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| 12/6/1982 12:00:00 AM

UNION PARA VENCER

El gobierno, confiado en el apoyo con que cuenta entre la opinión pública, convoca un Pacto Social para combatir la inflación

UNION PARA VENCER UNION PARA VENCER
La tercera alocución televisada del presidente Betancur y el discurso del ministro de Hacienda ante la XX asamblea de la Asociación Bancaria comenzaron a clarificar los objetivos del equipo técnico del gobierno en el diseño de la política económica.
Cuando Betancur trató por primera vez este tema, el pasado primero de septiembre, se notaba la intención de otorgar un gran énfasis de la acción del gobierno a buscar un impulso del crecimiento de la economía que ayudara a sacar al país de la recesión.
Parecía incluso que, para ello Belisario y sus hombres estaban dispuestos a renunciar a la utilización de algunos instrumentos que sirven para controlar la inflación. Sin embargo, en el mencionado discurso, el ministro Gutiérrez no dejó ninguna duda: "El gobierno no cree en un crecimiento económico que galope sobre el lomo de la inflación".
En ciertos niveles de la opinión pública se ha venido gestando la idea de que el control de los precios y el aumento en el PIB son incompatibles e incluso pueden llegar a ser excluyentes. Tal idea se basa en la experiencia de algunos países que han dado un apoyo desenfrenado al crecimiento, propiciando altas tasas de inflación, y en que la aplicación de políticas antiinflacionarias mediante restricciones al crecimiento de los medios de pago o disminución en los gastos del gobierno, introduce elementos recesivos en el aparato productivo.
Sin embargo, la década de los setenta trajo a algunos países el fenómeno de la estanflación, en el cual cohabitaron inflación y recesión, echando por tierra la "teoría" del supuesto intercambio entre inflación y desarrollo que se trataba, en últimas, de una relación estadística entre tasas de crecimiento en el PIB y en los precios, durante períodos de características especiales y en países muy concretos.
En realidad, la teoría económica no da pie para sustentar esa idea, y sobre esa realidad se basa el plan del Gobierno Nacional para buscar una "reactivación" con estabilidad de precios.
En Colombia, en efecto, hay experiencias recientes que muestran cómo ambos objetivos pueden alcanzarse simultáneamente: en 1978 el país tuvo la mayor tasa de crecimiento de toda la década, 7.8%, y la menor inflación 14.5% .
Más que una consecuencia de optar por un objetivo, entonces, el problema se reduce a la forma como se lleve a cabo la política económica, para lo cual los instrumentos y la forma en que se utilicen, juegan un papel muy determinante. Una regla de oro en relación con el manejo de la economía, que se atribuye al economista norteamericano John Tinberger, dice que el número de instrumentos debe ser igual al número de objetivos. No es posible que la política monetaria al mismo tiempo controle los medios de pago para frenar la inflación y aumente la liquidez financiera para estimular la inversión. Se necesita, entonces, una coordinación general de todos los instrumentos que tiene en sus manos el Estado.
Esto último, según se desprende de las recientes palabras del Minhacienda Edgar Gutiérrez, se buscará mediante una política de Ingresos y Salarios que a su vez se derive en un "pacto contra la inflación" .
TODOS A UNA
La primera vez que se propuso y se trató de aplicar una estrategia de este tipo fue en Inglaterra, por iniciativa del partido Laborista, en la década de los sesenta. La filosofía se basa en un ejercicio de concertación entre los representantes de las distintas fuerzas que actúan en el sistema económico, para que cada cual se comprometa a aportar una dosis de sacrificio que permita alcanzar un equilibrio global que se refleje simultáneamente en todos los indicadores de la actividad productiva.
En Colombia, el ex-presidente Alfonso López Michelsen propuso su utilización en 1974. En esa oportunidad la concertación, que es la piedra sobre la cual se construye toda la estructura del programa, se debilitó por el enfrentamiento entre el gobierno y los gremios, primero, y las centrales de trabajadores, después.
