Vuelve y juega: Consejo de Estado suspende venta de Isagén

La privatización de Isagén, la segunda generadora de energía del país, se convirtió en un calvario para el Gobierno. Por segunda vez en el último año se suspendió temporalmente su venta por un posible detrimento de los recursos de la nación.

La decisión la tomó la sección Cuarta del Consejo de Estado, que unificó las tres demandas presentadas en contra de la venta. El alto tribunal dictó medidas cautelares con el fin de suspender la privatización mientras toma medidas de fondo.

Esta es la segunda vez que el Consejo de Estado suspende la enajenación de Isagén. En marzo del año pasado tomó la decisión al admitir una demanda de nulidad. En ese momento siete compañías nacionales y extranjeras habían expresado su interés de participar en el proceso.

Y en agosto del año pasado el Ministerio de Hacienda decidió aplazar por un año la privatización con el argumento de que varios proponentes habían solicitado un plazo adicional, y en espera de la puesta en marcha de Hidrosogamoso. Esta central hidroeléctrica, en la que se invirtieron más de 4 billones de pesos y que generará 800 megavatios de energía, comenzó a operar en diciembre pasado.

La decisión de este jueves se adopta cuando se presenta en el país un fuerte debate porque notables dirigentes políticos y sociales están en contra de la privatización, y esgrimen varias razones para evidenciar su punto.

Una de ellas es que Colombia perdería su soberanía energética al quedar la empresa en manos de inversionistas extranjeros. Afirman que existe un alto riesgo de que suban las tarifas de energía para la población. Adicionalmente, sostienen que no es negocio vender una empresa rentable y que genera altas utilidades.

Ahora, con ponencia del magistrado de la sección cuarta Hugo Bastidas Bárcenas, el Consejo de Estado señala que se debe proteger el interés público. La decisión se da luego de que voces como las de Álvaro Uribe, Horacio Serpa, Antonio Navarro y Jorge Robledo manifestaran recientemente que se oponían a la venta de la empresa.

Junto a ellos un total de 80 senadores pidió al Gobierno que se abstuviera de concretar la venta. Asimismo el contralor general, Edagardo Maya, expresó sus reparos al proceso.

A pesar de tener tantas voces en contra el Gobierno está dispuesto a vender el 57,6 por ciento de las acciones que tiene en la energética, porque necesita conseguir más de cinco billones de pesos para financiar una parte de la cuarta generación de concesiones viales. Este es el programa de infraestructura más ambicioso del país, que demandará recursos por cerca de 50 billones de pesos.

La venta estaba programada para el próximo 19 de mayo. Tres compañías extranjeras, GDF Suez, de Francia, Colbún, de Chile, y Brookfield, de Canadá, presentaron las garantías de seriedad para participar en la subasta.

Pero, con la decisión, el proceso queda nuevamente en suspenso.