Viviendo a ras

El Ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, presentó esta semana el presupuesto de 2009 que bautizó como el de la “sostenibilidad de la inversión en medio de la crisis”. Para el Ministro, el gobierno tiene cómo financiar los 148,3 billones de pesos que valen los gastos y las inversiones de 2010.

Si bien Zuluaga se muestra relativamente tranquilo, los mensajes que vienen de otras partes del gobierno dan luces sobre las angustias de plata que está sufriendo el país.
Primero, el presidente Álvaro Uribe se mostró preocupado por la eventualidad de que Isagén, la generadora que está vendiendo y de la que espera al menos tres billones de pesos para este año, no pueda ser privatizada antes de diciembre, y se apresuró a ofrecérsela a EPM.

Esa privatización está embolatada porque no se ha podido ponerle un precio a la compañía debido a varias contingencias multimillonarias como un contrato con Hidromiel. Si la compra EPM, otra empresa pública, se evitaría un engorroso proceso de privatización y agilizaría la venta.

Este no fue el único caso. El primer mandatario aclaró que no quiere vender el 10 por ciento de Ecopetrol (lo cual le es permitido por la ley), pero sí utilizar la participación del gobierno para apalancar construcción de infraestructura. Complementaba de esta manera el anuncio del ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, quien le informó al país que necesita 10 billones de pesos para sacar adelante importantísimos proyectos de infraestructura como la Autopista de las Américas y la doble calzada a Villavicencio.

Los anuncios del Ministro de Transporte, además de poner en claro que han pasado siete años y aún quedan demasiados retos en vías, puertos y ferrocarriles, revelan que el país no tiene la plata para financiar esas grandes obras. “Que el Ministro de Transporte esté buscando ahora plata, cuando la tuvo toda y no hizo nada, es realmente una vergüenza. Eso que está haciendo en el último año debió hacerlo en el primero o en el segundo”, explicó el ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes.

A pesar del buen crecimiento que se registró desde que Uribe llegó a la Presidencia, es claro que las cuentas fiscales salieron mal y ello pone sobre la mesa varias cuestiones acerca del manejo económico.

Para empezar, ¿qué se hizo toda la bonanza de los últimos años y a dónde fueron a parar los varios billones de más que se recaudaron cuando hubo ritmos elevados de crecimiento económico?

El Congreso le ha aprobado al gobierno seis presupuestos, en los que el aumento de los ingresos totales nunca estuvo por debajo del 13 por ciento, varios puntos por encima de la inflación. Así que plata sí hubo.

El precandidato presidencial Gustavo Petro dice que los recursos de la bonanza en Colombia se fueron básicamente a “financiar la guerra y sustentar el apoyo popular, que es lo que el presidente Uribe llama gasto social”.

El ex ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo asegura que lo más grave de todo es que “nos gastamos todo; todos los presupuestos de la administración Uribe fueron deficitarios. Así que no ahorramos nada. En Chile guardaron durante las vacas gordas en su fondo de estabilización del cobre, que llegó a tener 22.000 millones de dólares, y ahora están gastando, para enfrentar la crisis”.

Así que hay dos conclusiones: sobraron recursos y el gobierno, por distintas razones, los ha gastado; por eso, no creó un colchón suficiente para enfrentar la crisis actual.

Muchas necesidades
El otro asunto clave es que las presiones de gasto van a seguir, pues Colombia es un país lleno de necesidades por satisfacer. Prueba de ello es la agresiva política de subsidios a través del programa Familias en Acción, que este año llegó a 1,7 millones de familias y que el próximo año tendrá dos billones de pesos para llegar a 2,6 millones de familias. Más allá del debate político sobre la naturaleza de los subsidios, es claro que esta política reconoce la pobreza y la miseria en que viven millones de colombianos.
Así que los gastos adicionales no son sólo de seguridad. Una misión de expertos está a punto de revelar los resultados acerca de la pobreza en Colombia. Todo indica que el panorama no es halagüeño: la miseria habría aumentado en los últimos años por cuenta de la recesión y el elevado desempleo.

Hommes pone el dedo en la llaga a este respecto: “El problema del empleo es el más grave que tiene el país. Las gabelas a la inversión han hecho que muchas compañías se modernicen y tecnifiquen, pero que salgan de la gente poco calificada a la que terminan botando del mercado. Es un problema serio, pues tenemos un mercado dual de gente preparada y altas calificaciones que no tiene problemas; el resto se va a la informalidad. Eso hay que cuestionarlo”.

Estas mayores necesidades sociales aumentarán las presiones de gastos para los años venideros, pues así lo exige la consolidación de los programas sociales como Familias en Acción. De hecho, el próximo año no se alcanzará la meta de tres millones de familias atendidas como lo presupuestaba el gobierno, justamente porque no hay la plata suficiente.

Otro reto es la estabilidad del sistema de salud. Petro cree que hay grandes amenazas en este frente; cada vez son más las presiones de gasto, pues hay muchos hospitales públicos que están recibiendo a quienes se están quedando por fuera del régimen contributivo. El presupuesto de Protección Social (pensiones y salud) que acaba de presentar el gobierno se lleva 29,5 billones de pesos, sólo superado por el servicio de la deuda, con 40,5 billones.

El decano de economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Salomón Kalmanovitz, dice: “Entiendo el desespero del Presidente. Primero el déficit proyectado para este año es con un crecimiento del 2,5 por ciento y si ya vamos perdiendo 0,6 del PIB la situación se hace crítica; es posible que perdamos 1 ó 2 puntos del PIB este año y el déficit de 2009 va a estar por encima del 4 por ciento. Y el de 2010, peor. Se cae el recaudo, el gasto es muy rígido y lo único que se puede mover es la inversión y la han reducido en plena recesión”.

Las razones de preocupación fiscal son importantes: está previsto que en los próximos cuatro años haya déficit primario, o sea que el país va a estar endeudándose para pagar deudas, lo que va a llevar el nivel de endeudamiento al 40 por ciento del PIB en 2014; un problema que deberá enfrentar el próximo gobierno.

El debate en torno del referendo y la posibilidad de una segunda reelección, así como las enormes tensiones con los vecinos, ha venido dejando en un segundo plano la discusión sobre el modelo uribista de crecimiento y financiación de la economía. Es un tema que debería ganar primeros lugares en la próxima discusión política. Por ahora, la experiencia demostró que no son suficientes la seguridad y la confianza inversionista para blindar la economía.