Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2016/07/02 10:53

Gobierno empieza a ganar batalla jurídica por venta de Isagén

El Consejo de Estado negó la suspensión del acto de venta de acciones, dentro de la demanda que interpuso el sindicato de la electrificadora.

Gobierno empieza a ganar batalla jurídica por venta de Isagén Foto: Archivo particular

El Gobierno empezó a ganar el litigio jurídico que se desató tras la venta de la participación accionaria de la Nación en Isagén, en la que un grupo de congresistas y los trabajadores sindicalizados de la empresa anhelan que el negocio sea declarado ilegal.

Le sugerimos leer: La contrivertida venta de Isagén

Todo gracias a la decisión del Consejo de Estado de negar la medida de suspensión provisional que solicitó el presidente del Sindicato de Trabajadores de Isagén (Sintraisagén) Óscar Vallejo, quien demandó la enajenación de las acciones de la firma que pertenecieron al Estado.

Luego de dos años de intentos fallidos por vender las acciones de la Nación en Isagén y tras la sufrida bendición que esta misma corporación judicial le dio al negocio a mediadios de septiembre del 2015, el Gobierno adelantó, en tiempo récord, ese trámite.

Le puede interesar: Consejo de Estado da luz verde a la venta de Isagén

Lo hizo a través de una subasta relámpago a la que solo se presentó un comprador, la canadiense Brookfield. Así, el 12 de enero de este año se concretó la transferencia del 57 % de acciones de la electrificadora a este fondo privado por 6,48 billones de pesos.

Además de las críticas que generaba la venta por lo que se creía era renunciar a una fuente de ingresos cuantiosa para la Nación, se sumaban señalamientos contra la compradora por los líos judiciales que enfrentaba en Sao Paulo (Brasil), debido a la supuesta participación de algunos de sus directivos en actos de corrupción que han estado en boca de los medios de comunicación en ese país.

Pero, a parte de las reservas que se generaron en torno a la idoneidad de Brookfield, también se sembró la desconfianza frente a la legalidad del trámite que tuvo lugar en la venta. Se pensaba que si se proponí la subasta como mecanismo para celebrar el negocio, el objetivo, necesariamente, era lograr que la Nación obtuviera réditos superiores al valor de las acciones en el mercado.

Como al final el proceso se hizo con un solo oferente, se pensó que el procedimiento utilizado para la enajenación de los títulos era ilegal. Un grupo de congresistas que, desde el inicio del proceso juzgó como inconveniente esta iniciativa, recogió todas estas salvedades y dudas sobre la validez del negocio, entablando una demanda que llegó a manos del Consejo de Estado.

Pero a esa iniciativa que lideraron los congresistas Claudia López, Antonio Navarro Wolf, Viviane Morales, Jorge Enrique Robledo, entre otros, se sumaron otras personalidades como el presidente del sindicato de la electrificadora, Óscar Vallejo, quien al demandar el acto de venta le pidió al Consejo de Estado suspender sus efectos.

Para él, era evidente la ilegalidad, debido a que solo un competidor había participado en la subasta. A su juicio, una venta en esas condiciones hacía que los beneficios esperados por el negocio no se conctetaran, en tanto el monto recibido por cada acción sería el mínimo propuesto por el vendedor.

Sin embargo, el presidente de Sintraisagén no pudo convencer a ese órgano judicial. El alto tribunal se negó a acceder a la imposición de esa medida cautelar argumentando que no se evidenciaba ninguna irregularidad protuberante en la celebración de ese negocio.

A juicio de la corporación judicial, el Gobierno podía adelantar la subasta aun con la presencia de un solo comprador, porque ofreció garantías y condiciones para que se presentaran otros oferentes.

Así las cosas, en criterio de la entidad, si se invitó a un número plural de eventuales participantes pero solo uno se mostró interesado en el negocio, ello no implica que las entidades demandadas no hayan garantizado los principios de pluralidad y competencia, pues es evidente que no se restringió la llegada de otros compradores.

No obstante, esta decisión no pone punto final a esta batalla jurídica. Todavía hay que esperar el fallo definitivo en el cual el Consejo de Estado emitirá el juicio final sobre la legalidad de la venta de la participación accionaria de la Nación en Isagén.

Podría interesarle: Minhacienda deberá rendir informe sobre venta de Isagén

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.