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| 3/27/2005 12:00:00 AM

Un TLC saludable

Colombia tiene argumentos para conseguir que Estados Unidos no logre todo lo que se propone en materia de propiedad intelectual de medicamentos.

La fibra más sensible del Tratado de Libre Comerc io (TLC) entre Colombia y Estados Unidos es la propiedad intelectual de medicamentos. Ningún otro tema despierta tan acalorados debates como el de los efectos que podría tener sobre la salud pública cualquier concesión que haga el país en este capítulo. Están en juego los 1.500 millones de dólares que mueve al año el mercado farmacéutico colombiano y, sobre todo, el acceso de los colombianos a las medicinas.

El episodio más grave desde que arrancaron las rondas del TLC fue la decisión del ministro de Comercio, Jorge Humberto Botero, de retirar al negociador encargado de este tema, Luis Ángel Madrid. "Incluyó una modificación en la propuesta de Colombia sin la autorización del jefe del equipo, Hernando José Gómez. Una falta de transparencia y disciplina inadmisible", dijo a SEMANA el Ministro.

La difícil negociación del TLC en materia de medicamentos es apenas un capítulo más de la larga batalla que ha librado Estados Unidos para que en el mundo se adopten estándares más estrictos de protección a la propiedad intelectual. Obtuvo su primera victoria cuando el tema se incluyó en las negociaciones de la Ronda Uruguay que en 1994 dieron vida a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En ese entonces, como ahora, los países en desarrollo se opusieron a las pretensiones estadounidenses con el argumento de que cualquier concesión limitaría el acceso de la población a nuevos medicamentos. Además no quedaba claro por qué incluían el tema en una negociación comercial. A pesar de las críticas, los miembros de la OMC, incluida Colombia, se comprometieron a cumplir las normas Adpic (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio), que contemplan entre otras medidas el otorgamiento de patentes por un período de 20 años.

Pero ante los reclamos de las regiones más pobres, azotadas por el sida o la tuberculosis, la OMC suscribió la Declaración de Doha, que permite a los gobiernos, en caso de emergencia nacional, producir o importar genéricos, desconociendo los derechos de patente.

Si bien Estados Unidos firmó en Doha, quiere darle una mayor protección a los medicamentos originales, más allá de las normas Adpic. Esa ha sido su posición en los tratados bilaterales con Chile y Centroamérica, y es la misma que defiende en la mesa de negociaciones con Colombia, Ecuador y Perú. (Ver recuadro).

Colombia ya tiene unas normas de propiedad intelectual que son más exigentes que los estándares internacionales. Desde 1994 otorga patentes, adelantándose varios años a sus compromisos con la OMC. Hoy existen en el país 859 patentes farmacéuticas, la mayoría de ellas relacionadas con procedimientos -no con nuevos medicamentos-, según cifras de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En septiembre de 2002, Colombia hizo una concesión adicional. En medio de las gestiones diplomáticas para extender las preferencias arancelarias del Atpa, el gobierno colombiano otorgó mediante el decreto 2085 una protección de cinco años a los llamados 'datos de prueba'. Estos son los estudios que presente un laboratorio al Invima para demostrar que un nuevo medicamento es seguro y eficaz y así obtener el permiso para venderlo.

Después del 2085, un laboratorio nacional tiene que esperar cinco años para que pueda comenzar a vender el genérico de ese medicamento. Así, el laboratorio que lanzó el medicamento por primera vez no tiene competencia de los genéricos durante ese tiempo.

A la fecha, 19 sustancias químicas gozan de esta protección. En la lista aparecen medicamentos utilizados para tratar enfermedades como Alzheimer, artritis, osteoporosis o disfunción eréctil, cuyas ventas, según Afidro -el gremio de laboratorios multinacionales-, representan solamente 0,38 por ciento del mercado farmacéutico colombiano. "La protección a los datos de prueba, contrario a lo que se dijo hace dos años, no ha incrementado los precios de los medicamentos, pues los médicos y los pacientes pueden escoger otras alternativas terapéuticas", dice María Claudia García, directora de Afidro.

El problema está en que, según los laboratorios nacionales y algunas ONG, la aplicación del decreto se ha prestado para darles exclusividad comercial en Colombia a remedios que ya han sido lanzados hace años en Europa o Estados Unidos y que sólo hasta ahora se registran en el país.

Con estos cuestionamientos en mente y sobre la base de que Colombia ya ha cedido más que Ecuador y Perú en propiedad intelectual, el gobierno diseñó una estrategia que busca que el TLC cambie algunas exigencias del decreto 2085. Así, mientras Estados Unidos quiere endurecer las protecciones para la industria multinacional farmacéutica, Colombia pretende que sean menores.

