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| 5/26/2002 12:00:00 AM

Ya casi

Tras la aprobación del Atpa en el Congreso estadounidense sólo falta un obstáculo por superar para que el acuerdo se convierta en una realidad.

El jueves pasado el Senado de Estados Unidos por fin aprobó el Tratado de Preferencias Arancelarias para los Países Andinos, conocido como el Atpa. Los empresarios colombianos llevaban meses esperando este momento, aunque todavía deberán hacerlo un poco más para poder cantar victoria. Ya se han surtido todos los debates

en el Congreso estadounidense pero el texto del acuerdo tiene que pasar por una conciliación entre Senado y Cámara antes de que pase a sanción presidencial. Y George W. Bush sólo firmaría el tratado si se le saca una especie de ?mico? que se le introdujo en el Senado.



La renovación del acuerdo ha sido una auténtica odisea para el gobierno y los empresarios colombianos. El asunto empezó a moverse en el Congreso estadounidense el año pasado cuando el senador Bob Graham presentó un proyecto para prolongar las preferencias arancelarias otorgadas hace 10 años bajo el Atpa original, que estaban a punto de vencerse.



Además de renovar el acuerdo la iniciativa proponía ampliarlo para cobijar productos nuevos, como atún, calzado, algunos productos de azúcar, petróleo y sus derivados. Este proyecto también buscaba beneficiar a las exportaciones colombianas de textiles y confecciones fabricados con insumos estadounidenses.



De otro lado, los representantes a la Cámara Phillip Crane y Bill Thomas presentaron en noviembre de 2001 un proyecto similar para renovar el Atpa y ampliarlo para incluir aún más productos de los que contemplaba la versión del Senado. Por ejemplo, se abrió la posibilidad de desgravar las confecciones colombianas hechas con insumos locales y no sólo aquellas basadas en materias primas estadounidenses.



La aspiración del gobierno y los industriales colombianos era que estos dos proyectos fueran aprobados antes del pasado 4 de diciembre de 2001, fecha en que se vencían las preferencias del Atpa original. Llegada esa fecha, sin embargo, la meta no se logró. La iniciativa legislativa se aprobó sin problemas en la Cámara de Representantes pero se quedó a mitad de camino en el Senado, donde hizo falta un debate en plenaria.



Los exportadores de los países andinos quedaron entonces en el limbo. Para aliviar la situación la administración Bush expidió una norma que eximía a los empresarios andinos cobijados por el antiguo Atpa de pagar aranceles por un tiempo limitado. La idea era que en los primeros meses de 2002 el Senado lo aprobara en forma retroactiva de manera que los exportadores no se vieran afectados.



Pero el pasado jueves 16 de mayo se venció la exención temporal otorgada por la administración Bush y el Senado seguía sin aprobar el Atpa. Los empresarios colombianos que se beneficiaban de las preferencias arancelarias tuvieron que volver a pagar aranceles.



Por fortuna la incertidumbre sólo duró una semana, pues el jueves pasado el Senado por fin aprobó el tratado en plenaria. No obstante, falta superar un último obstáculo antes de que las preferencias arancelarias sean una realidad. Como el Senado y la Cámara aprobaron versiones distintas del Atpa, el acuerdo ahora pasará a un comité de conciliación, de donde deberá salir el texto definitivo. Y todavía no se puede descartar del todo la posibilidad de que el tratado se enrede por cuenta de un asunto que tiene poco que ver con los países andinos.





El ?mico?



El texto del Atpa se incluyó en otro proyecto de orden comercial que también estaba a consideración del Senado: el llamado Trade Promotion Authority (TPA), que otorga facultades al presidente Bush para negociar acuerdos comerciales con otros países sin que el Congreso de su país pueda modificar después las condiciones pactadas. Sin estas facultades, también conocidas como Fast Track, el gobierno estadounidense difícilmente podría negociar nuevos tratados de comercio pues cualquier cosa que acordara podría ser reversada después por el Congreso. Por eso el TPA ha sido la primera prioridad de George W. Bush en materia de comercio.



El problema es que durante la discusión del TPA en el Senado los parlamentarios Larry Craig y Mark Dayton le metieron una especie de ?mico? a la ley. Este consiste en que el Congreso de Estados Unidos se reservará el derecho de meterles la mano a las normas antidumping que se negocien en los tratados de libre comercio.



Pero estas normas son precisamente la piedra en el zapato de las relaciones comerciales estadounidenses. Se trata de unas salvaguardias que permiten a los países subir los aranceles temporalmente para defenderse de la competencia externa desleal. El problema es que muchos países, especialmente desarrollados, tienden a usar la normas antidumping de una forma un tanto arbitraria, por lo cual terminan siendo un instrumento de proteccionismo disfrazado.



Si el Congreso se reserva la posibilidad de modificar las disposiciones antidumping de los tratados que negocie el gobierno estadounidense, este último no tendría la suficiente credibilidad para pactar nuevos acuerdos comerciales. Más aún en momentos en que el compromiso de Estados Unidos con el libre comercio ha sido muy cuestionado, precisamente por cuenta de las salvaguardias que, en contra de medio mundo, adoptó Bush para proteger la industria del acero.



Por eso Robert Zoellick, quien es la máxima autoridad en materia de comercio en el gobierno estadounidense, dijo que si se aprobaba el TPA con la reforma de Dayton y Craig recomendaría al presidente Bush vetar la ley. Como el articulado del Atpa está incluido dentro del proyecto del TPA se embolatarían también las preferencias de los países andinos.



Todo dependerá, entonces, de lo que ocurra con la conciliación de los textos que salieron de Senado y Cámara. La esperanza de los gobiernos de Estados Unidos y de los países andinos es que en esta conciliación se elimine el ?mico? de Dayton y Craig. Frente a la posibilidad de que esto se logre hay razones para el optimismo, pues la mayoría de los parlamentarios que participarán en la conciliación están en contra del artículo de marras.



Aunque no hay una fecha límite definida parece haber un consenso tácito entre los legisladores estadounidenses en el sentido de que hay que lograr la conciliación del TPA y, por consiguiente del Atpa, antes del próximo 4 de julio. El momento no podría ser más oportuno pues la recuperación que ha mostrado la economía estadounidense en 2002 no ha beneficiado todavía a los productores colombianos, que hoy más que nunca necesitan el impulso de las exenciones arancelarias para reactivar sus ventas externas.
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