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UN TRIUNFO DIPLOMATICO

A pesar de sus vacíos, la aprobación de la Iniciativa Andina tiene más repercusiones de las que la gente cree.

30 de diciembre de 1991

EN SU ULTIMA VISITA A BOGOTA, LA EMBAJAdora comercial de los Estados UnidosS, la señora Carla Hills, aseguró que la mayor prioridad de su gobierno en materia comercial era la Iniciativa Andina. Y no decía mentiras. Tres meses más tarde, y después de un rápido debate en el Congreso de los Estados Unidos, la Iniciativa es una realidad.
Inspirada en la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, mediante la cual los norteamericanos decidieron hace ocho años conceder preferencias comerciales a los países centroamericanos y del Caribe, con el fin de contribuir a solucionar sus problemas económicos, la Iniciativa Andina reduce a cero el arancel que deben pagar en los Estados Unidos todos aquellos productos procedentes de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia que no afecten sectores sensibles de la actividad económica en ese país.
La Iniciativa tendrá una duración de 10 años y es una respuesta de los Estados Unidos a los constantes requerimientos de colaboración en el plano económico hechos por los países más duramente afectados en la lucha contra el narcotráfico. De sus beneficios estarán excluidos productos como textiles, calzado, atún, petróleo y sus dervados, relojes y piezas y algunos azúcares y melazas. Pero se beneficiarán productos tan importantes, al menos para Colombia, como las flores, que estaban pagando un arancel que variaba entre el cuatro y el ocho por ciento. Y algunos menos importantes pero no por eso sin buenas perspectivas como las frutas, las legumbres, las legumbres procesadas, las manufacturas ligeras y las artesanías. Contempla, además, una desgravación progresiva durante cinco años hasta del 50 por ciento de las tarifas actuales para las importaciones de cuero.
Para algunos observadores, la Iniciativa propuesta por el presidente Bush en febrero de 1989, después de una cumbre presidencial realizada en Cartagena- no tendrá mayores repercusiones a nivel comercial, pues sólo cobija productos que en la actualidad representan apenas el 15 por ciento de las exportaciones colombianas a los Estados Unidos (esto es unos 400 millones de dólares). En la práctica, sin embargo, y aún suponiendo que las exportaciones de los productos cobijados por la Iniciativa no crecieran, las preferencias en materia arancelaria le significarán al país un ahorro neto del orden de los 500 a los 600 millones de dólares.
Pero como lo cierto es que la Iniciativa abre muchos mercados que estaban cerrados por los niveles arancelarios existentes, lo más probable es que se produzca una respuesta importante de su oferta exportable, lo que podría llevar sus ventas a los Estados Unidos a un valor superior a los 2.000 millones de dólares, de acuerdo con cálculos preliminares realizados por las autoridades colombianas.
Es más, una mirada cuidadosa a los efectos que puede tener la Iniciativa revela que los beneficios para el país pueden ser muy grandes. Y es allí donde radica la importancia de la medida, aprobada en un tiempo récord, si se tiene en cuenta por ejemplo que la Iniciativa para la Cuenca del Caribe tardó más de tres años en hacer su trámite por el Congreso.
En primer lugar, la Iniciativa tendrá una duración de 10 años, durante los cuales se podrán consolidar muchas empresas que hoy en día no tienen una oferta exportable, pero que en adelante no tendrán ningún obstáculo para ingresar en el mercado de los Estados Unidos. En otras palabras, el momento es ideal para consolidar empresas en los renglones beneficiados por la Iniciativa.
En segundo lugar, el mismo hecho de que la Iniciativa Andina tenga un período de 10 años es fundamental para un país como Colombia desde el punto de vista de la llamada Iniciativa para las Américas del presidente Bush. Diez años de acceso preferencial le darán al país una pausa suficiente para negociar con calma un acuerdo de libre comercio con los norteamericanos. En tercer lugar, es necesario tener en cuenta que la Iniciativa Andina es un régimen concesional, mediante el cual los Estados Unidos otorgan unas preferencias comerciales a los países de la región sin que estos se vean compelidos a comprometer el manejo de su política. En palabras de un observador,