“Propuesta indecente”

Cabe anotar que a la propuesta de plan de desmonte, había que adicionarle los activos que se tienen en el proceso de intervención del Fondo Premium –correspondientes a las empresas Valores Incorporados y Rentafolio Bursátil– y que alcanzan aproximadamente los 80.000 millones de pesos. Es decir, en total se estaría hablando de unos 144.000 millones de pesos para repartir entre las víctimas, lo que corresponde al 45 por ciento de la deuda.

Los argumentos de los inversionistas y sus abogados para rechazar la oferta fueron muy claros. No aceptan perder el dinero que invirtieron y que confiaron en un fondo cuya cara era InterBolsa. Si se repartiera esta suma, alcanzaría a cubrir a los más pequeños inversionistas y quienes depositaron cantidades más altas, llevarían la peor parte.

Por ello señalaron que es preferible continuar con el proceso de liquidación que viene adelantando el agente Alejandro Revollo quien ha embargado bienes de los tres implicados por cerca de 253.000 millones de pesos. Como quien dice, con esta fórmula hay más plata para repartir que con el plan de desmonte propuesto. Todos saben que en cualquier caso hay que adelantar un proceso de venta de activos que se tomará su tiempo.

Con la oferta, Maldonado, Ortiz y Jaramillo buscaban un beneficio en el proceso penal que por captación masiva y habitual, presuntamente les adelantará la Fiscalía General. Este delito da entre diez y 20 años de cárcel. Muchos de los inversionistas asistentes a la asamblea afirmaron que aceptar la propuesta era favorecerlos, cuando ellos son los grandes responsables.

Frente a la asamblea del pasado jueves, Revollo aclaró que todo plan de desmonte requiere la aprobación del 75 por ciento de los afectados por la captación, situación que no se alcanzó. Sin embargo, la norma también precisa que al asistir menos de este porcentaje se entiende que el plan de desmonte presentado por los intervenidos no fue aprobado.

Concluida esta etapa, queda el interrogante de cuál será la estrategia que sigan los abogados de estas tres personas. Aunque este es un proceso en el que la ley señala que hay responsabilidad solidaria e ilimitada, es decir que cada uno tiene que responder por el total de la deuda, todo indica que ninguno dará su brazo a torcer. 

Está por verse si ante la acción penal de la Fiscalía, Víctor Maldonado, Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, resuelven poner más plata para resarcir a sus víctimas. Como dijo un inversionista, ahora se verá qué pesa más para ellos, si la libertad o el dinero.