¿Y cómo voy yo ahí?

El sábado pasado, el propio presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, se vio en aprietos para comprender el enredo en que quedó el gobierno nacional, ante las cifras reveladas por el censo. Ocurrió durante el consejo comunal en el que fue divulgada la primera oleada de datos del conteo poblacional que desarrolló el año pasado el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Cuando preguntó por Barranquilla, esperaba que el censo arrojara que eran muchos más los habitantes. Eran menos, muchos menos.

Los números revelaron algo que puso a temblar a alcaldes y gobernadores y a sacar cuentas al Departamento Nacional de Planeación (DNP): algunas regiones pesan hoy más, en términos de población, que en el pasado, mientras que otras perdieron terreno y su número de habitantes representa un menor porcentaje frente al total de colombianos. Esto significa, hablando con franqueza, que la plata de las regiones está hoy mal distribuida: hay unas que reciben del gobierno más recursos de los que debieran, a costa de otras que han salido, literalmente, tumbadas por el esquema con el que se calcula cuánto se le debe girar a cada ciudad, municipio o departamento, pues está construido con unos supuestos desactualizados acerca del número de habitantes.

Así que desde ya muchos mandatarios locales deben estar haciendo cuentas: unos, porque si salen perdiendo, inevitablemente les van a quitar plata para llevarla a los sitios donde se necesita, y otros, porque quieren saber si merecen más dinero en sus presupuestos.

Y esa es la nuez del asunto. En el consejo comunal, varios ministros trataron de dar luces acerca de la salida que se debe adoptar, pues evidentemente el tema es de altísima sensibilidad política y social.

Una primera mirada a las cifras muestra cosas interesantes. Por ejemplo, que en Bogotá hay 400.000 habitantes menos de los que se esperaba; en Cali, 300.000, y en Barranquilla, 200.000. De otro lado, Medellín tiene 130.000 más de los proyectados y lo mismo ocurrió en ciudades como Soledad (Atlántico) y Soacha (Cundinamarca). Esto muestra un claro movimiento poblacional.

Sin embargo, esta no es la cifra importante. Lo que preocupa a algunos es que hay regiones que ganaron peso específico y esto revuelve todo el ajedrez de cifras con el que se calcula cuánto llega a cada rincón del país para hacer obras públicas o ampliar la cobertura en salud. Por ejemplo, a pesar de que quienes viven en Bogotá, según el censo, son menos de lo que se esperaba, los habitantes de la capital pasaron de representar el 15 por ciento del total nacional, al 16 por ciento. Esto podría servir de argumento para que, por ejemplo, los bogotanos pidan más recursos, pues es obvio que desde hace tiempo vienen atendiendo un mayor porcentaje de colombianos.

Y hay datos más reveladores, si se tiene en cuenta que sólo 10 departamentos, entre los que están Antioquia, Cundinamarca y Santander, se quedaron con una mayor tajada de población. En cambio, los otros 23 perdieron terreno. Y esa es la balanza que tiene que empezar a calibrar ahora el gobierno.

Todo por la plata

El asunto no es exclusivamente técnico, porque los recursos públicos son el principal nervio de la política local y las transferencias, la mayor porción de los presupuestos regionales.

Por ejemplo, ¿cómo va a hacer el gobierno si encuentra que buena parte de los departamentos de la Costa Atlántica o el Eje Cafetero tiene una menor proporción y, en consecuencia, debería contar con menos recursos de los que hoy tienen? ¿O cuál será la respuesta si Antioquia, Cundinamarca y Bogotá encuentran que merecen una mayor tajada?

La directora del Departamento Nacional de Planeación, Carolina Rentería, explicó a SEMANA, que aún es muy pronto para sacar conclusiones acerca de quién gana y quién pierde, pues el gobierno sólo contó con las cifras definitivas hace pocos días y faltan aún algunos datos del censo.

Sin embargo, reconoció que será necesario un ajuste, que inevitablemente terminará afectando las finanzas de unos a favor de las de otros, especialmente en municipios pequeños.

"Lo que tenemos que lograr es una gradualidad. Además, no necesariamente esto va a implicar que todos pierdan; en algunos casos sólo significará que sus recursos no van a crecer tanto como los de los demás", explicó Rentería, al mostrarse tranquila porque considera que el problema no tendrá mayor trascendencia.

Sin embargo, el monto de los recursos para las regiones es uno solo y no existe la posibilidad de tomar más plata de otro lado, porque la cuantía está definida por la misma Constitución. Una variación de un punto porcentual en el número de colombianos que viven en una región podría valer cientos de miles de millones pesos, recursos que le caerían bien a cualquiera.

Para este año, el monto de dinero girado por medio del Sistema General de Participaciones (SGP) supera los 15 billones de pesos. Así que, en términos generales, para resolver este problema, se deberá quitar plata de un lado para ponerla en otro. El asunto es hacerlo sin generar una excesiva sensibilidad entre los que se verían afectados.

Rentería explicó que hay otros criterios con los que se define cuánto se gira y a quiénes -como las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)- y éstos también condicionarán el monto de recursos que llegue a cada región.

El nuevo cálculo sólo afectará las transferencias del próximo año, porque las de 2006 ya tienen definida su fórmula y se están girando con esos supuestos.

La ministra de Educación, Cecilia María Vélez, explicó durante el consejo comunal, que en el caso de los recursos para los colegios y las escuelas públicas, no habrá tanto problema, porque hoy ya se transfieren los dineros sobre la base del número de niños que atiende cada ciudad.

Sin embargo, habrá dificultades con las partidas para los gastos de 'Propósito General', que son los que se van para construcción y adecuación de acueductos y alcantarillados, entre otros rubros.

El nuevo cálculo va a requerir pulso de cirujano, porque las cifras dejan en evidencia una situación injusta: hay ciudades y regiones que vienen atendiendo mayores necesidades de las que se les estaban reconociendo en los presupuestos. Así que habrá reclamos, no sólo de los que no quieren que les recorten, sino de aquellos que quieren que les suban sus transferencias, porque hasta el momento venían saliendo tumbados, por la fórmula que les aplicaban.

Una solución, según el ex ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, es aprovechar la discusión de la reforma a las transferencias para poner el tema sobre la mesa, porque hoy el 80 por ciento de los recursos que van a las regiones se asigna en función de la población.

"La idea es que esa porción de recursos esté lo más cercana a la realidad, porque es para atender gastos sociales que varían según la población, por ejemplo en número de educadores, servicios sanitarios, etc.", explicó.

La decisión final se deberá adoptar antes de que termine el año, cuando se calcula nuevamente la fórmula para repartir los recursos de las regiones. Y el afán tiene un sentido: el reclamo de quienes hoy atienden a más personas es completamente justo y es muy probable que estos municipios no se queden callados si ven que a pesar de las nuevas cifras, el esquema se mantiene. Es claro que si la respuesta a la pregunta de ¿cómo voy yo ahí? -el célebre CVYA-, se demora mucho, habrá protestas de las regiones afectadas y el tema se podría volver inimaginable para el gobierno. No hay que olvidar que el censo debe ser aprobado por el Congreso de la República, donde tienen representación todos los intereses regionales; así que si el problema se agranda, la polémica en el Legislativo estará candente.