Un nuevo enfoque

Durante el último año y medio un equipo del ministerio de Hacienda y de la Dian preparó un proyecto de ley que renovaba casi en su totalidad el estatuto tributario colombiano. La equidad y la progresividad fueron la inspiración filosófica de la reforma y no el aumento del recaudo.

La idea era presentar dicho proyecto en el segundo semestre, pero tras el accidentado trámite de la reforma a la justicia se pensó que el gobierno no se arriesgaría a llevar una iniciativa tan amplia al legislativo. Además, cuando el ambiente económico internacional se complicó, hasta el entonces ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, se mostró partidario de aplazar la reforma y esperar que soplaran mejores vientos. Consideraba que si no había necesidad de plata, para qué se le ponía estrés a la economía con una reforma impositiva.

Sin embargo, el presidente Santos quiere salir de una vez de la reforma tributaria y el nuevo ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santa María, piensa que hay buen ambiente para tramitarla. La decisión es presentar esta misma semana el proyecto al Congreso.

Pero, ¿será la misma reforma que Echeverry dejó casi lista y que él mismo bautizó como Elisa, por las iniciales de los conceptos Equidad, Limpieza, Simplicidad, Seducción y Adaptación? En principio, se sabe que no será una reforma de 800 artículos como lo contemplaba el anterior proyecto, se estima que no tendría más de 100. Y aunque se mantiene el principio de buscar la equidad e igualdad antes que el mayor recaudo, hay algunas diferencias conceptuales en el nuevo proyecto. La gran novedad de esta iniciativa es que el gobierno se meterá con uno de los temas que hasta el momento ha sido intocable en el país: los parafiscales, es decir los impuestos a la nómina con destino al Sena, ICBF, las cajas de compensación familiar y los relativos a la seguridad social en salud y pensiones.

El ministro Cárdenas es de la corriente de los economistas -muchos de ellos de Fedesarrollo-, que consideran que al reducir los costos a la nómina, específicamente los parafiscales, se abarataría la contratación y por ende se estimularía la generación de empleo.

Por ello se propondrá al Congreso aliviar de esta carga a las empresas, concretamente de los aportes al Sena y al ICBF (no se tocaría los de las cajas de compensación familiar) y al cierre de esta edición se estudiaba si se incluían los aportes a salud.

Lo novedoso de la iniciativa es que se crearía un nuevo impuesto de destinación específica para cubrir los aportes que dejarían de hacer las empresas y que se estima en unos 5 billones de pesos (en el caso de ICBF y Sena). Por norma constitucional no puede haber rentas nacionales de destinación específica en Colombia, excepto si son para inversión social. El gobierno se jugaría por esta vía, porque claramente el nuevo tributo cumpliría con ese requisito. De paso, el gobierno, con la creación de un nuevo impuesto evitaría que las empresas que ya tienen acuerdos de estabilidad jurídica sean excluidas de su pago.

El ministro de Hacienda les daría otra zanahoria a los empresarios: la reducción de la tarifa del impuesto de renta del 33 por ciento, posiblemente al 27 por ciento. La idea es que el recaudo de renta menos los aportes de los parafiscales, más el nuevo tributo que se crearía, no debería exceder lo que pagan hoy. Cabe señalar que esto es solo para las empresas. Esta reducción busca alinear al país con el resto del mundo que se ha movido hacia tasas más bajas.

Para las personas naturales que declaran renta se contempla un cambio importante. En este segmento de los contribuyentes se estima que hay más trabajo por hacer y es donde se presentan la mayor evasión e inequidad tributaria. Para ellos se crea el llamado Imán, impuesto mínimo alternativo nacional, que establece una escala gradual de tarifas según el tipo de ingresos: salariales o no.

Con este mecanismo se busca simplificar el trámite del impuesto de renta de las personas naturales. Según el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, el Imán hará más fácil el pago de renta, al igual que la labor de fiscalización de esa entidad.

En cuanto a los asalariados, el ministro de Hacienda no es partidario de eliminar las rentas exentas que actualmente benefician a los trabajadores como los aportes a los fondos voluntarios, las AFC o los intereses por créditos hipotecarios, como sí se proponía en el anterior proyecto. El gobierno sabe que ese es un tema difícil de tramitar en el Congreso. De hecho el Partido Liberal había expresado su rechazo a quitar las exenciones.

En otros temas como el IVA, el gobierno no se meterá con la canasta familiar, pero simplificará las tarifas. Quedarían solo cuatro: cero, cinco, diez y 16. Además, propondría un impuesto a los bienes suntuarios como carros de alta gama. También hará modificaciones en materia de devolución del impuesto a las ventas para corregir uno de los problemas más grandes que tiene que atender la Dian y por donde se ha detectado uno de los mayores orificios de fraude al Estado. Se continúa con la idea de reducir el impuesto a la ganancia ocasional, porque se piensa que con una menor tarifa se asegura una menor evasión.

Al cierre de esta edición el equipo del Ministerio de Hacienda y la Dian seguían armando la reforma y estudiando cada uno de los puntos que finalmente incluirán en el proyecto. En todo caso no será esta una reforma estructural que abarque todos los temas, pues como dice el ministro de Hacienda, en un debate tributario se despiertan todos los anticuerpos en este país. "Hay que hacer un proceso de reforma, más que la gran reforma", dice.