálogo con SEMANA, César González afirmó: "Yo estaba de acuerdo con la posición de Isaza, en el sentido en que replantear el contrato con la BP sentaría un pésimo precedente sobre la estabilidad contractual de la inversión extranjera en el país. Pero a diferencia de él, yo habría estado dispuesto a dar la pelea dentro de la junta. Sin embargo, creo que no me cambiaron por mi posición sobre el tema sino porque ya había cumplido un ciclo en la junta". De cualquier manera, el remezón en la junta de Ecopetrol ha puesto al país a pensar sobre si conviene replantear el contrato del piedemonte. Para algunos, la BP estaría aprovechando la crisis política para presionar a un gobierno debilitado a cambiar el contrato. Otros han llegado a plantear que la presión está asociada con donaciones de la petrolera a la campaña del actual presidente. Sobre este tema,un vocero oficial de la BP dijo a SEMANA que siguiendo políticas corporativas que prohiben contribuír a campañas políticas, la petrolera se abstuvo de hacerlo en el caso de Samper. Según un agudo conocedor del tema petrolero, "Yo no le veo el misterio a todo esto. La BP está haciendo lo que le corresponde en su condición de empresa privada: tratar de aumentar su rentabilidad. Lo demás ya es problema del gobierno". En concepto de la BP, "La rentabilidad del piedemonte escasamente se ubica por encima de 10 por ciento y por debajo del retorno de la inversión en bonos bancarios de cero riesgo. Nosotros esperábamos reducir los costos, pero el área del Piedemonte resultó mucho más compleja y costosa por las dificultades geográficas y geológicas. A ello se añaden los problemas de seguridad". Para Isaza "lo que está en juego es la estabilidad contractual del país. Colombia ha respetado tradicionalmente sus contratos, incluso cuando son evidentemente ventajosos para los asociados. Ese ha sido el caso de Caño Limón y Cusiana, y el gobierno ha respetado los términos de esos contratos". Al respecto el ministro de Minas y Energía, Rodrigo Villamizar, dijo: "Aunque todavía no hay decisiones tomadas, sería un pésimo precedente cambiar el contrato. Si se demuestra que las condiciones actuales no permiten la extracción habría que buscar una modificación general al esquema de distribución escalonada que no sea sólo para el contrato de la BP". Pero el Ministro no es el único al que se le ha ocurrido esa posibilidad, pues hasta el momento ha sido objeto de aproximaciones informales de otras tres empresas que quieren revisar los términos de sus contratos escalonados. Por el momento los observadores económicos están en vilo. El vocero de la BP dijo a SEMANA que "si no hay condiciones que hagan el proyecto competitivo internacionalmente, la empresa no podría seguir el programa de perforación de los pozos exploratorios del piedemonte. Nos limitaríamos a desarrollar una parte de lo encontrado hasta ahora para recuperar la inversión." Sobre este punto, Isaza ha sido enfático: "No creo que eso suceda: sería la primera vez en la historia que un descubridor abandonara un campo con reservas de más de 1.000 millones de barriles." Lo cierto es que unos y otros esperan que Ecopetrol aborde de una vez por todas el tema, en un debate abierto que tenga en cuenta todos los elementos de juicio que el remezón en la junta ha puesto sobre la mesa. Sin embargo, todo parece indicar que el trecho por recorrer aún es largo. Según el ministro Villamizar: "Yo esperaría que el tema se vuelva a llevar a junta en unas tres semanas. Pero de allí a que se tome una decisión, no se sabe..." n n Aunque la polémica estalló ahora, las conversaciones entre la BP y Ecopetrol se iniciaron hace tres años Contratación: un tema viscoso Los contratos que firma Ecopetrol para la exploración y explotación de crudo siempre han sido motivo de debate. Las discusiones comenzaron en el mismo momento en que se aprobó el sistema de concesión en 1903, y que estuvo vigente hasta 1974. En ese año se le dio a Ecopetrol la facultad de llevar a cabo la exploración y explotación de hidrocarburos, directamente o a través de terceros. Si la opción era esta última, la operación se haría mediante contratos de asociación, en los que el particular asume los riesgos de exploración y una vez se declara la comercialidad del campo entra en juego Ecopetrol. En un comienzo, la distribución de ganancias entre Ecopetrol y sus socios era de 50 y 50 por ciento, después de pagar las regalías. Bajo esa modalidad están operando dos de los más grandes contratos petroleros en el país: Caño Limón y Cusiana y Cupiagua. Ese sistema se acabó en 1989, cuando la entonces ministra de Minas, Margarita Mena de Quevedo, decidió introducir el sistema de distribución de producción escalonada, que rige los campos de Floreña, Pauto y Volcanera de la BP en el Piedemonte Llanero. Con este régimen, si la producción es de menos de 60 millones de barriles la distribución de ganancias es también de 50 y 50 por ciento. Pero a medida que ésta va aumentando, disminuye la participación del asociado y crece la de Ecopetrol. Y en caso de que supere los 150 millones de barriles, Ecopetrol queda con el 70 por ciento y el asociado con el 30. Como este método no gustó entre los inversionistas, el gobierno decidió revisarlo. Con base en un estudio de la Organización de Naciones Unidas _ONU_, Ecopetrol llegó a la conclusión de que no era competitivo y que la tabla de escalonamiento era poco equitativa, pues sólo miraba los volúmenes de producción y no las demás variables económicas. Por eso, en 1994 se adoptó el Factor R, que mide la relación entre ingresos y egresos. Si la rentabilidad del campo es baja la distribución es también de 50 y 50 por ciento. Si es media ésta cambia y el Estado participa con un porcentaje mayor. Si es muy alta Ecopetrol queda con el 75 por ciento y el privado con el 25 por ciento.
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