En las actuales circunstancias, en cambio, el conocido apoyo con que cuenta B.B. entre los diversos niveles de la opinión pública es uno de los elementos en que confía el gobierno para lograr el feliz cumplimiento de sus propósitos. Sin embargo, aunque las primeras manifestaciones de gremios y sindicatos fueron de apoyo a la iniciativa, estas no constituyeron una voz unánime. Por el contrario, no faltaron opiniones discordantes.
Carlos del Castillo, presidente de Fedemetal, manifestó a la prensa su desacuerdo sobre la congelación de precios, mientras que Víctor Acosta, máximo dirigente de la UTC, dijo al programa "6 a.m.-9 a.m." de Caracol, que los trabajadores no aceptarían un alza menor a la tasa de inflación.
Las políticas de ingresos y salarios, según se conoce a partir de experiencias en otros países, encuentran la mayor dificultad en el momento en que los diversos grupos se enfrenten a la necesidad de renunciar a aspiraciones que de tiempo atrás están institucionalizadas. Una vez ha existido durante un año, por ejemplo, un proceso de aumento en los precios, para los empresarios es difícil renunciar a subir los suyos, o para los trabajadores aceptar un aumento en los salarios que no compense totalmente la inflación.
Así se espere un control futuro del incremento de los precios, ello implica desistir en términos reales y en forma definitiva, de recuperar el poder adquisitivo perdido durante el año.
El ministro de Hacienda, en su discurso de Cartagena, se refirió también a quienes deben hacer el primer sacrificio: "se estima que el liderato en la concertación que se propone deberá corresponder primero a los sectores empresariales de la industria y de la banca y, en segundo lugar, a las centrales de trabajadores organizados ".
CONTROL A EXPECTATIVAS
En el fondo de toda la estrategia aparece un diagnóstico de la inflación que le otorga a las expectativas un papel muy importante como explicación del fenómeno. Este complementa el papel que se había dado en un primer momento al crecimiento de los medios de pago. Existen una serie de elementos propagadores de la inflación, que se han convertido en vehículos automáticos para las alzas de precios movidos por la inclusión que hacen las personas en su cálculos de ingresos y gastos, de mecanismos de defensa.
Algunos de estos son los "precios administrados", las alzas automáticas de los arrendamientos y las convenciones colectivas periódicas. Se confía en que el desmonte de estas expectativas puede disminuir la inflación, y ese punto de vista marcó el enfoque del discurso del presidente Betancur en que, con tono muy convincente, dijo que mediante el pacto anunciado, la tasa de incremento de los precios se podría reducir al 20% el año entrante, y al 14% en 1984.
Un punto que se localiza en el centro del problema inflacionario, y de su tratamiento mediante el control de los medios de pago, es el de la distribución. Los gobiernos tienen que emitir para mantener la liquidez que requieren las transacciones, y la apropiación de esta emisión (que el exministro Wiesner llamó "el margen tolerable de expansión monetaria") es un problema político que requiere la definición del grupo que se va a beneficiar con ella. Durante la administración Turbay Ayala este margen fue a las arcas del gobierno.
Mientras este último requería de fondos para financiar las obras contenidas en el Plan de Desarrollo, se impusieron al sector privado controles que obstaculizaron el acceso al crédito.
Ahora, con la existencia de un déficit fiscal de las magnitudes conocidas, aparentemente la apropiación seguirá favoreciendo al Estado. Al menos, eso se desprende del interés expresado por el presidente en el sentido de controlar la expansión. En todo caso, el déficit que se observa en la cuenta corriente, que implica una contracción de la base monetaria, le permitirá al gobierno un margen adicional que podría destinarse al sector privado.
En síntesis, si bien hay ahora mayor claridad en cuanto a la política económica, que descarta el crecimiento con inflación de que se habló en un momento, no se conocen aún las medidas con que se implementará el "pacto" ni los sacrificios que se exigirán a las distintas partes, de lo cual dependerá la viabilidad de la estrategia. Todavía el gobierno no ha entrado de lleno en el terreno de las definiciones.

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