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| 9/18/1995 12:00:00 AM

VENTAS A PLAZO

Al proceso de enajenación de empresas del Estado le pasa lo mismo que a los motores viejos: se demora en arrancar.

POCOS PROCESOS HAN TEnido tantos preámbulos en Colombia como la privatización de Carbocol. Desde comienzos del año pasado -cuando se anunció oficialmente su venta- hasta hoy, han corrido aguas de todos los colores por los lados de uno de los negocios más grandes que están en la mira del Estado. Sin embargo, esta semana, el gobierno quiere darle el empujón final a la venta: los ministerios de Minas y Hacienda se reunirán para definir de una vez por todas los términos que permitan elegir la firma asesora del proceso.
La idea es dejar atrás un episodio que según funcionarios del Ministerio de Hacienda le costó ocho meses de retraso a la transacción: haber tenido que declarar desierta la licitación pues, en su concepto, "hubo imprecisiones en la presentación de los términos de referencia". Pero el hecho de que todos hayan manifestado interés por volver a participar significa que despierta los ojos de cualquier inversionista.
Con eso se pretende que Carbocol esté finalmente vendida en 1997. Además el gobierno quiere que las demoras en este proceso le sirvan para saber que no puede tener más retrasos en un plan sobre el cual descansa gran parte de la financiación del Salto Social: las privatizaciones. Hay 28 empresas que serán vendidas en los tres años que quedan de esta administración, con lo cual el Estado va a recaudar por lo menos 2 billones de pesos. Sólo en 1995 y 1996 pretende recibir 844.000 millones de pesos (ver cuadro).
Muchas de las privatizaciones están hasta ahora pendientes de la valoración y el estudio sobre la estrategia de venta, pues la idea del gobierno es hacer las cosas con calma pero bien hechas. En contra de esa opinión está la de otros que plantean la necesidad de acelerar el proceso por la urgencia de recursos. Mauricio Cárdenas, investigador de Fedesarrollo, dijo a SEMANA que "con el recorte en la reforma tributaria es probable que el gobierno tenga que acelerar un poco la venta de empresas". De hecho, entre el proyecto que el Gobierno presentó inicialmente y el de ahora hay una diferencia de 700.000 millones de pesos, que tendrán que conseguirse por otros lados.
El director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Clemente del Valle, plantea que "es muy difícil agilizar el proceso de privatizaciones y el gobierno no ha pensado en esa opción. Otra cosa es que nos hayamos dado cuenta de que no puede haber retrasos en el cronograma, y en eso estamos". Y es que en el primer año de mandato la administración Samper ha comprendido que salir de los activos del Estado es más difícil de lo que creía, pues para atraer inversionistas de las magnitudes que se necesitan las reglas de juego tienen que estar muy bien definidas.

¿Y COMO VAN?
Las mayores esperanzas están puestas en las empresas de los sectores eléctrico y minero, cuya venta dejaría 342 millones de dólares entre este año y el siguiente. Aparte de Carbocol, la otra 'mina de oro' del gobierno es Isagen, que tiene la quinta parte de los activos de generación. El gobierno ya contrató una asesoría con el consorcio conformado por las firmas de inversión Salomon Brothers, Cleymorth & Benson e Invercor para buscar la manera de vender los activos de generación y a la vez fortalecer al sector eléctrico. El problema es que aún no se sabe si es mejor vender toda la generación en un solo paquete o individualmente, pero eso quedará definido de aquí a octubre.
Si por los lados de la energía las cifras son ambiciosas, por los del sector financiero no lo son menos. En lo que resta del año el Ejecutivo aspira a recaudar 300 millones de dólares por la venta del Banco Popular, luego de que el consejo de ministros le diera el visto bueno, y en cuanto al BCH, el gobierno decidió modernizarlo con miras a su privatización, aunque reconoce que ha habido demoras. Otro paquete importante está en manos del Instituto de Fomento Industrial, y es el conformado por Cerromatoso, Monómeros y Propal. Ya se constituyó una fiducia con la participación del IFI en los dos primeros proyectos para pagarle al Estado una deuda que tiene, de manera que los recursos que resulten de la venta pasarán a la Nación. Ese proceso tomó algunos meses, pero la idea es contratar en los próximos días la banca de inversión que asesore la venta.
Las comunicaciones serán también una fuente importante de recursos, desde el momento en que se abra al sector privado el servicio de telefonía de larga distancia. "Estamos negociando una asesoría para saber cuál es el marco ideal para vender esos espacios. La discusión se centra en si es mejor limitar o no el número de participantes, porque los márgenes de ese negocio son muy bajos cuando hay muchos competidores", dijo Clemente del Valle.
Como la falta de recursos no toca sólo al gobierno nacional sino a los regionales, ha tomado fuerza la tendencia de convertir a las empresas de servicios públicos en sociedades por acciones. "En Colombia, si bien es dificil privatizar empresas municipales, sí es posible buscar su inscripción en bolsa para conseguir recursos", dijo Cárdenas.
Eso fue lo que hizo recientemente Empresas Públicas de Medellín -EPM-, que separó el negocio de las comunicaciones y decidió sacarlo a las bolsas de valores para conseguir recursos de inversión. Ahora el alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, presentó al Concejo de la ciudad un proyecto de acuerdo para hacer algo similar con la Empresa de Energía de Bogotá. La idea es dividir los negocios de distribución y generación para abrir el primero al capital privado. Sin embargo, antes de eso hay que sanearla financieramente.
Lo que quisiera el gobierno es que ese modelo fuera copiado por otras ciudades, lo que significaría un alivio para las finanzas municipales, las cuales se comen gran parte de los recursos del Estado. Si eso se logra y se avanza en procesos de venta como el de Carbocol, quedará descartada la opción de sacrificar inversiones importantes por cuenta de la ausencia de ingresos. Si no, todas las esperanzas estarán puestas en una reforma tributaria que ya fue recortada y que aún tiene un largo camino por recorrer antes de ser aprobada.
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