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| 9/14/1992 12:00:00 AM

UNA MUERTE ANUNCIADA

Más de 34.000 trabajadores habían sido retirados del Gobierno hasta la caída del Decreto 1660.

UNA MUERTE ANUNCIADA, Sección Economía, edición 537, Sep 14 1992 UNA MUERTE ANUNCIADA
CUANDO LA CORTE CONStitucional anunció a comienzos del mes la declaratoria de inexequibilidad de la que hasta entonces había sido la principal herramienta jurídica para reducir el tamaño del Estado, el Gobierno recibió la noticia con mas resignación que desespero. Al fín y al cabo, desde hacía meses se esperaba que la iniciativa fracasara, pues algunos de sus apartes tenían divididos a los abogados especializados en el tema.
La iniciativa en cuestión era el decreto 1660 de 1991. Este había sido promulgado en junio del año pasado, con la intención de autorizar al sector central y a las entidades descentralizadas a realizar planes de reducción de personal, mediante el pago de una bonificación. La idea era liberar a ciertos organismos de la camisa de fuerza que en algunos casos imponía la carrera administrativa, "aceitando" la salida de gente con una prima que podía ser de hasta el 20 por ciento de lo que se le liquidara al trabajador.
Todo este proceso se enmarca dentro de los esfuerzos para reducir el tamaño del Estado. El tema ha sido objeto de análisis en los diferentes medios y el consenso se ha enfocado en la dirección de determinar que el sector central es demasiado grande en algunas areas y demasiado pequeño en otras. Esa apreciación se vió reforzada con los cambios que trajo consigo la nueva Constitución y las nuevas reglas de juego de decisiones como la de la apertura económica.
Al decreto 1660 se le unieron otros esfuerzos en el mismo sentido. El resultado de estos no es despreciable. Según un trabajo reciente del Consejo de Política Fiscal -confis-, durante 1991 se retiraron 17.598 personas de 12 entidades y en lo que va de 1992 se han retirado 16.566 trabajadores mas de 16 entidades adicionales. Dentro de estas se incluyen el Idema, Colpuertos, Incomex y el Ministerio de Educación, para sólo nombrar algunas.
Segun el Gobierno, los 34.164 trabajadores retirados equivalen al 5.3 por ciento del total de empleados públicos del sector central (636.493 a diciembre de 1991, según el Servicio Civil). El costo promedio por trabajador ascendió a 4.9 millones de pesos, con ciertas entidades muy por encima de esa marca. Por ejemplo, en la Corporación Nacional de Turismo, los pagos promedios ascendieron a 14.1 millones de pesos por empleado circunstancia que ha conducido a una investigación de la Procuraduría.
Los 167 mil millones que costaron los planes de retiro, se van a recuperar rápidamente, de acuerdo con el Confis. Segun este, el ahorro anual en servicios personales asciende a casi 58 mil millones de pesos. Todo esto, bajo el supuesto obvio de que la gente que se retiró no vaya a ser reemplazada, para lo cual el Gobierno ya instituyó un mecanismo de seguimiento.
A pesar del avance en ese sentido, es indudable que la caída del decreto 1660 va a entorpecer el desarrollo futuro de los planes de reducción de personal en ciertas áreas del Estado. Según el Confis. dos de cada tres de los trabajadores retirados en 1992 se acogieron al mecanismo, y para el próximo año se tenían planes ambiciosos en la misma dirección.
Lo anterior no quiere decir, sin embargo, que no haya instrumentos. Aunque no se conoce el concepto de la Corte Constitucional, todo indica que esta le da validez al artículo transitorio 20 de la Constitución, el cual faculta al Gobierno para suprimir, reestructurar o fusionar a las entidades del sector público, de acuerdo con las recomendaciones que le haga una comisión creada para tal efecto. El plazo para tomar las decisiones se vence en diciembre de 1993 y en principio todo indica que ante la caída del 1660 se va a utilizar esta especie de carta blanca.
No obstante esa salida jurídica, el problema consiste en tomar las decisiones "a las malas". Aún con los defectos que pudiera tener, el 1660 permitía hacer los recortes de manera concertada con los empleados, por lo cual las quejas de los sindicatos fueron manejables. Sin embargo, la Corte consideró que el decreto violaba el principio de estabilidad consagrado en la carrera administrativa, una tesis que el Gobierno ataca. Esa postura va a hacer mas difícil el desarrollo concertado de los planes de reducción de personal y va a enrarecer el clima laboral en algunas entidades del Estado. Aunque no se puede negar el alcance de lo ya logrado, es también incuestionable que con la caída del 1660 el revolcón en esta materia amenaza con quedarse a medias.

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