EL NEGOCIO DE LA SALUD

La industria farmacéutica multinacional ha repetido que la única forma de incentivar la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos es protegiendo la propiedad intelectual. Según Afidro, para sacar una innovación farmacéutica los laboratorios tardan entre 12 y 15 años e invierten cerca de 930 millones de dólares. Para recuperar esa inversión y seguir desarrollando medicamentos necesitan las patentes que les permiten vender sus productos a precios más elevados.

Este argumento, sin embargo, ha sido muy criticado. En La píldora de los 800 millones de dólares, publicado el año pasado, el periodista Merrill Goozner concluye que los laboratorios farmacéuticos gastan más en mercadeo que en investigación, y que ésta es subsidiada en parte con fondos del gobierno estadounidense. Según Goozner, cuando se acerca la fecha de expiración de la patente de un medicamento, los laboratorios se apresuran a encontrarle una mejora -así sea insignificante- o un nuevo uso para así poder gozar por más tiempo de la exclusividad. De inmediato lanzan intensas campañas de publicidad para convencer a los médicos y a los consumidores de que la 'nueva' droga es mejor que la anterior, aunque, claro, sea más costosa. Por eso, como dice un reciente artículo de la revista The Economist, "a las grandes compañías farmacéuticas les queda cada vez más difícil defender el argumento de que mayores utilidades significan más innovación". Mientras los consumidores gringos siguen pagando altos precios -casi el doble que en otros países-, las drogas realmente innovadoras son cada vez más escasas.

Lo preocupante, advierten algunos, es que Estados Unidos quiera 'exportar' su modelo de protección a la propiedad intelectual a los países con los que negocia acuerdos comerciales. Aunque el mercado colombiano no alcanza a ser el 0,1 por ciento de las ventas globales de productos farmacéuticos, cualquier medida que permita a los laboratorios extranjeros vender sus productos más caros les representa una ganancia.

Diversos estudios concluyen que la competencia de los medicamentos genéricos reduce los precios entre 40 y 70 por ciento. "Mientras el tratamiento mensual de un paciente con VIH cuesta con los productos de marca casi 2.200.000 pesos, con los genéricos cuesta 211.000 pesos", dice Jairo Reynales, vicepresidente de la EPS del Seguro Social, el comprador institucional más grande de medicamentos de alto costo en el país.

Funcionarios de las multinacionales consultados por SEMANA responden que los laboratorios locales sólo lanzan la versión genérica de un medicamento "cuando ya vende más de un millón de dólares". Reconocen que existen genéricos de excelente calidad, pero advierten que en Colombia hay muchos laboratorios "de garaje", que no garantizan la efectividad de sus medicamentos.

Más allá de la polémica, la pregunta es si el TLC realmente afectará el acceso de los colombianos a remedios de bajo costo. Lo que se acuerde en el tratado no tiene efectos retroactivos, por lo que los genéricos que hoy están en las farmacias no van a

desaparecer. Pero, ¿qué pasará con los nuevos medicamentos más efectivos para tratar, por ejemplo, enfermedades catastróficas como el cáncer o el sida?

Ifarma, una ONG, realizó el único estudio sobre los efectos del TLC en el precio de los medicamentos. Según éste, prolongar el período de las patentes más allá de 20 años le costará al país 400 millones de dólares a partir de 2025 y permitir que se patenten medicamentos viejos a los que se les encuentre un segundo uso tendrá un impacto de 1.200 millones de dólares en 2014.

Los resultados de esta investigación han sido refutados por el gremio de laboratorios multinacionales y por el gobierno. "El estudio de Ifarma está basado en supuestos que no corresponden a lo que podemos negociar en el TLC y, por ende, contiene manifestaciones alarmistas que carecen por completo de sustento", dijo el ministro Botero.

Pronosticar cualquier efecto es aventurado. Depende de qué tantos medicamentos nuevos, clave para la salud pública, salgan al mercado. Aunque las esperanzas de la industria farmacéutica están cifradas en la biotecnología, los resultados tardarán varios años en verse. Pero no se necesita ser economista consumado para saber que la competencia baja los precios y que cualquier medida que la restrinja tiene un costo para los consumidores.

Por eso las directrices presidenciales de no ir más allá de las normas que hoy están vigentes en Colombia y mejorar algunas de ellas -como reducir el tiempo de protección a los datos de prueba- fueron bien recibidas por la industria nacional y los activistas de la salud pública. Ahora falta ver si los negociadores colombianos logran que los buenos propósitos del Presidente queden plasmados en el texto del TLC. Es fundamental proteger el derecho de las próximas generaciones de colombianos a comprar medicamentos a precios razonables. Ellos no pueden ser los sacrificados de este acuerdo comercial, así sea con el país más poderoso del planeta.

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