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| 11/18/2017 10:21:00 PM

¿El ‘default’ tumbará a Maduro?

El incumplimiento en los pagos de las obligaciones de deuda externa ratifica la grave crisis económica que vive Venezuela. Para algunos este podría ser el puntillazo final para el régimen chavista.

Con la economía al borde de la bancarrota, con las calificadoras internacionales ubicando al país en default por su incapacidad de pagar la deuda externa en los términos actuales y sin acceso al financiamiento internacional, muchos pensarían que se agotaron las opciones para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Las sanciones impuestas por la Casa Blanca a finales de agosto parecen haberlo dejado en la disyuntiva de escoger entre mantener las importaciones –para resolver el crítico desabastecimiento de productos básicos– o quedarles mal a los acreedores internacionales, es decir, no pagar la deuda externa. Esta última expone los activos que tiene el país en el mundo, por ejemplo, las estaciones, refinerías y embarcaciones de Citgo, a expropiaciones.

Según Henkel García, director de Econométrica, centro de pensamiento del vecino país, las importaciones de Venezuela son hoy un 85 por ciento menores de lo que eran hace 5 años. “Si no se obtiene financiamiento adicional, se profundizará la escasez de insumos, materia prima y bienes básicos en los supermercados”, dice.

Un eventual default añadiría mayor presión a una economía que en 2018 acumulará el quinto año en recesión y que sufre hiperinflación. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el PIB venezolano se contraerá un 12 por ciento este año, tras haber caído ya un 18 por ciento en 2016. Además, la inflación estará en niveles del 2.000 por ciento, lo cual sigue deteriorando el poder de compra y la calidad de vida de los venezolanos.

Por esta razón, Maduro trata urgentemente de refinanciar la deuda. Pero no será una tarea fácil. Si bien el gobierno anunció que la reunión de la semana pasada con los acreedores fue un “rotundo éxito”, lo cierto es que resultó un fiasco, pues no ofreció un plan concreto de renegociación. El encuentro duró apenas 20 minutos y no asistieron sino cerca de 100 de los 414 tenedores de deuda que tendría Venezuela.

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A las sanciones de Estados Unidos que impiden a cualquier institución financiera, supervisada por el gobierno norteamericano, realizar transacciones con títulos de deuda y acciones emitidos por el gobierno de Caracas y su compañía petrolera estatal Pdvsa, se suma el hecho de que el vicepresidente, Tareck El Aissami, lidera la reestructuración, precisamente un personaje sancionado por el gobierno norteamericano debido a las acusaciones que lo señalan de narcotraficante.

Para el economista venezolano Asdrúbal Oliveros de Ecoanalítica, una refinanciación de la deuda externa de Venezuela es casi imposible sin un cambio en el programa económico que convenza a los mercados (o sin relajar las sanciones).

Al parecer, las únicas esperanzas de Venezuela están en Rusia y China, 2 de sus principales acreedores y aliados. Según el gobierno, habría llegado a un acuerdo para reestructurar unos 3.000 millones de dólares de la deuda con Moscú y asegura que hay avances con China, a la que adeuda unos 28.000 millones de dólares. Sin duda, un gran alivio como el que representa el pago que asegura haber realizado Pdvsa, por el cual Fitch los había declarado en default. Sin embargo, hay un consenso entre los economistas venezolanos de que esa ayuda estaría llegando a su fin.

Con el anuncio de renegociar la deuda, Maduro solo busca ganar tiempo para justificar una cesación de pagos el próximo año. Según expertos, el régimen intentará ganar, a toda costa, las elecciones presidenciales en 2018 y para esto necesita aumentar su capacidad para importar bienes básicos. Las supuestas negociaciones le servirán para argumentar que las sanciones gringas y la negativa de los inversionistas no le dejaron otro camino al gobierno. El default sería culpa de la “agresión imperial de Donald Trump”, afirman analistas.

En contexto: Cinco claves para entender la reestructuración de la deuda de Venezuela

Para otros, con el anuncio busca desvalorizar los bonos de deuda para poder recomprarlos y buscar una salida similar a la que realizó Ecuador. Y algunos consideran que Maduro ni siquiera quiere llegar a esto, pues un default convierte al país en un “paria” en los mercados financieros internacionales y el riesgo de demandas es demasiado alto. En lo que sí están de acuerdo es en que la renegociación le permite ganar tiempo importante.

