VUELVA Y JUEGA

LA FIGURA DE LAS ZONAS francas no es nada nueva para los colombianos. Estas han existido en el país desde principios de la década de los 50, pero la verdad es que su impacto económico nunca ha sido el que se pretendió. Convertidas en focos de contrabando, su organización fue modificada en 1985 por la Ley 109 de ese año y desarrollada por decreto en 1986 y en 1990,.Pero aun así, el esquema no ha despegado como verdadero motor de desarrollo.

Por eso el Gobierno nacional ha decidido jugarse otra carta dentro del marco de la apertura y acaba de expedir un nuevo estatuto de zonas francas, en desarrollo de las facultades extraordinarias que le otorgó la Ley de Comercio Exterior aprobada por el Congreso en la última legislatura. Este nuevo régimen contiene una serie de elementos que sin duda le darán un mayor dinamismo a este instrumento del comercio internacional colombiano.

Hasta ahora la gran división de las zonas francas en el país era entre las industriales y las comerciales y todas debían ser promovidas, operadas y controladas por el Estado, dada la naturaleza de establecimientos públicos que debían tener.

El nuevo régimen establece de entrada la posibilidad de que sea la empresa privada la que las promueva, desarrolle y opere en cualquier parte del territorio nacional siempre y cuando esa área esté delimitada geográficamente, no tenga una superficie inferior a 20 hectáreas y tenga aptitud para ser dotada de elementos de infraestructura básica, no esté siendo utilizada para las actividades industriales o de servicios para las que se está solicitando y, desde luego, que cuente con la aprobación del Ministerio de Comercio Exterior.

De otra parte, el decreto subdivide las zonas francas industriales entre aquellas dedicadas a la producción de bienes y las que se crean para prestar servicios. A su vez las de servicios son esencialmente de dos tipos: las turísticas y las tecnológicas. Las de servicios turísticos tienen por objeto primordial promover y desarrollar el turismo receptivo y subsidiariamente el turismo nacional. Esto permitirá delimitar áreas específicas para acometer desarrollos que comprenden no sólo grandes hoteles sino restaurantes, bares, almacenes y todos los demás servicios accesorios que requiere la llamada industria sin chimeneas.

Las de servicios tecnológicos por su parte, tienen por objeto la promoción de empresas de base tecnológica cuya producción se destine principalmente a los mercados externos. En este último caso, las zonas francas deberán contar con un mínimo de 10 empresas para poder obtener el permiso de operación.

Otra novedad que presenta el nuevo régimen tiene que ver con las clases de usuarios de las zonas francas. Dentro del marco del régimen anterior existían básicamente el Estado que era el encargado de establecer, promover, desarrollar y operar la zona y los industriales privados que se establecieran en ella y que eran los usuarios propiamente dichos. Ahora cada una de esas funciones podrá ser emprendida por distintos empresarios del sector privado y el estatuto contempla, en efecto, cuatro clases de usuarios: los operadores, los desarrolladores, los industriales de bienes y los industriales de servicios. De éstos, son quizá los operadores quienes van a desempeñar el papel más importante en la creación de estos nuevos polos económicos.

Por último, también se introducen cambios en materia tributaria. De una parte, los usuarios industriales sólo tendrán que pagar impuesto de renta y complementarios sobre la proporción de sus ingresos que correponda a ventas nacionales. Y en cuanto a la importación de bienes producidos en las zonas francas al país se reduce el tope máximo del 49 por ciento que existía y el arancel que se paga es el del producto final, pero para la liquidación sólo se tiene en cuenta el valor de los insumos importados.

Queda por ver si por fin se le atina al problema y con el nuevo esquema diseñado por el Gobierno arrancan por fin las zonas francas del país como un verdadero mecanismo generador de divisas.