VERDADES DEL CELUMICO

Después de que hace unos meses el gobierno le otorgó una controvertida prórroga de 10 años a los concesionarios del servicio de telefonía celular, las concesiones celulares hanvuelto a ser noticia. La semana pasada el senador Eduardo Pizano denunció la presencia de un 'mico' en el proyecto que actualmente cursa en el Congreso para reformar la Ley 37 de 1993, la cual reglamenta el servicio de telefonía celular en el país. El supuesto 'mico' hace parte de un proyecto de ley que ya fue aprobado en forma unánime por la plenaria de la Cámara de Representantes y cuyo propósito principal es liberar los más de 150.000 millones de pesos que se han acumulado en el Fondo de Telefonía Celular para brindar soluciones de telefonía a algunas de las regiones más pobres y apartadas de Colombia. Lo curioso del caso es que la atención del país no se ha concentrado en los aspectos centrales del proyecto, cuyas bondades nadie discute, sino en un artículo del mismo que se refiere a la reversión de los activos de las empresas celulares al Estado al término de sus concesiones. El artículo 4 del proyecto presentado al Senado por los senadores María Cleofe Martínez, Samuel Moreno Rojas y Bernardo Guerra Serna establece que "en los contratos de concesión de servicios de Telefonía Móvil Celular, la reversión solo implicará que reviertan al Estado las frecuencias radioeléctricas asignadas". Según Pizano, esta escueta frase tiene gato _o mico_ encerrado. El senador afirma que este artículo "cambiaría las reglas de juego" del contrato firmado el 28 de marzo de 1994 entre el gobierno y los concesionarios del servicio de telefonía celular. Este contrato estipula que "al finalizar el término de la concesión, los elementos y bienes directamente afectados a la misma pasan a ser propiedad de la Nación". Para Pizano, estos bienes no se limitan a las frecuencias asignadas sino que incluirían además todos los equipos de transmisión que conforman las redes de los concesionarios. De prosperar el proyecto en el Senado, el parlamentario argumenta que se estaría privando al Estado de recursos por hasta 2.000 millones de dólares _valor que él estima tendrán las propiedades y equipos de las compañías de telefonía celular, hoy avaluados en 480 millones de dólares, al término de sus respectivas concesiones_ y beneficiando inmerecidamente a los concesionarios. Como es de esperarse, las empresas que prestan el servicio de telefonía celular no comparten la posición del senador Pizano. Según Peter H. Burrowes, presidente de Comcel, el artículo 4 del proyecto de ley "no pretende cambiar las reglas de juego sino aclarar las ambigüedades de la Ley 37 en cuanto a la reversión de activos". De no haber esta claridad, en palabras de Burrowes, "al término de la concesión el Estado se podría quedar hasta con mi bolígrafo". Además, afirma el ejecutivo, la modificación es coherente con las concesiones en el sector de telecomunicaciones posteriores a la Ley 37, incluidas las de trunking, emisoras FM, telefonía de larga distancia y televisión, las cuales han sido explícitas en que solamente estará sujeto a reversión el espectro electromagnético. Finalmente, argumenta Burrowes, a diferencia del petróleo, donde el bien objeto de la concesión se agota y por ende se hace más lógico que haya una compensación al Estado en la forma de una reversión de activos, en el caso de las telecomunicaciones el bien otorgado en concesión por el gobierno _el espectro electromagnético_ permanece intacto. Lo cierto es que los argumentos de ambas partes contienen elementos válidos. Pizano tiene razón en argumentar que se están haciendo modificaciones a un contrato que, a pesar de sus ambigüedades, los concesionarios leyeron, tuvieron la oportunidad de modificar y finalmente firmaron. El hecho de que los empresarios quieran cambiar parte del contrato a estas alturas llama la atención. Especialmente si de lo que se trata es de que haya estabilidad en las reglas de juego en materia económica. Además, para Pizano, al igual que en el caso de la British Petroleum, se está creando un precedente peligroso de modificar contratos a través de la ley, el cual se puede volver en contra de los empresarios en cualquier momento. No obstante, las empresas de telefonía celular tienen razón en argumentar que la ley y el contrato actuales no son claros en cuanto al tema de la reversión y podrían llevar a excesos de parte del gobierno. ¿Qué bienes se incluyen entre los 'directamente afectados a la concesión'? Solamente las frecuencias, o también la infraestructura de transmisión, e incluso los edificios, vehículos, computadores y hasta lapiceros. Además, no existe ninguna razón de fondo _aparte del contrato firmado_ para que en términos de reversión la telefonía celular sea diferente al trunking, la televisión o la telefonía de larga distancia. Lo que sí es claro es que el esquema actual de reversión, al menos en lo que se refiere a telefonía celular, deja mucho que desear. Además de que la ley no es clara, tampoco es práctica. Los concesionarios podrían fácilmente transferir sus activos a otras compañías filiales o utilizar esquemas de leasing para evadir las normas de reversión. Por otra parte, el esquema de reversión puede atentar contra el objetivo del gobierno de estimular la inversión privada en infraestructura, un sector que permanece muy rezagado en el país. En estas condiciones quién va a aumentar las inversiones en un negocio cuando se acerca el plazo de entrega del mismo al gobierno. Conclusión: aquí hay dos criterios encontrados. Los términos originales del contrato en cuanto a reversión se refiere no son ni claros, ni lógicos, ni aplicables. Sin embargo esas eran las reglas del juego. Y algunos, como el senador Pizano, consideran que el respeto a las reglas del juego es a veces más importante que la perfección de las mismas.