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¿UN PASO ATRAS?

La restricción crediticia puede obligar a una intervención de las tasas de interés por parte del gobierno.

18 de abril de 1994

LA DECISION DEL BANCO de la República de restringir el endeudamiento privado, tanto interno como externo, dejó fríos a muchos. Pero no se le puede tachar de sorpresiva. Desde que la Junta Directiva del Banco del Emisor recibió el mandato constitucional de reducir la inflación, es previsible que cada sacudida en el índice de precios vaya acompañada de un apretón en materia monetaria. Y eso fue lo que sucedió. Con una inflación del orden del 6 por ciento en sólo dos meses -y con indicios de un crecimiento continuado en lo que va de marzo- para las autoridades económicas no había otra salida que recortar la demanda. Y en este caso la Junta contaba con una justificación adicional: el excesivo endeudamiento externo del sector privado estaba inundando al país de divisas y presionando una mayor revaluación.
Es más: no sólo era previsible que el gobierno adoptara tal medida, sino que para algunos sectores de opinión se estaba demorando en hacerlo. Es el caso, por ejemplo, de la Asociación Bancaria, que desde hacía varios días venía insistiendo en la necesidad de desestimular el gasto privado, sobre todo el financiado con crédito externo. Y el de Fedesarrollo, para cuyo director, Eduardo Lora, el paquete de medidas adoptado por la Junta del Emisor va en la dirección correcta, porque ataca los principales problemas de la economía, que son el excesivo aumento de divisas y el crecimiento global de la demanda.
Sin embargo, no todos los analistas opinan lo mismo. Si bien las presiones revaluacionistas eran una preocupación general y había cierto consenso en que las mismas eran alimentadas por la excesiva libertad existente en materia de endeudamiento externo -lo que justifica su restricción- los controles al crédito interno han sido interpretados de muy distintas maneras. Desde quienes piensan que era innecesario, hasta quienes lo ven como una estrategia para incrementar el margen de maniobra del gobierno en materia de gasto público.
"Estoy totalmente de acuerdo con el control al crédito externo porque era algo inevitable -le dijo a SEMANA el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), Javier Fernández Riva-; pero estoy totalmente en desacuerdo con la restricción al credito interno, que tiene consecuencias inconvenientes y que en esencia lo que pretende es atar de pies y manos al sector privado para que el gobierno pueda seguir gastando". Después de un detallado análisis de las medidas, Fernández llegó a la conclusión, además, de que con ellas "se perjudican los ahorradores que van a recibir una tasa de interés real, de por sí bajas, a niveles de cero e incluso negativas. Y se perjudican los usuarios de crédito, diferentes a las grandes empresas, y los proyectos de inversión".
Y es que a pesar de que los analistas no se han podido poner de acuerdo en cuál será el efecto inmediato de la restricción del crédito en materia de tasas de interés, son muchos los que creen que las tasas para préstamos aumentarán, por su escasez relativa, mientras las de captación bajarán, debido a la menor necesidad de recursos por parte de los intermediarios. Y ese, para el usuario, sería el peor de los mundos. Claro está que el gobierno ha dicho que no lo permitirá, y que de ser necesario introducirá controles para evitar que las entidades financieras incrementen sus márgenes de intermediación. Eso da tranquilidad, pero no resuelve las dudas. Sobre todo las de aquellos que ven en la intervención un esquema contrario a los principios que durante más de tres años ha defendido el gobierno.