Para estos últimos, el triunfo en las elecciones regionales de octubre al ganar 17 de las 22 Gobernaciones, así hubiera sido acudiendo al fraude y la coerción social, fortalecieron al gobierno. Incluso, por primera vez en mucho tiempo el régimen de Maduro tiene un interés concreto en adelantar las elecciones, pues percibe que puede ganarlas ante una oposición dividida y sin liderazgo.

No obstante, cualquier operación de refinanciamiento necesitaría la aprobación de la Asamblea Nacional, que no está bajo su control, y por tanto se ha visto obligado a sentarse a negociar. Según Michael Penfold, Ph. D. de la Universidad de Columbia, “el gobierno necesita legitimar su cuestionada reputación política internacionalmente para resolver su precaria viabilidad económica y financiera y así tener un mayor chance de prolongarse en el poder. Y la oposición, que se vuelca sobre este proceso en franca debilidad por sus absurdos conflictos internos, no tiene otra alternativa si quiere sobrevivir”.

La oposición busca que las elecciones presidenciales de 2018 tengan unas mejores condiciones electorales. Al menos que las desiguales de 2015 cuando ganaron el Parlamento. Sin embargo, las elecciones regionales mostraron un Maduro dispuesto a utilizar todo su poder institucional y su capacidad de condicionar el voto.

Quien no vota, no come

Es difícil que la empobrecida población venezolana pueda rebelarse. El Estado controla las redes de abastecimiento de alimentos y medicinas, y decide a qué comunidades entrega productos. Además, ha “perfeccionado” los sistemas de control social. Si antes votar por la “revolución” generaba premios, ahora no hacerlo produce castigos.

El chavismo, desde 2004 al menos, ha incorporado las estructuras institucionales al manejo electoral. Obras se prometían o se reactivaban mientras Hugo Chávez y los suyos buscaban votos. También, ampliaba la capacidad de atención de las “misiones”, usaba recursos públicos para apoyar candidaturas, y amenazaba con despidos del sector público a quienes no apoyaran la opción chavista. Además, lanzaba el acoso violento de grupos paramilitares para marcar por la tarjeta del Partido Socialista.

Nada de eso ha cambiado. Al contrario, lo han perfeccionado y aumentado. En la elección de gobernadores del 15 de octubre, por una parte, el gobierno escogió a sus adversarios al inhabilitar a no pocos candidatos opositores en territorios donde la oposición tenía capacidad de triunfo. Por la otra, aplicó el método del “ratón loco” nicaragüense, al mover a electores de lugar de votación apenas horas antes de los comicios para confundir al electorado.

Por si fuera poco, el gobierno restringió aún más el acceso a los medios públicos de los candidatos alternativos y, como ya se está viendo en la campaña municipal en curso, llama a escoger a acólitos de Maduro en cadena nacional de radio y televisión.

También el hambre es una moneda de cambio. El que vota por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) recibe su “caja Clap”, alimentos importados por el Estado y repartidos según criterios de fidelidad política por medio del “carnet de la patria”, un registro de beneficiarios de programas sociales cuyos operadores se ubican a las afueras de los centros electorales y registran a los votantes que acuden al proceso.

Simple, quien no vote, no come. El conjunto de alimentos comprados al Estado cuesta entre 11.000 y 18.000 bolívares. Tan solo uno de los productos de esa caja, la harina de maíz, se consigue en mercados secundarios entre 17.000 y 23.000.

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Entre tanto, las calles permanecen frías. Reclamos sociales se producen a diario, pero los de índole política se acabaron. Algo lógico después de 4 meses de trifulcas que dejaron más de 120 muertos y una gran impunidad.

El pueblo venezolano se ha ido subyugando ante la certeza de que el gobierno está dispuesto a quitarle la comida y hasta a dispararle con tal de mantenerse en el poder. Por esto, si bien la economía parecería asfixiar a Maduro, a nivel ‘político’ ha conseguido darse un aire. No pareciera que la situación económica vaya a poner en jaque al gobierno, al menos por sí sola. Si bien muchos analistas consideran que la economía marcará el fin del régimen ‘bolivariano’ en Venezuela, no lo ven a corto plazo. Por ahora, toda esta situación afecta más a la gente que al gobierno, pues el pueblo va a pasar más hambre.

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